La transformación digital del sector público ya no es sólo territorio de administraciones públicas y grandes empresas tecnológicas. Cada vez más, los emprendedores están aportando soluciones innovadoras a este espacio: big-data para el análisis predictivo de historiales clínicos, drones para la lucha contra incendios forestales, blockchain para la identidad digital, o plataformas digitales para la gestión inteligente de las ciudades, son sólo algunos ejemplos de innovación generada por startups y aplicada al trabajo de las administraciones públicas.
Este nuevo espacio donde emprendedores tecnológicos colaboran con el sector público para solucionar los grandes retos del siglo XXI se llama govtech. Se define como govtech toda startup cuya tecnología puede aplicarse a la mejora de los servicios públicos (salud, educación, movilidad), la gestión administrativa (registros, toma de decisiones, agilización de procesos), la infraestructura pública (wifi público, drones o sensores para la conectividad en las calles), o a la participación política de la ciudadanía (procesos electorales, toma de decisiones de política pública, comunicación con las instituciones, organización social…etc).
Las iniciativas de GovTech llegaron para quedarse
Hay razones para pensar que la nueva colaboración público-privada entre entidades públicas y startups viene para quedarse. Según el reciente informe publicado por Accenture y la aceleradora británica Public, hay varios factores que hacen a las startups más competitivas en el espacio govtech: (i) las expectativas del ciudadano digital, (ii) las restricciones presupuestarias de las administraciones, (iii) la nuevas regulaciones de contratación pública que promueven la compra pública de productos y servicios a pequeñas y medianas empresas, (iv) el cambio generacional de los funcionarios públicos, (v) el acceso a tecnologías más baratas como por ejemplo, la nube, o (vi) el fin de la vida útil de mucha infraestructura tecnológica.
No obstante, colaborar con gobiernos para las empresas de govtech es todavía difícil. Aunque siempre se aduce como principal obstáculo los ciclos largos de venta pública, existen otras muchas barreras. Por ejemplo, la compleja prospectiva de cliente, la lentitud en la toma de decisiones, o los escasos espacios para la experimentación con el usuario son factores que chocan frontalmente con la lógica de iteración continua de los emprendedores.
La pregunta entonces es: ¿Qué factores tiene que promover una institución que quiere atraer la innovación digital de los emprendedores govtech?
- Infraestructura tecnológica abierta a la innovación generada por terceros. En la nueva lógica de Gaap (Government as a Platform), la institución pública diseña una sólida estructura tecnológica donde impera la interoperabilidad de los sistemas y los estándares abiertos. Gracias a ella, las administraciones puede integrar innovaciones generadas por terceros, y otros muchos pueden usar los datos generados por las administraciones para desarrollar nuevos servicios.
- Procesos de compra pública abiertos a la innovación. Si un concurso público busca una solución demasiado específica, o prioriza la oferta más barata, o no permite el pilotaje antes de la compra, las soluciones innovadoras no competirán por el proyecto. Esto puede crear un circulo de compra perverso en el cual las empresas que mejor sepan competir, no las que tengan la mejor solución, serán las que ganen el concurso.
- Cultura de experimentación y de diseño de servicios enfocados en el ciudadano. Algunos gobiernos como los de Gran Bretaña, Canadá, Estonia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda o el más cercano Uruguay, promueven esta agenda de cambio en sus propias administraciones. Algunos, por ejemplo,han implementado unidades de transformación digital en el centro de gobierno con presupuesto y poder político para impulsar (y a veces imponer) una nueva cultura en el diseño de servicios.
- Talento digital entre los empleados públicos. En la era digital los desarrolladores, los diseñadores de servicios digitales, y los expertos en tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain tienen que ser parte de los cuerpos administrativos del Estado, o por lo menos, tienen que colaborar con ellos. Además, tienen que formar parte de todo el proceso del diseño del servicio público para que la tecnología y sus posibilidades informen las decisiones desde el inicio.
- Un ecosistema que facilite inversión, pero también apoyo para enfrentar los retos específicos de trabajar con un cliente público. Es necesario crear espacios comunes donde el emprendedor pueda identificar a sus posibles clientes, analizar las necesidades de sus usuarios, y experimentar sus soluciones en entornos reales. La mayoría de los emprendedores en el mercado B2G (business to governments) identifican a sus early adopters de una manera muy poco sistematizada- por suerte o casualidad, y con poco espacio para entender sus lógicas de compra. Por estos, y otros obstáculos en la relación cliente- proveedor, muchos emprendedores optan por vender a un mercado privado.
El reto del govtech es complejo, pero fascinante. Como dijo Benjamin Franklin- la mejor encarnación del emprendedor govtech – “el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar”. Pongámonos a ello entonces.
SOBRE LA AUTORA
Idoia Ortiz de Artiñano Goñi es la Managing Director del PublicTech Lab del Instituto de Empresa (Madrid). Idoia tiene más de doce años de experiencia en desarrollo internacional, asuntos gubernamentales e innovación pública. Recientemente se ha graduado como MBA-Sloan Fellow en la escuela de negocios del MIT, donde centró sus estudios en la colaboración de startups y gobiernos para la modernización de los servicios públicos, metodologías de innovación abierta, y transformación digital. Anteriormente, trabajó como asesora del Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyando al Secretario en la relación con los 48 países miembro, y facilitando la gestión política y estratégica de la toma de decisiones de los Directores y Gobernadores de la institución.
Idoia ha desarrollado su carrera profesional en países como Uruguay, Bolivia, Guatemala, España y Estados Unidos. Tiene un Master en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown (MSFS), y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Comillas (ICADE).
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