El agua y saneamiento como un derecho humano: hacia un manual de buenas prácticas para su implementación

El BID junto con AquaFund preparan un documento que recoge prácticas en la región que apoyan en la consecución de algunos de los criterios o principios del enfoque agua y saneamiento como un de derecho humano.

En la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible ODS6 está construido sobre la base de los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS). El objetivo invita a todos y cada uno de los actores del sector a revisar sus prioridades políticas y acciones para lograr estas metas establecidas para 2030 en esta agenda global para el desarrollo.

La ONU reconoció los derechos al agua y al saneamiento para todas las personas en 2010. Si bien este fue un paso importante, todavía hay un camino por recorrer para garantizar el cumplimiento universal de estos derechos. En ese sentido, el BID trabaja a través del Fondo Multilateral AquaFund para apoyar a los gobiernos en la implementación del enfoque de derechos para los servicios de agua y saneamiento, con énfasis en reducir las desigualdades en el acceso a los servicios a través de herramientas, iniciativas piloto y estudios que permitan asegurar el acceso para las poblaciones más vulnerables y normalmente marginalizadas.

El derecho al agua implica que todas las personas tienen derecho a una cantidad suficiente de agua, de calidad aceptable, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. El derecho al saneamiento significa que toda persona debe tener acceso físico y económico a servicios de saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea seguro, higiénico, aceptable social y culturalmente, que proporcione privacidad y asegure la dignidad.

Entre los ejes transversales de estos derechos están la no discriminación y la igualdad, el acceso a la información y la transparencia, la participación y la sostenibilidad de los servicios.

En la región, los Gobiernos de México, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay han reconocido estos derechos en sus Constituciones. Por su parte, naciones como Guatemala, Panamá y Paraguay han reconocido estos derechos mediante leyes y políticas, si bien no a nivel constitucional.

Buenas prácticas

El BID ha producido dos manuales para clarificar este enfoque. El primero, el Manual de Base sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en Latinoamérica y el Caribe, trata de clarificar de manera sencilla lo que este enfoque de derechos implica, desmitificando aspectos como que los servicios de agua deben ser gratuitos o los servicios públicos para que estos derechos se cumplan.

Además, el Banco ha producido un manual que recoge prácticas en la región que apoyan       a avanzar algunos de los criterios o principios del enfoque.  Las buenas prácticas se presentan organizadas en torno a siete ámbitos de actuación instrumentales, complementarios entre sí y necesarios para conseguir que los DHAS se garanticen en la práctica:

1. Marco legislativo y normativo, que traspone al ámbito nacional y subnacional el contenido normativo de los DHAS y generar un entorno favorable a su implementación en la práctica.
2. Desarrollo de instituciones que, en el ejercicio de sus funciones, hacen posible la garantía de los DHAS o su exigibilidad.
3. Mecanismos de financiación orientados a alcanzar la universalidad, la sostenibilidad y la asequibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento para todos.
4. Implementación de programas y proyectos que han permitido avanzar de forma innovadora y decisiva en la realización práctica de los DHAS.
5. Gestión de los servicios de agua potable y/o saneamiento que llevan a cabo distintos tipos de prestadores, garantizando aspectos como la calidad, la eficiencia, la asequibilidad, la participación de los usuarios o el buen gobierno corporativo.
6. Desarrollo de capacidades tanto de las administraciones públicas como de los prestadores de servicios o incluso de los propios usuarios, que les fortalece para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones y en la demanda de sus derechos.
7. Herramientas de seguimiento y evaluación, bien de alcance más general o bien diseñadas específicamente, que permiten verificar el estado de realización de los DHAS en un país o zona concreta y monitorear su avance progresivo.

El manual se estará publicando en los próximos meses conjuntamente con los socios de AquaFund.