Por Robson Rodrigues
Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) van a cumplir su quinto año de existencia en Río de Janeiro. El balance de su labor es ligeramente positivo, si tomamos en cuenta su considerable aprobación por parte de la población y de los medios de comunicación. Un 75% de los habitantes de las favelas aprueban de las UPPs, según una encuesta del Instituto Fecha Favela.
A pesar de sus considerables problemas y críticas, es la iniciativa más importante en seguridad pública en el estado en los últimos años. Sin embargo, la informalidad de las UPPs podría debilitarlas como una herramienta de política pública, y poner a su sostenibilidad en duda.
Las UPPs significaron una recuperación histórica de territorio, que durante décadas fue dominado por grupos criminales fuertemente armados. Según el Departamento de Estado de Seguridad Pública (SESEG/RJ), en la actualidad hay 34 UPPs, con una fuerza de 8.591 policías, cubriendo 231 comunidades.
Las personas que vivían aterradas por el clima de guerra en esas comunidades finalmente comenzaron a recuperar la tranquilidad y la confianza para vivir una rutina normal.
Uno de los principales logros de la iniciativa fue la dramática caída en las tasas de homicidios intencionales, especialmente aquellas producidas por el enfrentamiento entre la policía y los grupos marginales. Y mientras existe un poco de efecto de desplazamiento, la tendencia hacia la baja es innegable.
A medida que avanza la llamada pacificación, comienza a salir a la luz realidades hasta ahora escondidas por un velo de miedo, desconfianza y prejuicios. En lugar de la violencia homicida, surgen otros flagelos y conflictos hasta ahora desconocidos por el Estado, incluyendo la violencia sexual y la doméstica.
Por un lado estos resultados han contribuido a la consolidación del Estado democrático de derecho. Por otra parte, ha puesto en descubierto la enorme deuda social pendiente en estas comunidades carentes de servicios. Pone de manifiesto la necesidad crítica de implementar un programa más amplio de inversiones sociales y económicas, realizadas de manera responsable y que rinda frutos sostenibles.
Estas realidades pueden ser crudas, pero es importante que tengan la máxima visibilidad. Esto le da a la policía las atribuciones y el respaldo para emprender acciones de prevención y de mediación de conflicto. De la misma forma, el Estado puede asumir un rol más proactivo, inclusivo y responsable en la entrega de servicios públicos. Como todos saben, el desafío de la violencia no puede ser resuelto por la acción policial a solas.
Para abordar los desafíos de seguridad de Río se necesita un acercamiento exhaustivo. Requiere la creación de lugares seguros para las comunidades, como aquellos promovidos por la mayoría de las UPPs. Pero también requiere del funcionamiento adecuado de las instituciones sociales y de bienestar para abordar las condiciones que permitieron el afianzamiento inicial de organizaciones criminales violentas.
De mantenerse la voluntad política y el respaldo de la sociedad civil, la meta de instalar 40 UPPs antes de finalizar 2014 parece alcanzable. Sin embargo, una política pública no puede ser sostenida en base a la buena voluntad únicamente. Se necesita una medida de transparencia y predictibilidad. Los residentes tienen que estar seguros que el programa seguirá más allá del 2014.
A pesar de sus éxitos, hay confusión sobre lo que son y lo que no son la UPPs. Las UPPs son unidades informales, carentes de un programa claro y formal. No tienen objetivos, metas, indicadores y sistemas de monitoreo definidos. Sin una mayor formalización, existe el riesgo que los UPPs se transformen en una ocupación de hecho. Y esto, en esencia, es el desafío que hoy enfrentan las UPPs.
La idea de una UPP con atribuciones poco definidas era parte del diseño original, que le otorgaba a la policía en terreno mucha discreción. Era un reconocimiento implícito que cada comunidad con una UPP representaba una realidad muy diferente. En este sentido, la UPP permitía una amplia gama de posibilidades para las acciones policiales — desde una táctica más siniestra de “mano dura” hasta acciones más cosméticas de “policía comunitaria”. Pero existe el riesgo que el mantenimiento de una buena imagen se convierte en un fin en si mismo.
Más aún, este modelo abierto vino con un costo. En vez de crear lazos más estrechos entre la policía y las comunidades, hay señales en algunas UPPs que los vecinos han optado por mantener su distancia. Por lo tanto, algunos policías se han sentido separados de la comunidad y no se les alentó a adoptar tácticas policiales de contacto cercano. La policía se ha hecho más defensiva, en vez de cooperativa. Todo esto socava la posibilidad de crear redes de protección local basadas en la solidaridad.
Ya las UPP no pueden seguir con un mandato vago y procedimientos operacionales poco claros. En las etapas iniciales esta manera de abordar el problema era positiva ya que permitió a todos los involucrados — policía, líderes comunitarios, autoridades, representantes del sector privado, entre otros — participar en la construcción de una dinámica de aprendizaje mútua. Pero ahora esto presenta un riesgo. Nuevas ideas y prácticas que no están consistentes con las aspiraciones originales de las UPPs ahora tienen el potencial de debilitarlas.
Por esta razón, el gran desafío a las UPPs es equilibrar las acciones policiales legítimas a la vez que se resguarda la proximidad con las comunidades. En un mínimo, el gobierno y la fuerza policial de Rio de Janeiro deben sistematizar lo que ya se ha aprendido. Tienen que construir un modelo balanceado para una UPP construída en un marco de principios democráticos. Si no hacen esto, el programa seguirá dependiendo de la intuición y de la buena suerte. Hay un peligro que algunos de los éxitos iniciales de las UPPs puedan convertirse en su mayor fracaso.
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