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*Por Gerhard Lair y Cristina López Mayher del equipo de @BIDagua

Suma Qamara corresponde a la manifestación de vida entre la población Aymara del Altiplano. Se traduce literalmente como “vivir en paz con uno mismo, con el otro, y con el medio”. La protección del medio ambiente era prioritaria por los pueblos indígenas de América Latina. El agua, un bien público precioso, era recolectada y distribuida a través de complejos sistemas ya en tiempos antiguos. Toda la comunidad tenía acceso al recurso. No había entonces una Constitución escrita, pero el agua se encontraba a disposición de la comunidad entera ya que se trataba de un derecho consuetudinario.

Quinientos años más tarde, el agua se ha convertido en un bien escaso y ya no se encuentra al alcance de todos. A pesar de que la región de América Latina es rica en fuentes y recursos hídricos, el servicio es desigual, su calidad se está degradando, no siempre resulta económicamente accesible, la administración del recurso deja mucho que desear, y el suministro se encuentra amenazado por vulnerabilidades climáticas, en especial aquellas relacionadas al derretimiento de glaciares y sequías.

¿Qué tanta importancia tiene el agua para la salud pública? Una importancia vital. La carencia de saneamiento deviene en enfermedades, baja autoestima y marginalización. Estas son algunas de las razones por las que las Naciones Unidas (ONU) proclamaron el acceso al agua y al saneamiento un nuevo Derecho Humano en 2010. La Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define a dicho derecho más específicamente del siguiente modo: “El derecho humano al agua es el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”. Entre Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas se incluye desarrollar la accesibilidad al agua potable y saneamiento a fin de alcanzar a la mitad de la población que carece de tal derecho. Bien, aun así habría una “mitad” restante que quedaría excluida, aquellos a los que no lleguen los logros del ODM. Entre ellos hay un denominador común: se encuentran en asentamientos informales en áreas preurbanas o comunidades rurales dispersas de muy bajos recursos económicos. Se trata de un sector realmente pobre y vulnerable. Entonces surge necesariamente la pregunta: ¿cómo los alcanzamos?

En agosto de 2015 aprendimos a través de Leo Heller, un relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y de Dan Bena de la  Fundación PepsiCo, en la Semana Mundial del Agua, que “el sector del agua y el sector de los Derechos Humanos hablan lenguajes diferentes. Reunirlos no ha sido una tarea sencilla”. De hecho, aún existen dudas en cuanto a qué abarca este derecho y quién es responsable de asegurar su implementación. El Sr. Heller, por su parte, ha enfatizado que este derecho se encuentra gobernado por una serie de principios generales: i) Igualdad y No Discriminación (todas las poblaciones tienen derecho a disponer de servicios de agua y saneamiento); ii) Rendición de Cuentas (tanto los usuarios como los no usuarios deben recibir información); iii) Sostenibilidad y No Retrogradación (el derecho debe ser mantenido aún en situaciones de emergencia, sequía o desplazamiento de la población); iv) participación ciudadana (un medio a través del cual la gente pueda reclamar por su derecho al agua potable y saneamiento efectivo).

Si bien estas reuniones resultan necesarias, la promoción sola no alcanza para lograr la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento. Proveer agua no es un acto caritativo, sino una obligación legal. Es por esto que el BID y sus socios en AquaFund (el Ministerio de Finanzas de Austria, la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, y la Fundación PepsiCo) cuentan con el fondo como instrumento para sentar las bases para habilitar el proceso de generación de  políticas en cada país, prepararlos para las inversiones necesarias, reforzar las instituciones de cada uno de ellos y empoderar a sus comunidades. De hecho, en AquaFund queremos acabar con el punto medio.

No creemos en un proceso de políticas verticalista que surjan desde arriba ni en una revolución que surja desde abajo. Para suministrar el agua como un derecho humano, es necesario el involucramiento de todos los actores. A la vez que la voz de aquellos que tienen necesidades debe resonar, las autoridades idóneas deben crear las condiciones que permitan que el servicio sea económicamente asequible en los asentamientos informales, áreas pre-urbanas, y comunidades rurales dispersas. El enfoque debería estar puesto en la provisión tanto a zonas urbanas como rurales de manera equitativa. Por deseable que esto suene, su implementación no se encuentra libre de desafíos: no debe dejarse de lado la búsqueda de soluciones para aquellos que no tienen los medios para conectarse a la red, aquellos que no comprenden la importancia de la higiene, y quienes no cuentan con las condiciones propicias para utilizar agua sin verse envueltos en una situación embarazosa, como las necesidades especiales femeninas.

El plan de acción de AquaFund es complejo pero articulado:

Un proyecto de subvenciones recientemente aprobado apunta a proveer una guía práctica y casos aplicables de la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento así como casos de aplicación básica.

En un plano más visible, AquaFund se encuentra comprometido con esfuerzos prácticos para mejorar la provisión de los servicios de agua y saneamiento en asentamientos informales en áreas periurbanas o comunidades rurales dispersas. En cuatro países de la región, especialistas están trabajando junto a instituciones gubernamentales locales y nacionales, y ONG relacionadas al agua locales e internacionales, para implementar servicios de agua y saneamiento a través de proyectos piloto. El objetivo es alcanzar soluciones con respecto al proceso de las políticas, rendición de cuentas, sostenibilidad del servicio, e involucramiento y participación por parte de la comunidad a fin de facilitar la implementación del servicio a gran escala en los sectores más pobres. El método es sencillo: implementar proyectos piloto financiados por AquaFund, aprender lecciones para replicarlos, desarrollar manuales prácticos con modelos de negocios aplicables, y otorgar préstamos a las empresas que suministran los servicios para aquellas inversiones que se basan en la información recogida de las intervenciones piloto.

Parte del esfuerzo por implementar el derecho humano al agua y al saneamiento es el Proyecto piloto para la recuperación y modernización del antiguo sistema de agua de la población Aymara en los Andes centrales. Otro proyecto interesante de AquaFund se está llevando a cabo en Perú: la extensión del acceso al agua y al saneamiento a los hogares vulnerables. El proyecto seleccionó cuatro áreas piloto en el país: rural, periurbano, costero y del altiplano. Allí la asistencia técnica promueve el uso de agua y saneamiento para diversos fines: duchas, fregaderos de cocina, e inodoros y facilita el acceso a esas mejoras mediante una línea de microcréditos y educación para la higiene.

Entonces, ¿cuál es la particularidad de la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento? ¡Necesitamos presencia en el terreno! Tenemos que lograr que se oigan las voces de los necesitados, que puedan conectarse con quienes toman las  decisiones, y asistir al desarrollo de modelos prácticos para proveer un servicio asequible y sostenible.

The Human Right to Water & Sanitation applied by the IDB and the Aquafund

*by Gerhard Lair & Cristina López Mayher members of @BIDagua team

Suma Qamara is the expression of life of the Aymara people in the Altiplano.  The translation literally means to live in peace with oneself, in peace with other people, and in peace with the environment. The protection of the environment was at the cornerstone of the indigenous people of Latin America. Water, a precious public good, was captured and distributed through sophisticated systems long before modern times. It was available for everyone in the community. There was no written constitution at that point in time, but access to water was for the whole community, it was a customary right.

500 years later, water has become a scarce good and not available for everyone. Even though the Latin American region is rich in water sources and resources, service is unequal, quality is degrading, access is not always affordable, administration of the resource is negligent, and supply is threatened by climate vulnerabilities specifically melting glaciers and droughts.

How important is water for public health? It is vital; the lack of sanitation leads to sickness, low self-esteem, and marginalization. These are some of the reasons why The United Nations (UN) proclaimed the access to water and sanitation as a new Human Right in 2010. The UN Comission on Economic, Social and Cultural Rights defines the right more specifically: „The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses“. The Millennium Development Goals (MDG) included increasing the access to safe drinking water and sanitation to half of the population who lacked this right. Now, let’s look at the other “half” that is still left out, those who were not among the ones that got access through the achievements of the MDG. There is a common denominator: these are informal settlements in per-urban areas or rural disperse communities with very limited economic means. They are the real poor and vulnerable. And then, it would be necessary to ask: how do we reach them?

In August 2015, we learned from Leo Heller, special rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, and from Dan Bena of the Pepsico Foundation at the World Water Week that “the water sector and the Human Rights sector talk different languages; putting them together has not been an easy task”. In fact, there is still confusion about what this right entails, and who is responsible for assuring its implementation. Mr. Heller for his part emphasized that this right is governed by several general principles: i) Equality and Non Discrimination (all populations have the right to get Water and Sanitation services); ii) Accountability (deliver information to users and non-users); iii) Sustainability and non retrogration (the right must be maintained during emergency situations, draught, or displacement of population); (iv) citizen participation (a means for people to claim their rights for safe water & effective sanitation).

Although this kind of gatherings is necessary, advocacy alone is not enough to reach the implementation of the human right to water and sanitation. Providing water is not an act of “charity”, rather a legal obligation. Therefore, the IDB and its partners in the AquaFund (MoF from Austria, Economic State Secretariat of Switzerland, Swiss Development Corporation, Pepsico Foundation, and the Spanish Cooperation for International Development) use the fund as an instrument to lay the ground to enable the policy process in a country, prepare for the necessary investments, strengthen countries’ institutions and empower the community. In fact, at the AquaFund we want to break the “middle ground”.

We do not suggest a top down political process, nor a revolution from the bottom! To provide the water as a human right, all stakeholders should participate. While the voice of the needed should be heard, appropriate authorities should create the conditions so that the service can be affordable for informal settlements in peri-urban areas or rural disperse communities.  The approach should be the provision to both urban and rural areas in an equitable way. As good as this sounds, the implementation does not come without challenges: it also entails finding solutions for those who cannot afford to connect to the network, those who do not understand the importance of hygiene, or those who do not find the right condition in using water without embarrassment like special needs for women.

The road map of the AquaFund is complex but articulated:

A grant project was recently approved which aims to providing a practical guide and applicable cases on implementing the human right to water and sanitation.

More visible, the AquaFund is engaged in a practical efforts to enhance the provision of water and sanitation services to informal settlements in peri-urban areas or rural disperse communities. In four countries of the region specialists are working with local and national government entities, local and international water NGO’s to implement water and sanitation services as pilot projects. The goal is to provide solutions in regard to the policy process, accountability, sustainability of the service, and community involvement and participation to facilitate the implementation on a large scale of the service to the poor. The method is simple: implement pilot projects financed by the AquaFund, draw lessons for replication, prepare practical handbooks with applicable business models, and provide loans to service providers for investments that use the inputs from the pilot interventions.

Part of the effort to implement human rights to water and sanitation is the pilot project for the recovery and modernization of the ancient water system of the Aymara people in the central Andes. Another project of the AquaFund worth mentioning is taking place in Peru: enhancement of the use of water and sanitation in the households of the poor. The project selected four pilot areas of the country: rural, peri-urban, coastal area and the highlands where the technical assistance promotes the use of water and sanitation for different purposes: showers, kitchen sink, toilets, and facilitates these types of improvement through a line of micro-credits and hygiene education.

So what’s different in implementing the human right to water and sanitation? We have to put our boots on the ground! We have to make the voices of the needed heard, connect them with the decision makers, and help develop practical models to provide an affordable and sustainable service.

 

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