El sector agropecuario y pesquero de El Salvador ha sido objeto de importantes transformaciones en los últimos años, acompañadas por relevantes reformas de políticas públicas sectoriales. El reciente estudio, publicado en el marco de la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), examina cómo estas políticas han influido en el sector y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Apoyo al sector agropecuario
Entre 2018 y 2022, el Estimado de Apoyo Total (EAT) al sector agropecuario en El Salvador alcanzó un promedio de US$586 millones anuales, representando el 2,1% del PIB. Este nivel de apoyo se encuentra entre los más altos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, después de un pico de US$735 millones en 2019, el EAT comenzó a descender, situándose por debajo de los $500 millones en 2021-2022.
El Apoyo a Precios de Mercado (APM) representó la mayor parte del EAT, con un 92% del total. Este mecanismo, que implica transferencias indirectas a través de regulaciones comerciales, se redujo en 2022 debido a la consolidación de la reducción arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) y la eliminación temporánea de aranceles de importación para combatir la inflación.
Por otro lado, las transferencias presupuestarias a los productores, destinadas a la provisión de insumos y asistencia técnica, promediaron US$36 millones anuales, aumentando a US$92 millones en 2022. En este rubro destacó el Programa de Entrega de Paquetes Agrícolas, que canalizó el 27% de los apoyos hacia el cultivo de maíz blanco, un alimento esencial en la dieta salvadoreña.
Desafíos estructurales en la agricultura
El informe señala una serie de desafíos para la agricultura en El Salvador, como la caída en la superficie sembrada de cultivos estratégicos. La producción de café, históricamente uno de los productos de exportación más importantes, ha experimentado un fuerte retroceso debido a la crisis financiera del sector, la falta de inversión en renovación del parque cafetalero, el impacto de enfermedades como la roya, y a alteraciones climáticas.
Otros cultivos, como el arroz y el sorgo, han visto reducida su producción debido a la creciente competencia de productos importados. La implementación del DR-CAFTA eliminó progresivamente los aranceles de importación, siendo relevante especialmente para los pequeños productores que enfrentan mayores costos de producción.
En contraste, el sector azucarero ha mostrado una mejoría, impulsado por la demanda de exportaciones y el crecimiento del uso de la caña para la producción de bioetanol. También han crecido la ganadería y la producción avícola, aunque con desafíos en costos y acceso a insumos.
Impacto de las emisiones de GEI
Uno de los aspectos del estudio es la relación entre las políticas de apoyo y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El análisis muestra que los rubros más beneficiados por las transferencias del Estado no siempre coinciden con los sectores que generan mayores emisiones.
- La producción de carne y leche bovina representó el 71% de las emisiones agropecuarias, y recibió el 20% del apoyo directo.
- El maíz blanco, principal receptor de apoyos (29,5%), fue el tercer mayor generador de emisiones, con el 8,8% del total.
- La carne de pollo, con un 20,3% de los apoyos, generó solo el 1,3% de las emisiones.
Esto sugiere que, al igual que en otros países de la región, no existe una correlación directa entre los sectores más apoyados y los que más contribuyen a las emisiones de GEI.
¿Cuál es el camino hacia adelante?
Destacamos las siguientes recomendaciones para fortalecer el sector agropecuario de El Salvador:
- Redirigir inversiones hacia bienes públicos en lugar de bienes privados, para mejorar los ingresos agropecuarios. Se recomienda reducir gradualmente los subsidios directos y distorsionantes a los productores.
- Para mejorar la productividad del sector, se enfatiza la necesidad de fortalecer la investigación y transferencia tecnológica, especialmente para pequeños y medianos productores. Un ejemplo es el maíz, cuya última variedad desarrollada en El Salvador data de hace 25 años.
- En cuanto a la inserción internacional, se sugiere potenciar estrategias de diferenciación de productos (como el café) y acuerdos comerciales, asegurando que la apertura comercial contemple la protección de productores vulnerables y la seguridad alimentaria.
- El sector cafetalero podría dinamizarse mediante agroforestería, reducción de fertilizantes químicos y renovación de plantaciones, complementando estas acciones con la venta de créditos de carbono en mercados internacionales.
- Integrar la dimensión ambiental en las políticas agropecuarias, refinando metodologías para evaluar la relación entre apoyo estatal y emisiones de gases de efecto invernadero.
- Fortalecer la generación de información para la toma de decisiones. Se destaca en este ámbito la creación de la Oficina de Inteligencia y Análisis de Datos, pero aún persisten desafíos institucionales en monitoreo y evaluación.
La evolución de los apoyos muestra avances en términos de acceso a insumos y reducción de barreras comerciales, pero también revela la necesidad de repensar las estrategias de intervención para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector.
El camino hacia un sector agropecuario más competitivo y resiliente dependerá de la capacidad de adaptar las políticas públicas a los desafíos del siglo XXI, promoviendo un modelo que garantice la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.
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Créditos de imagen: Shutterstock
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