Chile sigue siendo uno de los países unitarios más centralizados dentro de la OCDE y entre los mercados emergentes. Tradicionalmente, los gobiernos regionales han sido administraciones desconcentradas del gobierno central, con ingresos propios prácticamente inexistentes. Los municipios también tienen una gama de responsabilidades más limitada que la típica a nivel internacional.
Los sucesivos gobiernos de diferentes colores políticos han sido reacios a descentralizar el gasto y especialmente las responsabilidades de ingresos, debido a las preocupaciones sobre la falta de capacidades subnacionales y el temor de que la autonomía financiera subnacional pueda socavar la robusta responsabilidad fiscal del país.
Sin embargo, las presiones para la descentralización política (especialmente a nivel regional de Chile) han ido en aumento, y se han aprobado leyes para permitir la elección popular de los gobiernos regionales.
A la luz de esta situación, recientemente publicamos un informe en el BID titulado Estrategia integral para una descentralización efectiva y fiscalmente responsable: evidencia de Chile, que recomienda algunas opciones para una descentralización gradual y fiscalmente responsable en Chile.
El informe argumenta que la descentralización política presionará a la descentralización fiscal, y que por lo tanto sería oportuno diseñar y comenzar a implementar pronto una estrategia para una devolución gradual de las responsabilidades adicionales de gasto e ingresos que proteja tanto la disciplina fiscal como la eficiencia en la prestación de servicios públicos a la población y promueva un desarrollo económico más equilibrado a nivel regional.
Recomendaciones para descentralización fiscal responsable en Chile
Las principales recomendaciones del informe pueden resumirse brevemente de la siguiente manera:
- La descentralización de las responsabilidades del gasto debe ser gradual y reflejar las capacidades administrativas de diferentes tipos de regiones y municipios. El gobierno central debe promover activamente el desarrollo de tales capacidades en todo el territorio nacional. La claridad sobre la asignación de las responsabilidades de gasto entre los diferentes niveles de gobierno es esencial para la responsabilidad política y la disciplina fiscal.
- Como lo demuestra la experiencia internacional, un grado de autonomía de ingresos es muy importante para la disciplina fiscal subnacional. El informe argumenta a favor de permitir que los gobiernos regionales impongan un recargo sobre el impuesto sobre la renta personal y explora otros posibles impuestos futuros para ellos. También hace sugerencias para fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales.
- La distribución vertical de las transferencias intergubernamentales tendrá que cambiar con el tiempo, para reflejar la evolución de la descentralización de las responsabilidades tanto de gasto como de ingresos. Las transferencias corrientes a los gobiernos regionales, entre condicional e incondicional también puede evolucionar con el tiempo, pero debe incluir desde el principio un componente de transferencias de igualación bien diseñadas. El informe hace sugerencias al respecto, basándose en experiencias internacionales exitosas con este tipo de transferencias. También analiza el sistema actual de transferencias a los gobiernos locales y propone algunas opciones de mejora.
- Las transferencias de capital son potencialmente un instrumento importante para promover un desarrollo territorial más equilibrado. El informe argumenta que el sistema actual (en particular, el diseño del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)) ha contribuido a la concentración excesiva de la actividad económica en el área de Santiago, con consecuencias adversas para la equidad interregional y la sostenibilidad ambiental. El informe analiza las opciones para la reforma en esta área.
- A medida que los gobiernos subnacionales asumen mayores responsabilidades para la inversión en infraestructuras regionales y locales, aumentarán las presiones para permitirles acceder a préstamos. El informe sostiene que tal endeudamiento solo debería permitirse cuando hayan adquirido una autonomía de ingresos adecuada y una capacidad de gestión financiera; y debe estar sujeto a reglas claramente especificadas y firmemente aplicadas, basadas en indicadores de su capacidad para pagar la deuda.
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