Los costos socioeconómicos del crimen y la violencia en El Salvador han sido objeto de estudio desde la década de los noventa. En los últimos años, estimaciones del costo monetario impuesto por el crimen y la violencia sugieren un impacto significativo entre 1/6 y 1/5 de la producción del país. Sin embargo, los efectos a nivel del tejido empresarial no han sido explorados a profundidad, y por ende hay preguntas importantes que permanecen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo afecta el crimen a las micro y pequeñas empresas?, ¿es esta una limitación importante para el crecimiento de estas empresas? Estas son algunas de las interrogantes que exploramos a continuación.
El Salvador: el costo del crimen para las micro y pequeñas empresas
La alta tasa de delincuencia en El Salvador (254 delitos por cada 100.000 habitantes en 2020, que incluye robos, extorsiones y otros crímenes) no solo causa una perturbación a la actividad económica, sino que el deterioro en el clima de negocios también afecta los planes de inversión, crecimiento, desarrollo empresarial. Los robos a mano armada y las extorsiones son comunes, y constituyen las principales fuentes de ingresos de las pandillas.
En la coyuntura actual, el impacto de la pandemia, expresado principalmente en las medidas de confinamiento implementadas, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente sus operaciones, por lo que se esperaba que la actividad delictiva dirigida hacia ellas disminuyera. Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que durante los meses de marzo a junio de 2020 las extorsiones, robos y hurtos disminuyeron en 55% en comparación con el mismo periodo en 2019 y en 49% en contraste con el 2018. Según la Fiscalía General de la República (FGR), durante la emergencia, la extorsión continuó, aunque un menor número de víctimas presentaron sus denuncias debido a las restricciones a la movilidad. A partir de julio, se observa que estos crímenes empiezan a retornar a niveles similares a los que se tenían en años previos. Desde principios del 2019, el único tipo de delito que ha mostrado una fuerte disminución son los homicidios, que ya se habían reducido a la mitad entre 2015 y 2018.
Las micro y pequeñas empresas (MYPE) representan el 98% del sector empresarial en el país, contribuyen con aproximadamente el 35% del PIB y emplean a aproximadamente un tercio de la fuerza laboral del país. Para comprender mejor los efectos del delito en estas unidades que forman la base de la pirámide económica, utilizamos la Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de 2017 y adoptamos un enfoque granular al calcular el costo del delito a nivel departamental. La muestra comprende 9.569 empresas, incluidos empresarios individuales, microempresas (1 a 10 empleados) y pequeñas empresas (11 a 50 empleados).
Los resultados muestran que el 10% de los encuestados indicaron ser víctimas de delitos en 2016. Las empresas a cargo de hombres (14%) eran más propensas a experimentar un acto delictivo que las de mujeres (7%). Entre las víctimas, el 70% eran microempresas y el tipo de delito más común fue la extorsión (49%), seguido del robo (30%).
El costo promedio anual debido a la delincuencia en 2016 para las MYPES encuestadas fue de US$325. Las pérdidas por delitos representaron el 58% de los costos totales por crímenes y el resto correspondió a inversión en medidas de seguridad.
Las pérdidas por delitos representaron una pérdida porcentual promedio del 26% de los costos operativos anuales para las empresas víctimas. El robo fue el tipo de delito que implicó una mayor pérdida entre estas (US$3,153 por año, en promedio), seguido de los hurtos con una pérdida promedio anual de US$3,142. Las MYPES que invirtieron en seguridad informaron que, del total de costos operativos, el 1% fueron asignados a seguridad (US$1,549 en promedio).
¿Qué muestran los datos de la Policía Nacional Civil?
Según datos de la PNC, los departamentos con mayores índices de criminalidad (delitos por 100,000 habitantes) en 2016 fueron San Salvador (298.5), La Libertad (292.5), Santa Ana (236.1) y Cuscatlán (222.4). Parece haber una pequeña correlación positiva entre los costos por crimen para las MYPES y las tasas de delincuencia de los departamentos donde operan. El siguiente gráfico muestra el número estimado de MYPE que opera en cada departamento, el costo mensual promedio que pagan por delitos (seguridad y pérdidas) y la tasa de criminalidad por cada 100,000 habitantes. Para las 373 MYPE de Cuscatlán, operar en este departamento implica destinar US$85 mensuales (en promedio) a la delincuencia. En contraste, Morazán tiene el costo mensual promedio más bajo (US$4).
Por otro lado, un subconjunto importante de empresas en la economía salvadoreña es el que está formado por empresas con un solo empleado. Estas representan el 37% de todas las MYPE y tienen costos por crimen relativamente altos que se derivan principalmente de las pérdidas por delitos, ya que no tienden a invertir tanto en medidas de seguridad. Curiosamente, los datos sugieren relaciones no lineales entre el tamaño de la empresa (medida por el número de empleados) y los costos delictivos que enfrenta. Como se muestra en la Figura 2, los costos totales del delito (como porcentaje de las ventas) son más altos para las empresas con 21 a 25 empleados, seguidas por las empresas con un solo empleado.
A través de este análisis estadístico también se reveló otro dato interesante, y es que cuando las empresas son lo suficientemente grandes; por ejemplo, de 21 a 25 empleados, aparentemente se convierten en un objetivo de extorsión más atractivo. Estas empresas tienen un costo total promedio del crimen de alrededor del 8% de sus ventas anuales, es decir, por cada dólar en ventas anuales, en promedio, gastan US$0.08 en delitos (seguridad o pérdidas por delitos).
Si bien se necesita más investigación, esto sugiere que la prevalencia del crimen podría proporcionar incentivos para que las empresas con 2 a 20 empleados permanezcan pequeñas y eviten volverse más visibles, lo cual ayudaría a explicar parte del enigma del bajo crecimiento y la baja inversión que ha consternado tanto a investigadores y gestores públicos en El Salvador. Es casi como la vulnerabilidad incrementase en torno a umbrales, empresas no tan grandes pero tampoco tan chicas, son las más afectadas.
Figura 2. Costo del delito por número de empleados.
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de la Encuesta Nacional de Micro y Pequeñas Empresas de 2017.
Es importante que en los futuros programas de apoyo al desarrollo de las MYPE se diseñen tomando en cuenta la evidencia estadística disponible, siendo unidades económicas tan importantes para la economía salvadoreña.
Para explorar más recomendaciones sobre seguridad ciudadana y justicia le invitamos a descargar la publicación BIDEconomics El Salvador: impulsando el crecimiento inclusivo y sostenible.
el documento es muy ilustrativo en situación y resultados, cuanto hay para trabajar, sigo pensando y cada vez mas convencido que la solución debe estar en el marco regional, Me preocupan las economías de alrededor. Y aquellos que no quieren modificar las practicas para poder generar condiciones para el crecimiento, gracias por el impulso.
Estimados Karla y Juan José,
Excelente artículo. Quisiera consultar si el estudio completo del que se deriva este artículo es público y donde se puede consultar éste.
Muchas gracias