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¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

¿Por qué las Evaluaciones Nacionales de Riesgo son clave para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

14 January, 2025 por María Cecilia Alvarez - Marcela Duque Deja un comentario


Entendiendo las Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Un diagnóstico fundamental

Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, los países deben conocer sus vulnerabilidades y riesgos específicos. Las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) son un diagnóstico exhaustivo que identifica los riesgos y debilidades en cada jurisdicción. Este ejercicio es la base para implementar políticas públicas efectivas y asignar recursos de manera eficiente.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental que establece los estándares globales – conocidos como las 40 Recomendaciones del GAFI – para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y evalúa el cumplimiento de estos estándares por parte de los países. La primera de estas Recomendaciones establece que cada país debe evaluar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), lo que refleja la importancia fundamental de las ENR como base de todo el sistema preventivo.

¿Por qué son fundamentales las Evaluaciones Nacionales de Riesgo?

Sin un diagnóstico adecuado, los países enfrentan tres riesgos principales:

  • Políticas ineficientes: Sin entender los riesgos, los recursos se asignan sin priorizar las áreas más críticas, dejando brechas que los grupos criminales pueden explotar.
  • Sanciones internacionales: Los países pueden ser incluidos en listas de alto riesgo (como la lista gris del GAFI), lo que tiene efectos en su reputación, la inversión extranjera directa y el escrutinio por parte de instituciones financieras globales.
  • Dificultades operativas: Sin una evaluación clara, es difícil desarrollar estrategias o planes de acción para mitigar o enfrentar estos riesgos.

Caso de estudio: En la década del 2000, varios países subsaharianos carecían de mecanismos efectivos para identificar y monitorear transacciones sospechosas, especialmente relacionadas con sectores de alto riesgo como la minería informal o los flujos de efectivo transfronterizos. Sin un diagnóstico claro, los reguladores priorizaban áreas menos críticas, mientras los grupos criminales aprovechaban las brechas para mover fondos ilícitos, resultando en una alta exposición al lavado de activos. Esta falta de preparación los dejó vulnerables y expuestos a sanciones internacionales.

¿Cómo se prepara una Evaluación Nacional de Riesgo?

El proceso de preparación de una ENR típicamente toma entre 12 y 18 meses, y cada país debe actualizarla aproximadamente cada 4-5 años, con actualizaciones parciales según sean necesarias. La metodología sigue estos pasos:

  1. Recopilación de Información: El primer paso es reunir datos de diversas fuentes. Esto incluye informes oficiales, estadísticas judiciales, información de inteligencia financiera y aportes de expertos tanto del sector público como privado.
  2. Identificación de Riesgos: Con esta información, las persona expertas analizan tres elementos clave:
    • Amenazas actuales: Son los delitos que ya están ocurriendo y generando ganancias ilícitas.
    • Amenazas emergentes: Son nuevas formas de criminalidad que están surgiendo (ej. Delitos informáticos o el robo de recursos naturales).
    • Vulnerabilidades: Son las debilidades del país que los grupos criminales podrían aprovechar para la actividad ilícita, como ciertas características de su economía o sistema financiero.
  3. Evaluación del Riesgo: Finalmente, se analiza qué tan probable es que estas amenazas se materialicen y qué impacto tendrían. Esta evaluación ayuda a los países a priorizar y asignar recursos de manera eficiente. Algunas amenazas requerirán atención inmediata, mientras otras pueden gestionarse en el mediano plazo. 

 La nueva Guía del GAFI (2024) enfatiza la importancia de usar datos cuantitativos y establece criterios estándar para calificar riesgos, facilitando comparaciones entre países y sectores.  

¿Cuáles son las claves para el éxito de una Evaluación Nacional de Riesgo?

Para asegurar el éxito de una Evaluación Nacional de Riesgo, es recomendable adoptar ciertas buenas prácticas antes de iniciar el ejercicio:

  1. Divulgación previa: Todos los entes participantes deben comprender los objetivos y beneficios de la ENR, así como las consecuencias negativas de no llevarla a cabo correctamente. Esto incluye a todas las agencias e instituciones públicas del Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y al sector privado.
  2. Compromiso y voluntad política: Antes del lanzamiento formal del proceso de ENR, algunos países emiten un decreto del Poder Ejecutivo Nacional convocando a todas las instituciones del sistema ALA/CFT del país a colaborar, designando a la autoridad que va a liderar y coordinar el proceso, asignando responsabilidades y estableciendo plazos. Sin embargo, el éxito de una ENR requiere un verdadero compromiso político que se traduzca en apoyo efectivo y sostenido al proceso. Este compromiso se evidencia en la disposición de las autoridades y funcionarios para compartir información, dedicar recursos humanos y técnicos y superar las naturales resistencias institucionales que suelen surgir en procesos de esta complejidad.
  3. Expectativas claras: Los participantes deben saber que la evaluación no es un examen de cumplimiento, sino una autoevaluación para identificar riesgos existentes en el país relacionados con el LA/FT y que constituirán una herramienta para definir la política nacional.
  4. Definición de un marco de coordinación institucional: Este debe incluir a todos los actores relevantes, asegurando una participación ordenada y estructurada. La confianza entre los participantes debe fomentarse garantizando que la información proporcionada será utilizada exclusivamente para la ENR y no será divulgada públicamente, estableciendo canales de comunicación seguros a tales fines.
  5. Involucramiento del sector público y privado: Asegurar una participación activa, y realizar la ponderación final de los riesgos con un equipo reducido, pero técnicamente calificado. Este equipo debe fundamentar sus conclusiones con una adecuada documentación, evitando presiones externas y manteniendo el proceso en un ámbito técnico.

La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo

El BID es uno de los principales proveedores de asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe en materia de transparencia e integridad y en apoyar esfuerzos nacionales para implementar de manera efectiva los Estándares del GAFI.

Hasta ahora, el BID ha apoyado a más de 12 países en la preparación y actualización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Suriname.

La metodología que utiliza el Banco toma como base la Guía sugerida por GAFI, complementada con un plan de trabajo detallado que toma en consideración el marco legal e institucional del país, así como sus actividades económicas. Por ejemplo, en países ricos en minerales, sugerimos incluir un grupo de trabajo específico sobre el sector extractivo.

El apoyo brindado por el BID en el desarrollo de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) incluye un enfoque integral que abarca desde la preparación de las evaluaciones hasta la implementación de las recomendaciones derivadas. El equipo que apoya el desarrollo de ENR por parte del BID incluye a especialistas técnicos del Banco, así como personas expertas internacionales y nacionales que acompañan al equipo de proyecto en el país a lo largo de todo el proceso para asegurar un buen resultado.

Estas actividades se complementan con asistencia a los países para atender riesgos identificados en las evaluaciones nacionales, o apoyo para el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo en áreas especialmente vulnerables, por ejemplo, en sectores como Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), como abogados, contadores, agentes inmobiliarios y otros profesionales.

Es así como el BID continúa apoyando a los países de América Latina y el Caribe, brindando asistencia técnica y recursos para diseñar e implementar las ENR. Este apoyo contribuye a fortalecer los sistemas nacionales de prevención y a construir una región más resiliente frente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


Archivado Bajo:Gobernarte, Transparencia y anticorrupción Etiquetado con:crimen organizado, evaluaciones nacionales de riesgo, lavado de activos, transparencia, transparencia e integridad

María Cecilia Alvarez

María Cecilia Alvarez Bollea es Especialista en Modernización del Estado en la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). María Cecilia lidera la agenda de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), y apoyo técnico y operativo a los países miembros del BID para el cumplimiento e implementación de estándares internacionales en esta materia. El trabajo de Maria Cecilia incluye el apoyo técnico a entidades del sector privado para implementar reformas de transparencia e integridad corporativa, a luz de buenas prácticas y estándares internacionales. Antes de unirse al BID, fue Abogada Senior del Departamento Legal y de Compliance de Aes Argentina y de Pampa Energía (Argentina) e integró el equipo de Integridad del Pacto Global de las Naciones Unidas en Nueva York. María Cecilia se graduó en derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna, Italia y un LL.M. (Master of Law) de la Escuela de Derecho de Fordham, Nueva York.

Marcela Duque

Marcela es abogada con Maestría en Derecho Público de Columbia University, especialista en arbitraje de inversiones, gobernanza pública y cumplimiento regulatorio en América Latina. Su experiencia se centra en el desarrollo de estrategias anticorrupción y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT). Ha facilitado la interacción entre sectores público y privado, aportando conocimiento de sistemas legales en América Latina.

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