Colombia, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe, presenta altos niveles de desigualdad, tanto en términos de ingreso como territorial, que tiene implicaciones negativas para su crecimiento económico y la calidad de vida para la población.

Aunque la grave desigualdad de ingresos a nivel nacional requiere, entre otras medidas, políticas fiscales progresistas para generar una mayor equidad, enfrentar la desigualdad territorial presenta un gran desafío:  no contamos con medidas de desigualdad territorial a lo largo del tiempo que sean comparables a las que tenemos a nivel nacional, lo que limita un diagnóstico basado en evidencia que pueda apoyar el desarrollo de políticas efectivas.

Midiendo la desigualdad territorial en Colombia

Con el fin de comprender las desigualdades entre las diferentes regiones de Colombia y plantear políticas públicas para abordarlas, el BID lanzó un estudio en el que desarrolló un índice multidimensional de desigualdad territorial. Este índice mide siete factores determinantes en la vida de los colombianos, desde la niñez hasta la vejez, y proporciona una medida objetiva del fenómeno que se puede replicar en el tiempo. Los resultados permiten identificar cuatro grandes categorías en los diferentes departamentos de Colombia. Estas agrupaciones, que en conjunto podemos denominar las Colombias Múltiples (ver Figura 1) son:

1. La Colombia Consolidada: Los departamentos más prósperos, donde se ha consolidado un modelo económico robusto y diversificado.
2. La Colombia Emergente: Departamentos que, si bien están rezagados en algunas dimensiones, tienen las condiciones para consolidar mejoras en el bienestar de sus habitantes.
3. La Colombia en Transición: Departamentos que enfrentan importantes desafíos estructurales, pero capaces de mitigar parcialmente los choques sociales.
4. La Colombia Vulnerable: Departamentos donde confluyen múltiples factores que inhiben el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Los resultados muestran que las diferencias entre estas regiones son equivalentes a las disparidades entre países con una riqueza y un desarrollo muy diferentes. Hay regiones en Colombia con indicadores sociales y económicos equivalentes a los países de ingresos altos, otras zonas que se asemejan a los de ingresos medianos altos y medianos bajos, y otras con resultados similares a los de los países de ingresos bajos.

La cobertura de los servicios básicos de saneamiento, por ejemplo (Figura 2) es del 95% en la Colombia Consolidada, muy similar a la de los países de Paraguay (95%) y Armenia (94%). Pero eso está lejos de las tasas de cobertura de las otras tres Colombias: la Colombia en Transición (73%) y la Colombia Emergente (72%), que son similares a países como Pakistán (71%), Ruanda (74%) y Birmania (74%). En tanto, la cobertura de saneamiento en la Colombia Vulnerable (38%) es cercana a la de Kenia (37%) y Haití (38%).

Figura 1. Las Múltiples Colombias

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 2. Cobertura de saneamiento básico en las Múltiples Colombias 

Nota: Cada valor extremo en el gráfico corresponde al valor mínimo y máximo encontrado dentro de la muestra de países para cada indicador. Se utilizan los últimos datos disponibles para cada país.
Fuente: Elaboración propia a partir de Pulso Social Colombia y los Indicadores de Desarrollo Mundial-Banco Mundial, 2021.

Implicaciones de la desigualdad territorial

La desigualdad territorial tiene un costo: reduce significativamente la eficiencia económica y ralentiza la productividad en las regiones más vulnerables. La concentración de recursos en zonas favorecidas no solo limita el desarrollo de las regiones desfavorecidas; los mantiene en un estado donde la falta de oportunidades e inversión perpetúan un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Esta dinámica impacta negativamente la productividad y el crecimiento económico, obstaculizando el desarrollo inclusivo.

En efecto, los departamentos de la Colombia Vulnerable han mostrado una brecha negativa de un punto porcentual en el crecimiento del PIB real durante la última década en comparación con el promedio nacional. En contraste, los departamentos de la Colombia Consolidada muestran una brecha positiva, lo que refuerza su ventaja competitiva. Asimismo, los índices de competitividad departamental revelan disparidades significativas: mientras que los departamentos de la Colombia Vulnerable tienen un puntaje promedio de 3,1 sobre 10, los de la Colombia Consolidada  tienen casi el doble de este puntaje con un promedio de 6,4 sobre 10.

La movilidad social también se ve afectada negativamente por estas brechas. En comparación con otros países de la región, Colombia tiene una menor movilidad social, según lo revelan estudios que consideran tanto los años de educación como otros indicadores de riqueza. Esta falta de acceso a oportunidades equitativas, exacerbada por las desigualdades territoriales, perpetúa la pobreza a lo largo de generaciones, restringiendo las posibilidades de progreso socioeconómico y manteniendo estas disparidades a lo largo del tiempo.

Fortalecimiento del trabajo territorial

Es esencial contrarrestar las disparidades regionales. Desde el BID enfatizamos la importancia de diseñar políticas de desarrollo territorial basadas en evidencias que puedan responder a las necesidades específicas de las Múltiples Colombias. Estas políticas deben abordar las particularidades económicas, sociales y ambientales de cada región e integrarse en los planes nacionales de desarrollo.

El uso de índices de desigualdad multidimensional y medidas de movilidad social es un avance importante en este sentido. Estos instrumentos proporcionan una visión más completa y matizada que las métricas tradicionales y con cruciales para el diseño de estrategias efectivas para abordar las desigualdades de manera integral. Las estrategias para mejorar la calidad de la educación y los programas de transferencias monetarias, por ejemplo, serán efectivas en la medida en que consideren las realidades territoriales.

Además, es fundamental fortalecer a las entidades territoriales con programas que aumenten su capacidad de generar recursos propios y formular proyectos de inversión pública y apoyo social.  Este apoyo no sólo mejorará la eficacia de las políticas regionales, sino que también reducirá las desigualdades y ayudará a promover el desarrollo equitativo. Al fin y al cabo, todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, deberían tener la oportunidad de beneficiarse del crecimiento inclusivo: prosperar y contribuir al desarrollo del país.