En Parade Gardens, un vecindario pobre localizado en el centro de Kingston, varias esquinas tienen dueño y nombre: el de un hombre joven armado dispuesto a proteger su territorio a cualquier precio.
Estos jóvenes, por lo general hijos de madres solteras en situación de pobreza, viven hacinados y a menudo han sufrido maltratos físicos y psicológicos en la infancia. Muchos de ellos consumen estupefacientes de manera habitual (especialmente marihuana), tienen hijos siendo aún adolescentes y abandonan sus estudios para trabajar al servicio de pandillas locales donde obtienen el dinero y el reconocimiento que anhelan. Asimismo, son los principales autores y víctimas de crímenes violentos en el país.
Tal es el modo de vida de numerosos jóvenes en las comunidades urbanas marginadas en toda Jamaica. Frente a esta situación, con apoyo del BID, el gobierno de la isla ha venido realizando durante más de una década un programa de seguridad ciudadana en 15 comunidades en el área de Kingston. Esto con el ánimo de romper este círculo vicioso de crimen y violencia en que se encuentran atrapados tantos hombres y mujeres jóvenes.
Un componente clave del programa ha sido el suministro —a través de organizaciones no gubernamentales ya presentes en las comunidades— de un conjunto de servicios de prevención de violencia dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes adultos. Entre estos figuran formación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos; mentoría; capacitación laboral y habilidades para la vida diaria; actividades académicas de recuperación; programas de orientación para padres, y tratamiento y prevención del abuso de estupefacientes.
Papel protagónico
Para llegar a esta población joven, el proyecto tenía que superar un obstáculo fundamental: la falta de confianza en el gobierno debido a promesas fallidas en el pasado. Con el fin de superar este escollo, el gobierno decidió convertir a estas comunidades marginadas en sus principales aliadas, comenzando por acercarse a los líderes locales de las diferentes facciones políticas para evitar sospechas acerca de que el programa buscara beneficiar a un grupo en particular. Se contrató a algunos miembros de la comunidad para que operaran como enlace directo con los coordinadores de proyecto, se invitó a las propias comunidades y sus individuos a que eligieran los servicios más necesarios, y se alentó a los líderes civiles locales a convertirse en promotores de los programas. Estos representantes comunitarios contribuyeron luego a incorporar a los jóvenes vulnerables a las actividades de capacitación.
Asimismo, y con el propósito de mejorar las líneas de comunicación, en el marco de esta iniciativa se ayudó a las comunidades a establecer un sistema formal de gobernanza por medio de comités de acción comunitaria. Esto son responsables de la elaboración de planes de desarrollo y de seguridad para satisfacer las necesidades de la población local y ayudar en la solución de aspectos muy variados: desde el saneamiento y la recolección de basuras hasta la construcción de hogares para adultos mayores.
Este esquema ha fortalecido la confianza propia y la autosuficiencia de los residentes, lo que ha facilitado en gran medida la ejecución del proyecto y la prestación de servicios a los grupos destinatarios, de acuerdo con un informe de 2013 elaborado por la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID. Así por ejemplo, una intervención del programa en Parade Gardens donde prevalecían los problemas con las pandillas juveniles, ayudó a crear las condiciones para que las facciones rivales se sentaran a negociar para poner fin a una guerra de territorios. La comunidad también creó una organización sin fines de lucro capaz de recaudar dinero para financiar sus propios proyectos de desarrollo.
En el informe del BID se señala que la opción de contratar organizaciones no gubernamentales para canalizar los servicios también contribuyó a mejorar la ejecución, dado que estos colectivos ya disponían de profesionales preparados y de protocolos de intervención. Esto ha posibilitado un seguimiento ágil y personalizado de la población destinataria. De acuerdo con un estudio especial sobre el programa publicado por el BID con el título de Life Histories of at-risk Youth in Jamaica (Testimonios de jóvenes en situación de riesgo en Jamaica), no es extraño que los jóvenes participantes se refieran al personal del programa como miembros de su familia a quienes no quisieran decepcionar.
Medición de impacto
Según muestran las cifras de delincuencia obtenidas en las comunidades objeto de intervención, los homicidios y delitos violentos disminuyeron en más del 60% entre 2002 y 2008, cuando concluyó la primera fase del programa de seguridad ciudadana. Sin embargo, en otra evaluación realizada por el BID en 2010 se advertía de que este resultado no debe atribuirse necesariamente al proyecto, dadas las limitaciones en cuanto al volumen de datos y el tamaño de las muestras. Asimismo se concluía que el programa no tenía una incidencia significativa en los índices de violencia doméstica y deserción escolar, y sugería que algunos problemas son demasiado serios y arraigados como para ser superados incluso considerando los beneficiarios del programa. Por otro lado, la misma evaluación demostró que el programa ayudó a mejorar la disposición de las comunidades beneficiarias para reportar el crimen.
Jamaica comenzó a ejecutar la segunda fase de esta iniciativa en 2009, también con apoyo del BID. En esta etapa, el gobierno está ampliando los servicios de prevención de la delincuencia —que ahora se prestan a través de organizaciones de base— y reforzando la gobernanza en otras 28 comunidades. Asimismo, el gobierno ha introducido un programa de capacitación en el empleo en asociación con las fuerzas de defensa de Jamaica.
Principales enseñanzas
Las evaluaciones realizadas por el BID sobre el programa de seguridad ciudadana de Jamaica contienen valiosas lecciones para América Latina y el Caribe, especialmente en momentos en que los gobiernos están incrementando sus inversiones en iniciativas dirigidas a combatir la violencia. Según se estima en un estudio reciente, la violencia produce en promedio pérdidas equivalentes al 13% del PIB de la región.
Una primera enseñanza es que los países deben contar con sistemas de información sólidos y confiables que permitan medir el impacto de los programas y alimentar la toma de decisiones. Otra apunta hacia la necesidad de profundizar la investigación para comprender y cuantificar los elementos determinantes de la delincuencia y la violencia en la región con el propósito de elaborar y poner a prueba nuevas intervenciones.
Los logros obtenidos durante la primera fase del programa de seguridad ciudadana no se pueden subestimar, en particular si se toma en cuenta el modo en que se prestaron los servicios. Cabe notar que se trata de proyectos complejos por naturaleza, dado que implican la ejecución de distintos tipos de intervenciones dirigidas a un grupo heterogéneo de destinatarios. En tal sentido, queda aún mucho por aprender acerca de la mejor manera de ejecutar estas iniciativas de manera eficaz.
La principal lección de la experiencia de Jamaica es que involucrar a la comunidad en este tipo de intervenciones resulta fundamental para su ejecución y para asegurar su sostenibilidad. La participación de los líderes de base, así como las relaciones que establecen con los beneficiarios y el personal del programa, pueden contribuir a asegurar que los servicios más urgentes lleguen a quienes más los necesitan.
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Más recursos
Testimonios de jóvenes en situación de riesgo en Jamaica
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