Por Sergio Lacambra
El terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter que sacudió gran parte del territorio peruano en agosto de 2007 produjo pérdidas enormes: 7.000 familias sin vivienda o sin agua potable, 220.000 niños sin escuela, un transporte terrestre colapsado y la destrucción de infraestructuras.
Catástrofes naturales como esta no son incidentes aislados, especialmente en Perú, uno de los países de la Región más vulnerables a esos fenómenos. Entre 1970 y 2010, Perú registró 109 desastres entre sequías, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas, las cuales causaron 74.000 muertes y afectaron a alrededor de 18 millones de personas.
Además de su enorme impacto sobre la población, estos sucesos tienen un efecto devastador para la economía nacional. Así, dos de los episodios más graves del fenómeno de “El Niño” en 1982-1983 y 1987-1988 generaron pérdidas estimadas en casi US$6.800 millones.
La experiencia de Perú destaca la importancia de que los países adopten las medidas necesarias para afrontar los desastres naturales.
Un medio para reducir la vulnerabilidad es fortalecer la gobernanza y las instituciones, dado que la capacidad del país para abordar estos riesgos y responder a los desastres se relaciona directamente con ellas.
En un estudio de diagnóstico realizado por el BID en 2008 se concluyó que Perú tenía un marco normativo, institucional y presupuestario poco robusto que dificultaba la gestión estratégica y coordinada del riesgo de desastres.
En vista de ello, el Banco trabajó con el país otorgándole una serie de préstamos destinados a reformas de políticas para apoyar la formulación e implantación de un marco jurídico e institucional avanzado que permitiera mejorar la gestión de riesgos de desastres.
Dentro de este enfoque prospectivo del riesgo, las catástrofes se consideran más como un problema de mala planificación del desarrollo y no desde la óptica de la asistencia humanitaria.
En consecuencia, los organismos de respuesta deben aunar fuerzas con agentes clave en el ámbito del desarrollo, entre ellos los ministerios de Economía y Hacienda, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura, Salud y Educación.
Un efecto de la reforma respaldada por el BID fue la creación del Programa presupuestal 0068 para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Este logro sitúa a Perú a la vanguardia de la Región en este terreno, pues son pocos los países que cuentan con programas presupuestarios que hagan posible dar seguimiento al monto invertido en actividades de gestión del riesgo y evaluar sus beneficios.
En virtud de este cambio, la porción del presupuesto nacional asignada a la prevención y mitigación de desastres naturales registró un aumento del 1.200% entre 2011 y 2014.
Por otro lado, el programa permitió mejorar la gobernanza del país en lo que hace a la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, favoreciendo un aumento del índice de gobernabilidad y de políticas públicas en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) de Perú del 31 al 51%.
Considerando que en el ámbito local el cambio climático se refleja en un mayor riesgo de desastres naturales, las reformas respaldadas contribuyen a mejorar el marco nacional de adaptación al cambio climático.
Gracias a las políticas implantadas, Perú cuenta con la capacidad necesaria de adaptación al cambio climático y para su mitigación, reduciendo así los efectos adversos que estos puedan tener para la población y la economía nacional.
Esta historia forma parte de las evaluaciones de impacto del Panorama de la Efectividad en el Desarrollo, una publicación anual que resalta las lecciones y experiencias de los proyectos y evaluaciones del BID.
Acerca del autor:
Sergio Lacambra es especialista líder en manejo de riesgos en la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Manejo de Desastres Naturales del BID.
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