En muchos países en desarrollo, incluidos muchos países en América Latina, los cambios de gobierno traen aparejados cambios significativos en la administración pública. Los nuevos gobiernos desplazan de sus puestos a los empleados públicos designados por la administración saliente para reemplazarlos por nuevos empleados, a menudo más afines ideológicamente al gobierno entrante. La práctica es tan común en algunos países que la ciudadanía raramente la cuestiona.
Desde el punto de vista legal, estos desplazamientos en todos los niveles del empleo público son a menudo ilegales. Todos los países latinoamericanos han aprobado leyes de servicio civil que estipulan la ejecución de concursos para los nombramientos, a la vez que prohíben las remociones sin el debido proceso. Sin embargo, buenas leyes del servicio civil en países en desarrollo rara vez se traducen en buenas prácticas en la gestión del servicio civil.
Algunos países de la región, sin embargo, han logrado superar este patrón de despidos arbitrarios y nombramientos discrecionales. En particular, los casos exitosos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay muestran que el cambio es posible. Recientemente, otros países, como es el caso de la República Dominicana, han realizado interesantes avances en la misma dirección. Desde 1995, la República Dominicana ha ido paulatinamente aumentando la estabilidad laboral de sus empleados y ha comenzado a concursar algunos de los puestos en su administración pública.
¿Fueron efectivas estas reformas? ¿El establecimiento de concursos públicos y la estabilidad laboral generaron algún impacto en la administración pública? Para evaluar los efectos de las reformas implementadas, utilizamos una encuesta experimental, denominada conjoint, con 558 servidores públicos en 24 instituciones estatales en la República Dominicana. Los resultados fueron contundentes. Los servidores públicos reclutados por concurso público se encuentran más motivados para trabajar, son más transparentes en el manejo de los fondos públicos y menos propensos a participar de los esfuerzos electorales del gobierno de turno que los empleados designados por nombramiento. Los servidores públicos con estabilidad laboral, por su parte, son menos propensos a participar de la campaña electoral del partido de gobierno que aquellos que no gozan de estabilidad laboral (para mayor detalle, ver los resultados en un reciente artículo en Comparative Political Studies
Nuestros resultados sugieren que concursar los cargos públicos, en particular, es una reforma central para alcanzar un sector público menos corrupto, menos politizado y más motivado. Vale recordar, asimismo, que la implementación de concursos para cubrir los puestos de la administración pública es una reforma relativamente sencilla de implementar desde el punto de vista técnico. La simple publicidad de las vacantes sumada a la implementación de criterios de selección objetivos y basados en el mérito, alcanzan para que los concursos públicos se hagan una realidad.
En otras palabras, todos los gobiernos latinoamericanos tienen la capacidad técnica para concursar los puestos públicos y terminar con las designaciones basadas en redes personales y políticas. La ciudadanía, a su vez, sería la gran beneficiaria de un sector público menos corrupto, menos clientelar, y más motivado para trabajar. Además, por supuesto, que implicaría la democratización del acceso a estos puestos laborales a los cuales todos los ciudadanos—quienes con sus impuestos los financian— deberían tener igual derecho. Muchos gobiernos en América Latina, sin embargo, continúan designando empleados públicos a través de nombramientos y no por concurso público. Los partidos políticos, por supuesto, sacan rédito político de estos nombramientos , incluso si – como muestra nuestra investigación– así perjudican a la ciudadanía. La ciudadanía debería exigir que los puestos públicos se concursen en lugar de ser distribuidos entre militantes políticos y/o amigos personales. Y debería castigar en las urnas a los gobiernos que desoyen el reclamo.
Es muy cierto, yo entre a trabajar en entidad publica, con muchas ganas de hacer algo sobre todo por mi ciudad, pero cada día que pasa es muy desmotivador, por que el ambiente que se respira dentro de la institución es tan pausado que muchas veces siento que estoy perdiendo mi tiempo.
Alguna vez he pensado que debería crearse políticas desmotivadoras para quedarse en el sector publico, por que entre más antiguo, mas beneficios, pero al mismo tiempo mas parásito; porque parece que esperas a que llegue fin de mes sin ningún objetivo mas que el de cobrar el sueldo mas bonos.
Y las personas nuevas que entramos con tantas ganas no somos bien remunerados esperando haber si nos re contratan, o no y para no pasar malos ratos tienes que bailar al ritmo de los antiguos muyyyy pausado.
Que buen artículo! Estas son las nuevas iniciativas que se deben promover en nuestros países latinoamericanos, particularmente me encantaría que la nueva política en Venezuela se encaminara hacia la transparencia en toda la estructura institucional gubernamental del futuro próximo.
Muy buen articulo y buenos planteamientos, y en efecto, seria lo ideal y hay que seguir con esta propuesta, sin embargo la realidad es distinta, por ahora los intereses políticos y el control del gobierno por parte de externos que solo buscan réditos económicos a toda costa y la falta de conciencia de nuestros gobernantes, no facilita este proceso, lo cual debe motivarmos mas y mas a seguir en esta linea y podriamos empesar de abajo hacia arriba, quiero decir de los gobiernos sub nacionales pues ellos estan mas en contacto con el pueblo y alli es mas facil monitorearlos y fiscalizarlos. Exitos
Es la realidad en varios países en desarrollo. Lamentablemente debido al nivel de educación y conocimientos, no todos sabemos que podemos y deberíamos exigir que los cargos públicos no se entregen como compensación al apoyo recibido para llegar al gobierno. Es esta una de las causas por las que la eficiencia en el sector público no avanza y da lugar a la corrupción.