La cantidad de dinero proveniente del delito que se lava en sociedades fantasma se sitúa entre 2 y el 5% del PIB mundial cada año. Eso son aproximadamente entre 800 billones y 2 trillones de dólares o, lo que es lo mismo, el equivalente al PIB de Brasil. El crimen internacional no tiene bandera pero mueve más dinero que muchas economías soberanas.
El dinero del delito distorsiona nuestras economías y nuestras sociedades a muchos niveles. Para los gobiernos, es una cuestión que abarca desde la transparencia fiscal y financiera a la prevención de que se utilicen vehículos corporativos para todo tipo de delitos. Para el sector privado que exige legalidad, es muy complejo identificar sus competidores son criminales que utilizan empresas para lavar activos de actividades ilegales. Como dicen los estudios de Carlo Gambetta sobre la mafia como organización criminal empresarial, a la larga no puedes competir con alguien que no necesita un crédito para financiarse.
Los beneficiarios detrás del crimen
En los últimos meses, se han aprobado en nuestra región dos declaraciones importantes en materia de transparencia e integridad. El primero es el documento Acción para el Crecimiento adoptado por el Diálogo Empresarial de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Lima. Casi al mismo tiempo y en la puerta de al lado, la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos aprobaba una declaración para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
Hay un tema en especial que contienen estos documentos: el de beneficiarios finales —o sea, las personas físicas o naturales que verdaderamente controlan una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación… —. En los casos de crímenes financieros, el beneficiario final es la persona que se esconde detrás de sociedades y estructuras pantalla en donde se “legaliza” el dinero proveniente de actividades ilícitas. Regular la información sobre los beneficiarios finales es una medida fundamental para incrementar los costos de ocultar el dinero del crimen.
La importancia del compromiso público y privado
La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los beneficiarios finales es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Los estándares más aceptados, los del Grupo de Acción Financiera y los de la OCDE de transparencia fiscal, requieren que los países establezcan criterios para definir adecuadamente a los beneficiarios finales y mecanismos para que las entidades responsables puedan acceder a esta información debidamente.
Justamente, ése es la decisión que tomaron los representantes del sector privado y de los gobiernos presentes en las cumbres de Lima. Por el lado político, los países suscriptores del Compromiso de Lima reconocieron la necesidad de implementar políticas para la identificación de los beneficiaros finales (ver recomendación 43). En el caso del Dialogo Empresarial, la recomendación del sector privado fue la necesidad de establecer políticas y mecanismos para identificar los beneficiarios finales (ver recomendaciones 13 y 28). Los registros de beneficiarios finales ya existen en muchos países de manera pública y gratuita, como en el Reino Unido, Dinamarca o Ucrania. Desde hace varios años, el G-8, el G-20 y el B-20 vienen abogando por la transparencia de los beneficiarios finales. Pero que en América Latina empiece a haber un fuerte compromiso público y privado en torno al tema no es como para pasar desapercibido.
Radiografía de América Latina: De acuerdo en el desacuerdo
En América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones legales varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países tienen espacios para mejorar su normativa y su cumplimiento.
El BID ha contribuido a este proceso ofreciendo aportes técnicos a la Cumbre de las Américas en este y otros temas de transparencia, así como al dialogo empresarial. Asimismo, hemos publicado un estudio donde analizamos concretamente qué puede hacer cada país de la región para fortalecer la identificación de beneficiarios finales. Este documento explica el concepto de beneficiario final, describe los estándares en la materia que deben seguir los países, y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones que recibieron los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global. Además, se analizan las definiciones de beneficiario final que están en uso en los 26 países e identificamos cuanto se diferencian de los estándares internacionales.
Que empresarios y gobiernos, casi simultáneamente, se comprometan a trabajar para lograr una reforma que involucra a ambos sectores no es sólo indicativo de cómo de urgente es la medida, sino que es la única esperanza de que una reforma así llegue a buen puerto. La experiencia nos ha enseñado que las reformas de transparencia requieren siempre de un acuerdo político para definir cuáles son las reglas de juego, y de un compromiso privado de jugar conforme a esas normas.
En la lucha contra el crimen, la transparencia mete a todos en el baile.
Puedes leer más sobre la regulación de beneficiarios finales en América Latina y el Caribe aquí:
Comprendo los grandes daños que causa esta situación a las economías, sin embargo hay un tema que se maneja en círculos de amigos, y es ¿cual es el impacto del dinero ilícito en las economías locales?, esto partiendo de que esta situación utiliza grandes cantidades de efectivo el cual se inyecta a la economía en áreas rurales, o en inmuebles locales. Ene esencia este dinero no se invierte en operaciones internacionales si no que una gran parte se usa en consumo local, lo que para áreas rurales sin acceso a oportunidades esto es de un alto impacto.
Hola Manuel,
Muchas gracias por interesarte por el blog.
De acuerdo contigo. Alli donde reina el efectivo, es mayor el riesgo. Sin embargo, es progresiva la regulacion y supervision de transacciones de bienes inmuebles que requiere identificacion del origen de los recursos y la consiguiente obligacion de reportar operaciones sospechosas por parte de notarios, escribanos y otros profesionales que intervengan en la transaccion.
Es ciertos que ello no ocurrira de la noche a la maniana en la mayoria de los paises, pero es la tendencia, en especial a partir de requerimientos de estandares internacionales que se aplican localmente.
Excelente trabajo
Es importante crear una conciencia de sensibiliazión en nuestro medio a fin de despertar el impacto de nuestras actitudes cunado pensamos en el beneficio propio. En este sentido, podríamos generar en un plazo largo evaluar el riesgo a futuro. de millones de hombres (varones y mujeres) sinempleo, y ancianos y sin pensiones; si estos ultimos no consumen para sobrevivir. las fuentes de trabajaron no serán necesarias y estos precerán siendo más jóvenes siendo más jovenes que los ancianos de ahora.
Estimado Roberto:
Excelente articulo y saludos desde Washington D.C.
Gracias a todos por vuestro interes.
Estimado Victor,
Es en efecto un gran desafio medir el impacto de la corrupcion.
Recientemente publicamos un estudio muy interesante del Profesor Ugo Panizza donde se analiza la correlacion entre indicadores de corrupcion y riesgo soberano. Resumiendo el resultado del estudio, se verifica que las jurisdicciones con indices mas bajos de control de corrupcion, tienen una calificacion de riesgo mas alta. Pueden consultar el trabajo aqui:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8562/El-uso-de-indicadores-de-corrupcion-en-las-calificaciones-soberanas.PDF?sequence=6