Por Gen. Oscar Naranjo
El siglo XXI inició con un alto grado de optimismo frente a las perspectivas de desarrollo económico y social en el continente que llevó al Presidente del BID a describir este período como “la Década de América Latina” y plantear la necesidad de abordar las condiciones favorables presentes en la región como una gran oportunidad para ofrecer mayores niveles de bienestar a sus ciudadanos.
En efecto, durante los últimos años la mayoría de los países latinoamericanos ha crecido a ritmos acelerados, alcanzando en algunos casos incrementos en el PIB anual hasta del 10 por ciento. En muchos de ellos, además, se ha logrado que este crecimiento se vea acompañado por disminuciones de los índices de pobreza y pobreza extrema y el incremento en los índices de equidad a través de la redistribución de la riqueza y la generación de oportunidades para amplios sectores de la población a través de modelos de intervención social como la entrega de subsidios condicionados.
Sin embargo, las buenas noticias han venido acompañadas de nuevas preocupaciones por el impacto de otros factores sobre la tranquilidad de los ciudadanos. En efecto, sondeos de opinión como Latinobarómetro y LAPOP, que miden las tendencias regionales, consistentemente arrojan como resultado una sensación creciente de vulnerabilidad de parte de los individuos frente a lo que perciben como un riesgo cada vez mayor de convertirse en víctimas de las manifestaciones de la criminalidad y la violencia.
El análisis de la situación de seguridad ciudadana en América Latina es complejo, dado que ésta varía de un país a otro e incluso entre regiones al interior de un mismo Estado; en ocasiones existen diferencias entre la percepción y los índices objetivos de violencia y delincuencia y tanto las causas como las manifestaciones de este fenómeno resultan muy diversas. Pero sin duda, las demandas de la población por respuestas más efectivas de parte del Estado frente al derecho a su integridad han situado a la seguridad ciudadana en los primeros lugares de la agenda de la política pública de los gobiernos del hemisferio.
Avanzar en el logro de mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía implica comprender que sin la garantía de este derecho se pone en riesgo la democracia y se ven seriamente amenazadas las posibilidades de crecer en términos económicos y sociales. Un estudio reciente de Kevin Casas-Zamora publicado conjuntamente por el Brookings Institution y la OEA concluyó que entre más alto es el nivel percibido de inseguridad, mayor es la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y que la victimización y la percepción de inseguridad están inversamente relacionadas con el apoyo a la democracia.
Resulta urgente, por lo tanto, actuar de manera efectiva para atender las demandas de la población y no echar por la borda el enorme progreso que se ha logrado en términos de fortalecimiento de la democracia y de crecimiento económico en América Latina.
- Ello pasa por centrar la acción del Estado en las necesidades del ciudadano, en la construcción de espacios que faciliten la comunicación entre las autoridades y las comunidades y en el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- Pasa también por dignificar y profesionalizar a los responsables de las tareas relacionadas con la seguridad pública, la convivencia y la justicia; por desarrollar y fortalecer las capacidades de las instituciones y por instalar políticas de Estado, de largo plazo, en esta materia.
- Pasa, por último, por un compromiso efectivo de los gobiernos de cooperar los unos con los otros, intercambiar información y asegurar las fronteras, de forma tal que sus territorios no se conviertan en santuarios para los miembros de las organizaciones criminales.
En décadas anteriores, América Latina demostró estar en capacidad de desplegar sus mejores esfuerzos y superar grandes desafíos. Al final del siglo pasado fue posible recuperar la democracia y las libertades individuales en países que fueron gobernados por dictaduras militares y se recuperó la senda del crecimiento económico después de la crisis de la deuda de los años ochenta y la hiperinflación de los noventa. Tenemos ahora frente a nosotros el reto de devolver a los ciudadanos la posibilidad de convivir en paz y sin temor y también la responsabilidad de garantizar que será posible.
América Latina tiene características muy similares entre los países que lo conforman, sin duda todos han pasado casi por las mismas dificultades, independencias, guerras, dictaduras, procesos de transición democráticas.
Es en este proceso de transición democrática en donde repercute todas las dificultades actuales que conllevan a la mala administración de los estados, la corrupción, falta de seguridad, poca educación y concienciación de los pueblos, sin acceso a la salud, falta de oportunidades laborales. Todo esto lleva a una desigualdad social muy evidente cuyas consecuencias son similares en cada país, pobreza extrema, un pueblo sin educación, capacitación y aumento de la delincuencia.
Dar la asistencia condicionada es muy buena ya que le ayuda al afectado dar de su parte un compromiso de esfuerzo para que salga de esas condiciones de vida, y no simplemente que reciba asistencia hasta que se le termine y nuevamente necesite de otra. Pero como implementar eso en países donde la corrupción es más fuerte que la buena voluntad, países donde más les conviene tener un pueblo necesitado para utilizarlos en campañas políticas y tenerlos sumisos ante los abusos de poder, porque un pueblo satisfecho es aquel que tiene educación, trabajo, seguridad, salud, formación académica y bienestar social, esta clase de pueblos no admiten la corrupción y los abusos de autoridad, se dan cuenta y exigen sus derechos porque están preparados culturalmente a conocerlos y comprenderlos.
Existen países que no han tenido tantas dificultades y atraso en su proceso de transición democrática, Argentina, Brasil, Chile, pasaron de una dictadura con la idea firme hacia la democracia por que fue el pueblo que lo exigió, el pueblo que derrocó la dictadura y el pueblo que quiso una democracia.
La transición aquí en Paraguay es muy distinta, la dictadura terminó más bien por acuerdos bajo un supuesto golpe de estado, donde el dictador Stroessner a sólo días del supuesto golpe de estado, fue al exilio a disfrutar de toda su fortuna intacta, muchas personas nos preguntamos porque los archivos del terror del Operativo Cóndor descubiertos no fueron destruidos? siendo que estaban en poder de la policía, y si hubo un verdadero golpe de estado porque no fueron publicado a tiempo? siendo que la policía siempre puso de su existencia estaban guardados en una de sus dependencias, el grandioso y misterioso desaparición de toneladas de oro del banco central sin ser aclarado, la muerte del Periodista Leguizamón quien iva a publicar el vínculo del general golpista y posterior presidente Rodríguez con el narcotráfico, son cosas posteriores a la dictadura que son muy difíciles de comprender, sin hablar de los posteriores gobiernos que saquearon al país.
Paraguay pasa por una eterna transición democrática justamente por este detalle, el golpe de estado para derrocar la dictadura del Gral. Stroessner, no fue por que el pueblo lo aya exigido o levantado en contra a pesar que ya había fuertes manifestaciones populares también eran fuertemente reprimidas por el régimen, fue más por que ya se dieron cuenta que tarde o temprano terminaría, dada la suerte que corrieron los demas gobiernos dictatoriales de América Latina.
Esa cultura de no denunciar por temor o simplemente no meterse con la corrupción sigue hasta hoy día en paraguay, es el pensamiento de la mayoría de las personas, este país ahora cuenta con guerrillas que ya se habla de complicidad con policías corruptos por eso nunca son descubietos, corrupción extrema en la seguridad, todo esto a nadie le importa.
Que comisarías y oficiales utilicen sus influencia, recursos y poder, no respetando derechos constitucionales cometiendo atrocidades sin ninguna vergüenza ante toda una ciudad para salvarse de denuncias es el colmo, pero a nadie le interesa por que se sigue con la cultura del temor a denunciar, a pesar que la percepción a la inseguridad y la corrupción es total e indiscutible entre todos los ciudadanos de este país.
Que el propio ministro del interior haga declaraciones como ESTAMOS HARTOS DE AGENTES CORRUPTOS, demuestra la realidad en cuanto a corrupción y seguridad del paraguay.
http://www.abc.com.py/nacionales/hartos-de-agentes-corruptos-611574.html?desktop=true
Esta es otra de las promesas que siempre realisam comandantes dicen que serán implacables con agentes corruptos pero en verdad sólo hacen un sumario donde cambian a un policía corrupto involucrado en algún delito y lo llevan a otras dependencias policiales con total impunidad.
http://www.ultimahora.com/seran-implacables-policias-corruptos-n830505.html#
En este otro caso es la realidad que ya no va cambiar, los famosos policías trabajando como guardias privados, y si algún civil trata de denunciarlos serán salvajemente perseguido de las formas más inescrupulosas posibles.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/agentes-policiales-del-este-lucran-como-guardias-privados-y-custodios-159147.html?desktop=true
Esto es lo que ocurre en Paraguay en cuanto a seguridad, la policía nacional durante la dictadura servía más para persecusiones políticas con las represiones y torturas que cometían, ahora que ya no tienen ningún líder mucho menos un pueblo que los controle, denuncie o exija un buen servicio, han convertido a la institución policial en una institución privada de seguridad, donde cada agente realiza su propio negocio por distintas formas utilizando la investidura, recursos y poder de la institución.
Lo escrito aquí no son simples palabras, ni es necesario hacer mucho esfuerzo para comprobarlo, basta revisar las denuncias de medios periodísticos como lo expuesto arriba, y si encuentras a un paraguayo pregúntale como es la seguridad en este país la respuesta no será muy diferente a lo que he comentado.