En las últimas dos décadas, la factura electrónica (FE), una innovadora solución creada en América Latina ha transformado significativamente las administraciones tributarias en todo el mundo. Desde que empezó en Chile en 2003, seguida por Brasil y México, esta transformación digital ha incrementado notablemente la transparencia, la recaudación tributaria y reducido la informalidad económica en numerosos países.
La difusión y perfeccionamiento de la factura electrónica en América Latina ha sido respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En los últimos 20 años, el BID ha proporcionado asistencia técnica y financiamiento para la implementación de la FE en 17 países de la región[1] y en todos los estados de Brasil, en coordinación con otros organismos internacionales, entre los que destaca el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
El ejemplo latinoamericano inspiró a otras economías en todos los continentes. Corea del Sur implementó la FE en 2011, e Italia la hizo obligatoria para todas las operaciones B2B (business to business) y B2G (business to government) en 2019. India la implementó e incluso Ruanda, con recursos limitados, desarrolló un sistema exitoso en colaboración con el sector privado.
Actualmente, casi 90 países alrededor del mundo están en proceso de implementar la FE, incluyendo la Unión Europea, que planea uniformizar su uso para el comercio intracomunitario en la próxima década.
¿Qué es la factura electrónica?
La factura electrónica registra de manera digital las transacciones económicas entre vendedor y comprador con intervención en tiempo real de la administración tributaria (AT), con esto permite:
- Trazabilidad y control: mejora la detección del incumplimiento y eleva la percepción de riesgo de los contribuyentes;
- Reducción de costos: elimina la necesidad del contribuyente de imprimir, almacenar y enviar documentos físicos de facturación; así como de la propia AT, que no precisa realizar notificaciones ni verificación de la información auto reportada por los contribuyentes;
- Fomento de formalidad: reduce los costos y simplifica el cumplimiento de los contribuyentes.
- Mejora de la fiscalización transversal: facilita el cruce de información con otros impuestos, como el impuesto a la renta y los impuestos selectivos al consumo.
El impacto de la factura electrónica en la recaudación e informalidad
La evidencia muestra que la FE ha mejorado la recaudación tributaria y ha contribuido a reducir la informalidad. De acuerdo con las evaluaciones de la publicación del BID y el CIAT de 2018, México tuvo un incremento en el monto de ingresos declarados del 14% en promedio en los tres años siguientes al uso obligatorio de la FE. En Uruguay se estimó un incremento de 3.7% de recaudación en el IVA y en impuesto a la renta de las empresas en 2017, cuando se generalizó la FE obligatoria.
En Perú, la obligación de adoptar la FE aumentó las ventas declaradas sujetas a impuestos en un 7% y las compras en un 5% en el primer año de su adopción. En El Salvador, la FE ha contribuido al aumento de la recaudación del IVA, el cual alcanzó 8.7% del PIB en 2023 comparado con 3.5% en 2017, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. En los estados de Brasil que adoptaron tempranamente la FE, con apoyo del programa PROFISCO del Banco, la FE contribuyó a incrementar la recaudación en un 12% y reducir la informalidad en un 2%.
Los beneficios de la FE han llevado a expandir su uso a otros ámbitos de recaudación, como la nómina electrónica para las contribuciones a la seguridad social y los registros del transporte de mercancías.
Más allá de la fiscalización: servicios públicos y transparencia
La enorme disponibilidad de datos facilitada por la FE ha permitido que las AT se transformen en prestadores de servicios digitales útiles tanto para la economía como para los contribuyentes. La información sobre los precios de los productos y servicios contenida en las FEs mejora la transparencia y dinamiza los mercados. Por ejemplo, el programa Menor Precio Brasil presente en 14 estados de Brasil, permite a los consumidores comparar en tiempo real los precios de productos cercanos, utilizando información de la FE.
Además, la experiencia pionera del Rio Grande do Sul, ha generado una metodología innovadora que utiliza datos de FE para establecer precios de referencia para compras públicas, aumentando la transparencia y eficiencia en el gasto gubernamental. Esta metodología se está extendiendo con éxito a otros estados del país.
La FE también ha dinamizado el acceso al crédito en el sector privado, especialmente entre pequeñas y medianas empresas (Pymes). Mediante el “factoring”[2], las Pymes en países como como Chile, Brasil, Perú y Uruguay pueden negociar sus FE validadas a terceros, mejorando su liquidez. En México, 46.6% de las Pymes han recurrido al factoraje en 2023.
En términos de política económica, la FE proporciona un monitoreo económico en tiempo real, detallando las transacciones por sectores y zonas geográficas. Esta capacidad facilita al gobierno la anticipación de tendencias económicas y la formulación de políticas micro y macroeconómicas, como muestra la publicación del BID.
Finalmente, el uso estratégico de datos generados por la FE fortalece la regulación y la defensa de la competencia, mejorando así la eficiencia y equidad al facilitar la detección temprana de abusos de poder de mercado o la colusión en precios por oligopolistas. Además, posibilita innovaciones tributarias como el IVA personalizado, que permite mitigar los impactos regresivos del IVA al devolver parte del impuesto pagado a segmentos vulnerables de la población, transformando así la política tributaria en una herramienta efectiva para la inclusión social. También es relevante considerar que el uso eficiente de esta voluminosa información requiere un esfuerzo significativo de la administración tributaria en análisis y almacenamiento de datos.
Un nuevo papel: la administración tributaría como una agencia de inteligencia económica
La AT moderna cuenta con la FE, que registra en detalle todas las transacciones económicas, y además tiene acceso a datos bancarios de los contribuyentes, tanto a nivel doméstico como también internacional. Esto es posible gracias al intercambio automático de información entre jurisdicciones, que ya incluye a 140 países. Esta cooperación internacional facilita a la AT obtener datos financieros precisos de otras jurisdicciones, incluyendo información sobre beneficiarios finales de empresas que operan localmente.
De acuerdo con un estudio sobre la AT del futuro que publicamos con el CIAT en 2024, la implementación efectiva de la FE y el acceso integral a información bancaria permiten a la AT trascender su rol tradicional. Ahora la AT no solo optimiza su función recaudadora, sino que también evoluciona hacia una agencia de inteligencia económica, capaz de analizar y anticipar tendencias económicas al conocer con precisión los flujos financieros y stocks patrimoniales de sus residentes.
La FE como motor de transformación digital: hacia una Administración Tributaria 3.0
Para aprovechar esta información generada por la FE y contribuir a una gestión tributaria más eficiente, es necesario reformar y fortalecer las AT.
El BID acompaña activamente a varios países de la región en este proceso de modernización, con el objetivo de alcanzar el modelo denominado AT 3.0, Este modelo se caracteriza por la utilización avanzada de datos y la automatización, lo que abarca la identidad digital, los puntos de contactos con los contribuyentes, la gestión de robots de datos bajo estándares internacionales, la gestión inteligente de reglas tributarias, desarrollo de nuevas habilidades técnicas en el personal, y actualización de marcos de gobernanza institucional adaptados a la era digital.
Construyendo la administración tributaria del futuro
Para alcanzar este potencial, tres cambios institucionales serán necesarios:
1. Redefinición del rol de la AT. Tradicionalmente, las AT han tenido tres funciones principales: la recaudación, fiscalización y el control, con la informática una tarea de apoyo. Con la FE, la tecnología adquiere un papel esencial. Esto exige perfiles profesionales especializados en ciencia de datos y una cultura operativa más flexible y adaptativa. El enfoque debe cambiar de auditorías ex post hacia acciones proactivas que promuevan el cumplimiento voluntario, facilitando declaraciones prellenadas y los registros contables digitales. Además, es fundamental una colaboración estrecha con el sector privado tecnológico, especialmente para proteger la seguridad informática y evitar brechas que comprometan el secreto tributario.
2. Adaptación de la estructura organizacional. Para utilizar los datos de manera inteligente, la AT deben centralizar la recolección masiva de información relevante en una sola entidad que integre datos aduaneros, contribuciones sociales, administraciones subnacionales, registros públicos e información financiera nacional e internacional, garantizando integralidad e interoperabilidad. Las demás entidades deben enfocarse en sus funciones institucionales específicas, mientras la AT asume la mayor parte de la gestión tributaria.
3. Protección institucional de los derechos del contribuyente. Es esencial fortalecer la privacidad, el debido proceso y la igualdad ante la ley para mantener la confianza social y del contribuyente. Esto requiere mecanismos efectivos para mantener la confianza de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo figuras externas como un ombudsman especializado o una comisión parlamentaria especializada que vigile y asegure el respeto a estos derechos fundamentales.
Una transformación continua
La FE, una innovación latinoamericana con alcance global, está revolucionando la gestión tributaria a nivel global, al mejorar la eficiencia recaudatoria, fomentar la transparencia y reducir la informalidad. Pero su alcance va mucho más allá del ámbito tributario: se ha convertido en el motor de una transformación institucional más amplia, permitiendo a las administraciones tributarias evolucionar hacia agencias inteligentes que aprovechan estratégicamente los datos para anticipar tendencias económicas y optimizar la gestión pública.
En este sentido, la digitalización impulsada por la FE posibilita que las AT participen en el desarrollo económico y social de los países, generando información valiosa para políticas públicas más efectivas. Ejemplos como el IVA personalizado o las declaraciones prellenadas muestran como estos avances pueden mejorar el cumplimiento tributario y la facilitación de servicios.
A medida que más países adoptan y perfeccionan el uso de esta herramienta digital, resulta esencial la colaboración continua con socios como el BID para garantizar que la FE siga siendo una herramienta robusta para promover el crecimiento económico, mayor transparencia institucional y equidad tributaria, en beneficio de toda la sociedad.
Para conocer más sobre el trabajo del BID con las administraciones tributarias, visita nuestra página sobre gestión fiscal.
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[1] Países con FE implementada: Brasil Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y México. Países implementando o por implementar la FE: Belice y Honduras.
[2] El factoring permite a las empresas, principalmente Pymes, obtener parte del dinero que le adeudan los clientes por facturas pendientes de pago y así lograr una nueva fuente de financiamiento. Dado que la FE, luego de un corto periodo, constituye un débito fiscal para el vendedor y un crédito para el comprador, se convalida por la AT como deuda comercial en firme por lo que el acreedor puede negociarla como activo financiero en un mercado secundario.
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