Por Belinda Perez
Como la mayor parte de las capitales latinoamericanas, Tegucigalpa, la capital de Honduras, ha crecido en los últimos años principalmente como consecuencia de la proliferación de asentamientos informales. Se calcula que en la actualidad el 64% de la población urbana vive en barrios marginales que carecen de calles, drenaje, escuelas, puestos de salud y espacios públicos debidamente planificados. Además, muchas de estas zonas tienen un alto índice de criminalidad y padecen la violencia de las llamadas maras o pandillas juveniles. La organización comunitaria es débil y la presencia de la policía es limitada o inexistente.
Un proyecto piloto de mejoramiento de barrios que se llevó a cabo como parte del programa de vivienda de interés social financiado por el BID ha demostrado que estos problemas se pueden superar. Con la participación de las comunidades marginales, a través del programa se logró mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados. Como parte de esta iniciativa se financiaron inversiones para pavimentación de calles, alumbrado, drenaje, alcantarillado, tomas de agua, guarderías infantiles, escuelas e instalaciones deportivas en Villa Franca y Villa Cristina, dos de los barrios más pobres de Tegucigalpa.
Uno de los obstáculos principales para la ejecución de este esfuerzo fue la intensificación de la violencia en ambos barrios debido a los enfrentamientos entre maras, que impidieron que los contratistas ingresaran a las comunidades. Los funcionarios del proyecto también tuvieron que enfrentarse al escepticismo de las comunidades frente a la iniciativa, que surgió del fracaso de esfuerzos anteriores para abordar los problemas sociales.
La clave para resolver las dos situaciones fue la participación de la comunidad. El organismo ejecutor, el Fondo Hondureño de Inversión Social, entabló un diálogo con los líderes comunitarios y luego lanzó una campaña de toma de conciencia casa por casa con la finalidad de promover los aportes y la participación de la comunidad. Se impartieron más de 140 sesiones de capacitación que abarcaron diversos temas, desde organización y gobernanza comunitarias hasta resolución de conflictos, aptitudes laborales y habilidades prácticas para la vida diaria. Esto constituyó un importante incentivo para que los miembros de la comunidad pusieran fin a los conflictos territoriales de las maras y colaboraran con el proyecto. Con estas capacitaciones, dirigidas a los jóvenes y a las mujeres, también se preparó a los miembros de la comunidad para participar en los trabajos que ofrecía la constructora encargada del proyecto. Además, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, se entrenó a los líderes comunitarios en el proceso de selección para contratar a la constructora.
El diálogo con los líderes comunitarios puerta a puerta fue esencial para romper con el escepticismo y reducir la escala de violencia
Las obras del proyecto, que se terminaron en 2013, abarcaron 5 km de pavimentación de calles y la construcción de 16 km de sistemas de drenaje. Se añadieron casi 2.000 familias al sistema de alcantarillado y se proporcionaron tomas de agua a otras 242 familias.
Este esfuerzo también ayudó a un número estimado de 10.000 residentes de Villa Franca y Villa Cristina a sentirse parte de la comunidad y a notar que sus familias se habían fortalecido en el proceso, percepciones estas que pueden ser cruciales cuando se trata de combatir la violencia. Los residentes que respondieron a una encuesta comunitaria sobre estos asuntos aseveraron que los cursos en fortalecimiento de capacidades y la participación en el proyecto de mejoramiento de barrios ayudaron a reforzar el liderazgo y la cohesión de la comunidad. Los jóvenes y las mujeres especialmente indicaron que el entrenamiento en aptitudes laborales y habilidades prácticas para la vida diaria no solo ayudó a los asistentes a comenzar sus propios negocios, sino que también mejoró las relaciones intrafamiliares y vecinales.
Evidentemente no existe una solución sencilla al serio problema de las comunidades marginales de Tegucigalpa o de cualquier otra ciudad de América Latina. Sin embargo, el proyecto piloto de Honduras está demostrando que al lograr la participación de los habitantes en la solución de sus propios problemas se está dando un primer paso importante hacia la meta de convertir a los barrios marginales en comunidades más seguras y prósperas.
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