Los dos lados del mostrador: ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en los funcionarios públicos?

Un conflicto de intereses se produce cuando un funcionario público hace uso de su posición para beneficiar sus intereses personales -como contratar de proveedor a la empresa de un familiar directo, o interferir en la regulación de una industria con la idea de trabajar para ella una vez que acabe su mandato público.

El escándalo de Lava Jato con epicentro en Brasil y remezones en toda América Latina y otras latitudes ha dejado claro que los mecanismos de prevención de conflicto de intereses adoptados en las últimas dos décadas no han funcionado. Nuestras regulaciones tienen fallas, y numerosos funcionarios sin integridad lo han aprovechado para sentarse a los dos lados del mostrador.

Normativa sin músculo

Los ciudadanos que viven en democracia tienen la expectativa que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones, sin buscar beneficios personales o que exista la apariencia de que así fue. A su vez, en los principales cargos del gobierno – en especial los de confianza – se designa a personas por su idoneidad y conocimiento específico del sector que deberán regular y supervisar. El problema se suscita porque cada vez es más frecuente que estas personas provienen del sector privado.

¿Dónde están fallando nuestras leyes? En ocasiones, nuestras normativas tienen definiciones poco operativas y los remedios administrativos que ofrecen son poco prácticos. Además, en muchas instancias vemos cómo los órganos investigadores no tienen el músculo necesario para acceder a la información patrimonial de un funcionario. Por si todo esto no fuera poco, las declaraciones juradas de intereses que los funcionarios están obligados a completar suelen contener campos con información irrelevante o están en formato papel, lo que dificulta la verificación automatizada de los datos.

Ingredientes para el control efectivo del conflicto de intereses

¿Cómo lograr que estas personas puedan ejercer sus obligaciones públicas de manera imparcial, basadas en evidencia y en razones de política pública, y no en función de sus propios intereses? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo hemos preparado un estudio para explorar los desafíos y oportunidades en torno a los sistemas de control de conflicto de intereses. Nuestra conclusión es que cualquier solución pasa por fortalecer tres ejes claramente definidos: el marco legal, el órgano de aplicación, y la declaración jurada de los funcionarios.

• El marco legal debe establecer un esquema amplio de remedios para prevenir los conflictos de intereses, o para remediarlos cuando ya han tenido lugar. Para curarse en salud, es importante que el marco legal incorpore un proceso rápido y confidencial para la evaluación de candidatos a ocupar altos cargos públicos antes de su designación. Prevenir el conflicto de intereses es tan importante como poder actuar con contundencia cuando se detecta. Un buen sistema legal tiene que incluir un amplio catálogo de remedios: desde reasignar las funciones del funcionario hasta su separación del proceso de toma de decisión. También se pueden prever plazos de carencia anteriores o posteriores a ocupar el cargo para evitar lo que se conoce como “puerta giratoria”, la prohibición de ser proveedores del Estado a través de empresas o familiares directos, la obligación de desprenderse de acciones de una empresa, o la de constituir un fideicomiso ciego para que un tercero administre la cartera de bienes de un funcionario sin que éste sepa en qué se invierte.
• Los órganos de control tienen que tener independencia para cumplir sus funciones y contar con suficiente presupuesto y recursos humanos. Dicho órgano debe también establecer qué, cuándo, cómo y ante quién se debe declarar, quiénes pueden conocer la declaración, y qué ocurre en caso de incumplimiento con su presentación. Además, este organismo debería estar encargado de recibir denuncias, realizar investigaciones de oficio y decidir sobre la aplicación de sanciones y/o medidas remediales (recusación, excusación, venta de activos, etc.).
• Declaraciones juradas completas y digitales. Para que el órgano de control sea efectivo, es necesario que pueda manejar una base de datos online con las declaraciones juradas que le permita interactuar con otras bases de datos (registros de empresas y de proveedores del Estado, por ejemplo), para ganar en eficiencia, Las nuevas tecnologías también están jugando su parte. Por ejemplo, la organización de audiencias públicas, la publicación de información sobre concursos públicos y la difusión pública de declaraciones juradas o de las agendas de reuniones de los funcionarios han añadido una dimensión de control y transparencia hasta ahora desconocida.View Post

Establecer una política efectiva de prevención de los conflictos de intereses es una tarea compleja. Es la paradoja de la captura de talento desde el sector público: el Estado quiere poder atraer al mejor talento de cualquier industria, pero al mismo tiempo tiene que asegurarse que los vínculos de ese trabajador con su industria no excedan los límites legales y éticos. En política pública, no se puede tolerar que alguien se siente a los dos lados del mostrador.

Si quieres leer más sobre dónde están las fallas en los sistemas de control de conflicto de intereses, te invitamos a que descarques AQUÍ nuestra última publicación:

Una versión de este artículo fue publicada por el autor en el diario Gestión Perú bajo el título: “Los dos lados del mostrador“.