Una mejor información puede ayudar a América Latina y el Caribe a abordar los subsidios y fortalecer el sector energético.
Muchos gobiernos de América Latina y el Caribe utilizan subsidios energéticos como parte de sus esfuerzos contra la pobreza. A medida que los países comenzaron a ajustar sus presupuestos y reducir la deuda tras la pandemia, estos subsidios han sido objeto de escrutinio. No solo son costosos, sino que en gran medida tienden a beneficiar a personas que no los necesitan, mientras desalientan inversiones necesarias para modernizar el sector energético.
En los últimos cinco años, los gobiernos de América Latina y el Caribe han gastado un promedio de 43 mil millones de dólares anuales en subsidios energéticos, y algunos países han destinado casi el 3% de su PIB a estos subsidios, según cálculos internos del BID. Sin embargo, se estima que solo uno de cada cinco de esos dólares llegó a hogares realmente necesitados.
Para ayudar a los gobiernos a focalizar mejor los subsidios y apoyar reformas críticas en este ámbito, el BID ha desarrollado el laboratorio fiscal LAPEF, una metodología que aprovecha datos de encuestas de hogares, registros de finanzas públicas y otras fuentes administrativas para mejorar la focalización e informar decisiones de política pública.
Una mejor focalización de los subsidios energéticos podría mejorar la capacidad de los gobiernos para reducir distorsiones del mercado, aumentar la eficiencia y estimular la inversión en un sector vital para la competitividad y productividad nacional.
Focalización de subsidios energéticos con LAPEF
Desde 2022, LAPEF ha estado estudiando los subsidios energéticos en Brasil, Colombia y El Salvador para entender mejor quién se beneficia de ellos y medir los ahorros fiscales potenciales con una mejor focalización. La metodología se utilizó recientemente para apoyar una reforma de los subsidios energéticos en Argentina, como parte de un programa de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.
LAPEF ayuda a los gobiernos a entender mejor quién necesita los subsidios al combinar diferentes fuentes de información, ofreciendo una visión más holística de los posibles beneficiarios y estimando mejor su nivel de vulnerabilidad. La metodología también permite simular distintos niveles de subsidios y su impacto potencial en los balances fiscales y los niveles de pobreza.
Este tipo de información es crucial para países con restricciones presupuestarias que buscan asegurar que los recortes de gastos no recaigan sobre quienes menos pueden afrontarlos.
En el caso de Argentina, LAPEF ayudó al gobierno a determinar quiénes, entre los 22 millones de personas que recibían subsidios eléctricos, eran los más necesitados. Se descubrió que el 30% más rico de la población recibía el 43% de los subsidios eléctricos, mientras que el 30% más pobre recibía solo el 21%.
Para decidir quién debía seguir recibiendo los subsidios, las autoridades utilizaron criterios tanto de inclusión como de exclusión para medir el nivel de vulnerabilidad.
Ejemplos de criterios de inclusión incluyen recibir beneficios por desempleo o ganar menos del equivalente a dos salarios mínimos. Por otro lado, poseer un automóvil de menos de diez años o más de una propiedad descalificaba a una persona para recibir el subsidio. Esto redujo el número de beneficiarios más ricos, ahorrando al gobierno aproximadamente un punto del PIB.
Comprendiendo los compromisos de política con microsimulaciones
Como parte de su apoyo a la consolidación fiscal del país, el BID colaboró con el gobierno para desarrollar un modelo de impuestos y gastos de alta resolución. Utilizando microsimulaciones, se evaluó el nivel óptimo de subsidios energéticos para asegurar que la reforma protegiera a los hogares de bajos ingresos mientras permitía al gobierno lograr ahorros fiscales. Solo en 2023, Argentina gastó US$10 mil millones en subsidios energéticos.
Se presentaron a las autoridades varios escenarios de microsimulación, desde la eliminación total de los subsidios —que tendría el mayor impacto en la reducción del déficit pero también afectaría a los pobres— hasta otras alternativas que eliminaban el subsidio para quienes podían pagar, manteniendo el apoyo para los pobres y vulnerables.
Las microsimulaciones fueron un insumo clave que contribuyó a la reforma. Antes de la reforma, los hogares ricos tenían cubierto el 60% de sus costos energéticos mediante subsidios; después de la reforma, esta cifra cayó al 7%.
Los hogares más pobres vieron una disminución mucho menor, pasando del 94% al 74%. En general, el país logró un ahorro fiscal de más del 4% del PIB, y la ineficiencia del gasto cayó del 7.2% al 3.5% del PIB entre 2016 y 2024, de los cuales casi la mitad se debió a la reforma de los subsidios energéticos.
Reducción de distorsiones
Además de mejorar los balances fiscales, una mejor focalización de los subsidios también puede beneficiar al sector eléctrico.
A menudo introducidos con la intención de proteger a los más vulnerables, los subsidios tienden a distorsionar las señales de precios, desalentar la eficiencia energética, retrasar la adopción de nuevas tecnologías y reducir los incentivos para la inversión privada. Esto termina erosionando la viabilidad financiera del sector y atrapando a los países en sistemas energéticos obsoletos. Al asegurar que solo los más necesitados reciban el subsidio, los gobiernos ayudan a reducir las distorsiones que estos pueden generar.
Finalmente, una mejor focalización también ayuda a los gobiernos a mitigar el riesgo de rechazo popular ante la eliminación de subsidios y avanzar en las reformas. Un estudio en 11 países realizado por el BID reveló que la mayoría de las personas desconocen la existencia de subsidios energéticos y no apoyan su eliminación. Sin embargo, la encuesta mostró que comunicar los impactos de los subsidios aumentó la aceptación pública de las reformas.
Las reformas futuras podrían incluir la aplicación de tarifas de subsistencia, donde los gobiernos proporcionan una cantidad básica de energía a una tarifa subsidiada para proteger a la población más vulnerable y cobran tarifas más altas por un mayor consumo.
En resumen, LAPEF permite a los países tomar decisiones basadas en evidencia sobre reformas fiscales equitativas, asegurando que los escasos recursos públicos se utilicen de manera más eficiente y se dirijan a quienes más los necesitan.
Pablo Bachelet, especialista principal en comunicaciones del BID, también contribuyó a esta publicación.
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