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Regular a los PEP (o cómo evitar que los políticos corruptos hagan un gol)

17 September, 2018 por Roberto de Michele - Guillermo Jorge - Pamela Valderrama 12 Comentarios


Las siglas PEP sirven de acrónimo para asuntos tan variados como protocolos informáticos o agencias por la paz. También es el nombre de pila de una de las grandes figuras del fútbol europeo. Pero aunque alguna vez escribimos sobre la relación entre el futbol y el lavado de dinero, esta nota no va ni de protocolos informáticos ni de deporte: hoy vamos a hablar de cómo regular a las personas expuestas políticamente, conocidas en la jerga de la anticorrupción como PEP.

En febrero de 2018, Transparencia Internacional publicó los últimos resultados del Índice de Percepción de Corrupción global que clasifican a 180 países según la corrupción del sector público percibido por expertos y ejecutivos de empresas privadas.  En el caso de los países de América Latina y el Caribe, los puntajes reflejan índices bastante desfavorables -algunos se han mantenido en los mismos niveles que años anteriores y en múltiples casos se han deteriorado con el paso del tiempo.

Un soborno es cosa de dos

La corrupción es un mal persistente en la región y con frecuencia alcanza al más alto nivel político de los países. El escándalo de Odebrecht y la participación del sector privado y funcionarios públicos en más de 12 países dan prueba de extensión regional del tema. No en vano, la trama ha sido catalogado como “la mayor red de sobornos extranjeros de la historia”.

“Los pagos de sobornos se hacen tanto directamente a funcionarios deshonestos, como a través de sociedades comerciales donde estos funcionarios son beneficiarios finales “

La información que surge de las investigaciones, en especial en Brasil donde los procesos se encuentran más avanzados y existen condenas firmes, muestran que los sobornos no sólo estaban relacionados con la obtención de contratos, sino que además se producían a lo largo de la ejecución de las grandes obras de infraestructura. Los pagos se hacían tanto directamente a funcionarios deshonestos, como a través de sociedades comerciales donde estos funcionarios eran beneficiarios finales.

Esta modalidad de corrupción nos hace reflexionar una vez más sobre el cómo y por donde se mueven estas cuantiosas sumas, y cómo puede mejorarse el trabajo del sector financiero y los reguladores para prevenir que los recursos ilícitos provenientes de la corrupción ingresen a la economía legal. Los partícipes de la corrupción requieren no sólo de su libertad personal, también del blanqueo del dinero ilícito para disfrutar del dinero impunemente. Por eso, en algún momento, los recursos ilícitos son insertados en el sistema financiero a través de técnicas de lavado de dinero con el objeto de poder disponer de ellos libremente. La comunidad internacional le otorga gran importancia a las políticas de prevención de blanqueo de capitales como instrumento de lucha contra la corrupción.

Y en el centro de esta discusión se encuentra el concepto de Persona Políticamente Expuesta, o PEP.

Control sobre políticos, familiares y colaboradores

Con el fin de ofrecer herramientas para enfrentar este problema el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contiene un conjunto de requerimientos concretos para las PEPs. Las Recomendaciones 12 y 22 del GAFI requieren a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas la aplicación y ejecución de medidas de debida diligencia para las PEP.

“Los bancos están obligados a monitorear las transacciones financieras de las personas políticamente expuestas, sus familiares y colaboradores”

Estas regulaciones exigen que las entidades financieras sometan a un  análisis más profundo a todos los sus clientes catalogados como PEP, y que monitoreen y reporten todas sus transacciones (incluidas las de sus familiares y estrechos colaboradores). Esto no sólo facilita la detección de casos de corrupción, sino también corrobora a las tareas de prevención de lavado de activos producto de estas actividades. Varios organismos internacionales, además, ofrecen notas interpretativas con detalles concretos de cómo aplicar esta regla sobre los PEP (ver aquí, aquí y aquí).

América Latina y PEP: Regulaciones insuficientes que no siempre se cumplen

Cuando analizamos los resultados de las evaluaciones mutuas para el cumplimiento de los Estándares del GAFI realizadas por GAFILAT y GAFIC hasta el momento a países en América Latina y el Caribe,  vemos como falta un largo camino por recorrer: de los 10 países hasta ahora evaluados en la actual ronda de evaluaciones, solo dos (Panamá y Trinidad y Tobago) cumplían con todos los estándares internacionales para el control de PEPs.

La realidad es que muchos países de la región tienen vacíos importantes en sus leyes para identificar e intercambiar información sobre PEPs –o si las tienen, su cumplimiento es deficiente. La reciente publicación del BID “Identificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica” ofrece un análisis más detallado de la situación actual de los países en relación a las PEP. También analiza qué tan operativos son los mecanismos disponibles en la actualidad para acceder y corroborar información sobre PEP.

La factura oculta de la corrupción

La situación que atraviesa la región representa tanto una crisis como una gran oportunidad. Por un lado, existe la posibilidad de revisar los marcos legales y regulatorios vigentes. Por otro lado, hay disponible mucha información sobre cómo funcionan las maniobras ilícitas de lavado de dinero, lo que permite concentrar los esfuerzos en esferas concretas del sistema financiero.

En América Latina, la corrupción nos sale muy cara. Este es el momento preciso para establecer e implementar medidas que promuevan el trabajo público-privado, fortalezcan los mecanismos de transparencia financiera en la región en cumplimiento con los estándares internacionales y permitan, al final, que los recursos que necesitamos para el desarrollo no terminen en bolsillos ajenos.


Archivado Bajo:Transparencia y anticorrupción Etiquetado con:administración pública, corrupción, lavado de dinero, PEP, personas politicamente expuestas, sobornos

Roberto de Michele

Roberto de Michele es el Jefe de la División Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Previamente, se desempeño como especialista principal y coordinador del clúster de transparencia e integridad del BID. Es el secretario del Fondo de Transparencia que apoya reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, fortalecimiento de los órganos de control y prevención del lavado de activos. Dirige la Infoguia de Transparencia Financiera del BID, una plataforma de conocimiento que ofrece recursos tecnicos de alto nivel para funcionarios, academicos y expertos. Roberto fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, gerente de la Iniciativa Privada contra la Corrupción en la Fundación Poder Ciudadano y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Roberto presidió la Reunión Preparatoria para la Redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y participó en la redacción del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre otras publicaciones, es autor del libro “Los Códigos de Ética en las Empresas” y “Uso de la información para la integridad del sector financiero: reflexiones a partir de un proyecto contra el lavado de activos en Guatemala” y es uno de los coautores de la Anticorruption Toolkit para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires con un LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale.

Guillermo Jorge

Guillermo Jorge es socio fundador de Governance Latam, una firma de abogados y consultores especializada en el diseño e implementación de estrategias corporativas y políticas públicas relacionadas con el gobierno corporativo, la ética empresarial, antisoborno, la prevención de la corrupción y el lavado de dinero. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y tiene un LLM de Harvard Law School. También es Profesor Adjunto Global en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) e Investigador Principal en el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.

Pamela Valderrama

Pamela Valderrama es consultora del Fondo de Transparencia, gestionado por la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del BID en proyectos de transparencia financiera, combate al lavado de activos y de-risking. Antes de incorporarse al Fondo de Transparencia, Pamela trabajó en el Banco Mundial, La Corporación Interamericana de Inversiones, la Organización de Estados Americanos y un fondo de inversión en Colombia. Es licenciada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene una Maestría en Desarrollo Internacional en American University.

Reader Interactions

Comments

  1. Gabriel Roncancio Reyes dice

    18 September, 2018 at 11:24 am

    Para añadir otro acrónimo, PEP (Python Enhacement Proposals) es el nombre con el que se designan las solicitudes de mejora al lenguaje de programación Python :). Interesante la discusión acerca de la implementación de medidas de manejo de información sobre los PEPs, particularmente en Colombia recientemente se realizó una consulta popular anti-corrupción que no fue aprobada, esto deja de manifiesto la dificultad de involucrar a la ciudadanía en este ámbito. Comparto una breve reseña del trabajo que se ha venido realizando en Colombia en este aspecto: https://pensemos.com/2017-el-ano-de-la-lucha-contra-la-corrupcion/

    Reply
    • Pamela Valderrama dice

      27 September, 2018 at 10:53 pm

      Muchas gracias Gabriel por tu comentario y por enviarnos el artículo sobre la consulta anti-corrupción en Colombia, muy interesante. Es inegable la importancia de incluir a la sociedad en este tipo de iniciativas. Los resultados de la consulta aunque no se obtuvo la cantidad de votos esperada, lograron una participación bastante respresentativa que dejó un mensaje importante al gobierno Colombiano.

      Reply
  2. Edison Tituana Armijos dice

    18 September, 2018 at 4:50 pm

    Procedimientos y mecanismos varios se han estipulado en los cuerpos legales de casi tods los paises sobre este tema, mas se han quedado en la retorica y en archivos. Elementos fundamentales como la aplicación y cumplimiento no han trascendido hacia la efectiva garantía de derechos de personas e instituciones que se han visto envueltas en detrimento. En el caso nuestro, Ecuador cuneta con gran número de cuerpos legales para hacer frente a muchas de estas defraudaciones, entonces pensamos que no solo es un tema de la normativa, debemos ir hacia la estructuración y vinculación de oragnismos liberados de conflictos de intereses que gestiónen descentralizada e independiente la justicia y sean eficientes en la aplicabilidad de estos intrumentos. Tanto es el que recibe como el que da. En este campo los medios de comunicacaión deben cuplir el rol de canalización del fenómeno a la opinión pública a fin de involucrar y genrer conciencia desde la raiz, más no convertirse en fiscalias, juzgados y tribunales televisivos o digitales (el Show Mediático le va ganado espacio a la verdad a la razón y al sentido común). Romper estas consepciones y taras de la comunicacaión y la información, es una tarea clave para una mejor y eficeinte lucha, más la fortaleza que se le debe imprimir al sistema educativo hacia la revisión y revalorización de los valores si cabe la redundancia.

    Reply
  3. Jose Rossi dice

    19 September, 2018 at 12:54 am

    Debemos de luchar estrategicamente contra los PEPs con todo esos sobornos se puede solucionar el hambre de muchas personas en el mundo y desterrar la miseria de que sufre la humanidad por unos malos PEPs.

    Reply
  4. Mauricio Antonio Gutiérrez Martínez dice

    20 September, 2018 at 12:52 pm

    Muy excelente este artículo, quedé claro del asunto de las PEP, y aprendí conceptualmente su significado.

    Reply
    • Pamela Valderrama dice

      28 September, 2018 at 8:49 am

      Gracias Mauricio por tu comentario, unos de los objetivos precisamente era informar más a nuestros lectores sobre el concepto de PEPs y generar conciencia sobre la próblematica.

      Reply
  5. Alejandra Salvatierra dice

    21 September, 2018 at 6:14 am

    Preocupante… en Guatemala estamos inundados con esta forma de sobornos y cuando leo el articulo es literalmente lo que nos esta pasando con los funcionarios publicos y sociedades mercantiles. Y se teme que existe involucramiento de algunas sociedades financieras.

    Reply
    • Pamela Valderrama dice

      27 September, 2018 at 10:46 pm

      Muchas gracias Alejandra por tu mensaje.
      Justi en el paper que mencionamos busca crear conciencia sobre esta problemática y cómo señalamos en el blog tratar de ver las oportunidades de mejora.

      Reply
  6. Roberto de Michele dice

    21 September, 2018 at 7:04 am

    Muchas gracias por todos los comentario.
    Sin perjuicio de lo que quieran agregar los co-autores, quiero resaltar el comentario de Edison sobre la efectividad de estas regulaciones.
    Es un tema fundamental.
    Creo que la idea es asegurar que las reglas no solo sean tecnicamente correctas. Es igualmente importante que se cuente con la capacidad de que se apliquen en forma efectiva. Para lo cual es necesario capacidad institucional y un sector privado que comprenda que su aplicacion mejora la capacidad de proteger la legalidad de las transacciones.
    Para ello, ademas, hay que ser cuidadoso en la redaccion de los procedimientos especificos para que la debida diligencia sea lo mas efectiva posible a costos operativos razonables.

    Reply

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