Garantizar el acceso a agua y saneamiento en las residencias no basta. Es necesario garantizar esos servicios en los lugares donde  las personas desarrollan la mayor parte de sus actividades diarias.

*Por María del Rosario Navia

La cobertura de saneamiento en zonas urbanas en Latinoamérica y el Caribe (ALC) es de 82%. Estas cifras toman como base la cobertura de estos servicios en los hogares o para los hogares. Sin embargo, del criterio de disponibilidad y el principio de no-discriminación e igualdad de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS) se desprende que todas las personas deberían tener acceso a los servicios de agua y saneamiento en todas las esferas de la vida, pero en especial en los lugares donde permanecen la mayor parte de su tiempo.

Pero ¿qué pasa con aquellas personas que deben permanecer por largo tiempo en las calles? El Código Nacional de Policía y Convivencia de Colombia de 2016 (CNPCC), establece como una infracción el realizar “necesidades fisiológicas en el espacio público”. Estas ordenanzas suelen dirigirse hacia las personas que por irresponsabilidad o falta de cultura cometen esas infracciones. Pero si analizamos el asunto más a fondo encontraremos que muchas veces la gente hace esto no solo por falta de cultura ciudadana y/o por falta de vergüenza, sino también porque no tiene donde aliviarse hasta que llegue a su casa.

Pensemos en cuantas personas deben permanecer en la calle sin tener acceso a baños públicos. Tenemos: agentes de policía, vendedores callejeros formales e informales, vigilantes, turistas, mensajeros, trabajadores sexuales, deportistas, taxistas, personas sin hogar, hasta familias disfrutando de un día en el parque o en la playa. Para muchas de estas personas, las ordenanzas de orden público que buscan resolver problemas de limpieza y salubridad de los espacios públicos, los dejan sin soluciones aparentes en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades fisiológicas.

En entrevistas con vendedores callejeros ellos identifican al menos dos consideraciones cuando se presenta una necesidad fisiológica: qué hacer con su mercancía, y a dónde ir. Los vendedores que tienen algún tipo de puesto fijo tienen un sistema de cooperación entre ellos para proteger su propiedad mientras alguno se tiene que ausentar. Los vendedores ambulantes que pueden portar fácilmente sus mercancías se la llevan consigo, pero corren el riesgo de perder su espacio en la calle. Los más afortunados tienen un centro comercial cerca, y algunos tienen arreglos con estacionamientos aledaños para usar el baño y en ocasiones las duchas, por un precio módico, o hasta gratis. Pero la gran mayoría no cuenta con la suerte de tener esas instalaciones cerca, y se ven obligados a acudir a la solidaridad ciudadana en una cafetería o local cercano.

En entrevistas con algunos administradores o dueños de locales, ellos explican que su decisión de permitir el acceso a los sanitarios tiene mucho que ver con el arreglo personal y la apariencia física de quien lo solicita, y en algunos casos está relacionada con la noción de que no son ellos quienes deben suplir el servicio sanitario a la población que ronda las calles.

Según la Organización Internacional de Trabajo en nuestra región al menos 130 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, lo que representa el 47,7% de los trabajadores. El comercio callejero representa uno de los segmentos más visibles y dinámicos de ésta economía informal.

Según un estudio realizado en 6 ciudades de la región, la mayoría de vendedores callejeros son mujeres. La falta de baños públicos afecta mucho más a las mujeres y personas que menstrúan, puesto que requieren de sitios que aseguren su privacidad y de un lugar donde gestionar su higiene menstrual y desechar los productos relacionados.

La falta de baños públicos no solo afecta el derecho humano al saneamiento, también afecta el derecho humano al agua, pues las personas entrevistadas sostienen que se abstienen de beber agua durante su jornada en la calle, que muchas veces supera las 12 horas. Si bebieran más líquidos, necesitarían utilizar el baño más seguido, y eso les representaría un problema.

Así entonces, al pensar en el acceso a saneamiento para las personas que pasan la mayor parte de su tiempo en la calle, a través de baños públicos, es importante considerar el enfoque de DHAS. Por ejemplo:

  • Se debería asegurar que todas las personas, independientemente de su género o identidad sexual, tengan acceso a instalaciones que respeten su dignidad y aseguren su integridad física.
  • Las instalaciones deben permitir el lavado de las manos, y garantizar la provisión de elementos de higiene de forma permanente.
  • Estas soluciones deben garantizar la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de excrementos y productos derivados de la higiene.
  • Asegurar la limpieza y mantenimiento permanente para garantizar la buena higiene y evitar el contacto de los usuarios con las excretas.
  • Si se cobra por el servicio, se debe asegurar que este tenga un costo asequible para los potenciales usuarios y que no impida el uso de los servicios por falta de recursos.
  • Se deberá prestar el servicio las 24 horas, asegurando la iluminación del sitio para garantizar la seguridad en su uso.
  • Deberá cumplir con requisitos mínimos para usuarios con discapacidades tanto en la ruta de acceso al baño, como internamente

Solucionar esos problemas requiere enfoques creativos. Existen diferentes tipos de soluciones, portátiles, o permanentes cuya elección deberá corresponder a un análisis socioeconómico y a la cultura de los usuarios.

ALC es la región más urbanizada del planeta con un 80.4% de la población ubicada en sus ciudades, una cifra que para 2030 llegará a 83.8%. Así entonces es previsible que la demanda por los servicios de agua y saneamiento crecerá. Responder a esta demanda considerando la plena realización de los DHAS traerá retos significativos, siendo el tema de acceso al agua y al saneamiento a todas las personas en todos los lugares, uno de los más complejos.

Es probable que este reto no se constituya en una de las prioridades para los Estados, sobre todo si aún no se ha logrado la cobertura universal, pero ciertamente, debería ser considerado.

*María del Rosario Navia obtuvo su grado de Ingeniera Civil en la Universidad Industrial de Santander, Colombia y tiene una Maestría en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Estudios Sociales en Los Países Bajos. María del Rosario cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el sector de agua. Se incorporó al BID en el 2007 inicialmente como coordinadora del Programa BID-Países Bajos para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, y más tarde como Especialista en Agua y Saneamiento, trabajando en el desarrollo de operaciones de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Actualmente se encuentra en asignación externa en la Asociación Internacional del Agua.

Comentarios
  • Alcira Rosa Nassar Bechara
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    Muy interesante tu artículo. Sobre todo porque abordaste un tema del que nadie ,curiosamente, ni quiere afrontar, ni tampoco solucionar. Especialmente me refiero a los gobiernos y administrafores públicos. Por otro lado existe los altos costos del servicio del agua, puesto que en Colombia no creo que haya leyes, ni constituciones para aplicar costos especiales para el caso de sanitarios públicos. También cabe anotar, que la falta de civismo es innegable, pero como se ha dejado a un lado este aspecto de derecho humano, no se educa para un buen comportamiento civico.

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