Por Chris Sabatini
Desde hace tiempo los expertos en desarrollo económico daban por sentado que existía una relación entre los niveles de desarrollo socioeconómico y la seguridad. Esto sigue así al tomar en cuenta el concepto más amplio de inclusión social. Los países ricos tienden a ser más socialmente inclusivos – y menos violentos.
Pero en América Latina, existen algunas inconsistencias. Hay países con un alto nivel relativo de desarrollo socioeconómico, pero que a la vez sufren de mucha violencia.
En nuestro Indice de Inclusión Social del Americas Quarterly medimos la inclusión social en términos amplios, es decir, los países tenían un alto puntaje en nuestro índice al tener buenas tasas de crecimiento, menos pobreza, más acceso a la educación y el empleo formal, y también respeto por los derechos civiles y humanos básicos. Estas variables, como es de esperarse, van asociadas a niveles más bajos de violencia, medidas en homicidios por 100.000 personas.
No obstante, cuando sumamos variables más amplias de inclusión social, y las comparamos individualmente y en el agregado a los niveles de violencia, encontramos que un buen vaticinador de la violencia en un país no es únicamente su nivel de desarrollo económico sino un marco más amplio que incluye derechos, actitudes y oportunidades.
Aquellos países que tuvieron los mayores puntajes de inclusión social, medidos por niveles de PIB, menores niveles de pobreza, y también acceso a la educación y empleo formal, y derechos políticos, civiles y humanos (Uruguay, Chile y los Estados Unidos) también tienen niveles más bajos de violencia, medido como tasa de homicidios. Y los países con las tasas de violencia más altas son también aquellos con el nivel más bajo de inclusión en la región: Guatemala, Honduras, y El Salvador. Ahí no hay sorpresas.
Pero una mirada más detenida del índice revela que las variables individuales que lo componen realmente importan. Los niveles de violencia en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama e incluso Costa Rica están muy atadas – de hecho de manera más estrecha que los índices generalizados de inclusión social – a medidas específicas de inclusión social, y en particular al respeto de los derechos de las mujeres (excepto Costa Rica) y de los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT).
Por ejemplo, El Salvador y Panamá ostentan buenos puntajes generales en inclusión social. Pero tienen algunos de los puntajes más bajos en los derechos de la comunidad LGBT, y sus tasas de violencia están a la par con sus vecinos cuya ubicación en el índice general de inclusión social es más baja. Esto es así también para los derechos de la mujer en Brasil, donde sus altas tasas de violencia no se condicen con su lugar relativamente elevado en el puntaje agregado de inclusión social, pero sí se encuentra más alineado con sus pares más violentos al tomar en cuenta los derechos de la mujer.
La relación entre la tasa de homicidios y el respeto por los derechos de las mujeres y de los LGBT no quiere decir que existe una relación directa de causa y efecto. La inseguridad y el crimen están estrechamente atados a un amplio rango de factores que incluyen la oportunidad económica y el desarrollo social, asi como los derechos.
Pero sí apunta a que la violencia en su caso más extremo (representado en el Indice de Inclusión Social de AQ por Brasil y Hondurás, que ranquan en los lugares 10 y 16 en los países más violentos en términos de tasas de homicidios, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito) puede estar muy arraigado en la violencia intra-social. Es decir, para derrotar la inseguridad y la violencia puede necesitarse más que una mano dura o incluso un crecimiento económico más alto y más oportunidades (una tarea de largo plazo, por cierto). También debería abordarse la violencia doméstica y los derechos inter-sociales, y más importante aún, cómo los gobiernos aseguran los derechos de sus ciudadanos.
¿Cómo lograrlo? En los derechos de la mujer, esto significa implementar leyes que protegen las mujeres de la violencia doméstica y sexual. Y es clave que los gobiernos entreguen información sobre sus niveles de violencia, algo que muchos no hacen. En el área de derechos LGBT, el Indice de Inclusión Social de AQ tomó en cuenta varias variables, incluyendo leyes que penalizan la discriminación por orientación sexual en el lugar del trabajo y la criminalización de las relaciones entre mismo sexo (incluyendo el matrimonio).
Asegurando un entorno legal y social que respeta estos derechos básicos es importante no solamente como fin en si mismo. Resulta importante también para alcanzar el objetivo regional de reducir la violencia. Y francamente, empiezan con arreglos legales básicos y fáciles (entregando información sobre la violencia sexual o prohibiendo la discriminación por orientación sexual). Esto permitirá construir sociedades más inclusivas y tolerantes, y de paso disminuir uno de los mayores frenos al crecimiento económico en muchos países: la inseguridad.
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