Que el cambio climático está afectando a nuestras sociedades y a nuestras economías no es novedad. De hecho, el 74% de los latinoamericanos considera que el cambio climático es uno de los riesgos globales más importantes al que nos enfrentamos en este tiempo. Nuestros gobiernos tienen un rol fundamental para frenar este fenómeno y sus consecuencias. ¿Cómo? A través de la inversión pública, instrumentos de fomento, incentivos tributarios y, sobre todo, de regulaciones. ¿Por qué? Las regulaciones condicionan el comportamiento de todos los actores públicos y privados, económicos y sociales. Por eso es clave que los instrumentos que apoyan la toma de decisiones regulatorias sean un reflejo de las prioridades y las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.
En 2015, a través del Acuerdo de París, más de 190 países se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono y a poner en marcha medidas de mitigación. Todos los países de América Latina y el Caribe suscribieron el acuerdo. ¿Por qué? El cambio climático no es sólo una tragedia natural: también es un obstáculo a los esfuerzos de desarrollo económico. Un par de datos: las inundaciones en el norte de Argentina en 2015-2016 representaron un costo de US$3,6 mil millones y el reciente huracán Dorian, además de las pérdidas de vidas, provocó daños a las propriedades que pueden llegar a unos US$7 mil millones, sin considerar la infraestructura afectada.
Los efectos de las regulaciones en el cambio climático (y viceversa)
Los compromisos de los países con el Acuerdo de París se basan en metas de reducción de las emisiones de carbono y apuntan las medidas necesarias para alcanzarlos. Lo importante es que cada país elige su ruta y su ritmo. Costa Rica, por ejemplo, se ha establecido reducir un 25% sus emisiones para el 2030, y Perú un 30%. Ambos países también van a dedicar recursos para apoyar a los sectores más impactados por el cambio en los patrones climáticos ‒tales como la agricultura o la pesca, entre otros.
Medidas de eficiencia energética, promoción de las energías renovables, urbanismo sostenible, reforestación, ordenamiento territorial para proteger la biodiversidad…. Ésas son algunas de las medidas concretas que permiten a un país recortar sus emisiones de carbono y proteger a los sectores más vulnerables al cambio climático. ¿Cómo se llega a eso? En muchos casos, a través de regulación.
Parámetros estratégicos, estandarizados y, sobre todo, fácilmente medibles en el cambio climático
La experiencia internacional nos ha dejado ya algunas iniciativas exitosas para que las regulaciones se vuelvan instrumentos capaces de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático:
- Incluir el cambio climático en los análisis de impacto regulatorio. Es importante alinear las regulaciones con las metas de los países en materia de cambio climático. En la Unión Europea, por ejemplo, desde 2017 se usa el toolbox de Mejora Regulatoria de la UE donde se recomienda que las evaluaciones de impacto de las regulaciones tengan en cuenta su efecto sobre el clima.
- Consolidar metodologías y parámetros para evaluar el impacto del cambio climático. De poco sirve medir el impacto medioambiental de una regulación si no existe un consenso acerca de cómo definir ese “impacto”. Por esto, cada vez más países están desarrollando guías específicas con las metodologías y parámetros que se deben utilizar para generar estas informaciones. Este el el caso de Canadá, que en 2020 va a implementar un nuevo sistema (Evaluación Estratégica de Cambio Climático) que deberá orientar la cuantificación de las emisiones de carbono y la provisión de informaciones sobre medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático.
- Estandarizar la cuantificación de costos de las emisiones de carbono. Un abordaje adoptado internacionalmente para integrar las emisiones de carbono en el análisis de costo-beneficio de una nueva regulación es el “costo social del carbono” que estima el valor monetario del daño causado por cada unidad adicional de gas de efecto invernadero lanzada a la atmósfera.
Cambio Climático: Un largo camino adelante para la región
Todos tenemos mucho que ganar ‒y mucho que perder. Según la CEPAL, si no se reducen las emisiones de carbono para el 2050 el cambio climático va a costar a los países latinoamericanos entre el 1,5 y el 5% del PIB regional (Gráfico 1). En América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía hay un amplio espacio para que las regulaciones realmente incentiven a los actores privados a contribuir a los compromisos climáticos. Asimismo, para aumentar la calidad del gasto público en los próximos años y décadas, va a ser necesario incorporar a las decisiones de inversión pública nuevas consideraciones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.
Gráfico 1
Estimaciones del impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe
(En porcentajes del PIB regional)
Si bien los compromisos asumidos muestran que hay una consciencia creciente de la relevancia del tema, hacer frente al cambio climático requiere más que buenas intenciones. Para que la formulación e implementación de políticas y regulaciones contribuyan realmente al enfrentamiento del problema los próximos años, los gobiernos deberán invertir en la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales todavía incipientes en diversos países de la región, a través de la generación y diseminación de conocimiento, entrenamientos y prácticas de gobernanza que incorporen los múltiples actores de la sociedad.
Una iniciativa interesante es la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria que, compuesta por entes de 12 países, ya ha incluido este asunto como una de las prioridades en su agenda de trabajo para el 2020. Sin duda, un paso que permitirá avanzar la agenda hacia el cumplimiento de los compromisos con la comunidad internacional en el cambio climático y con las futuras generaciones de latinoamericanos.
En ese Acuerdo de París, participaron y firmaron los países desarrollados con mayor incidencia en el deterioro climático ? Hubo alguno que no suscribió el Acuerdo?
Hola Pedro. Los países desarrollados y más relevantes en términos de emisiones de carbono han aprobado o ratificado el Acuerdo de París. Sin embargo, los Estados Unidos informaron que su decisión de retirarse del Acuerdo, con efecto a partir del 4 de noviembre de 2020. La información oficial sobre la ratificación del Acuerdo de París por los países está disponible en el sitio web de las Naciones Unidas https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en#4
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que el problema de la calidad regulatoria son los modelos mentales prevalecientes en los reguladores que hacen que los procesos regulatorios tengan una baja capacidad antocipatoria y adpatativa. Hace falta una transformación de la comprensión de la regulación como una capacidad crítica de los estados para mitigar externalidades negativas, impulsar el desarrollo y garantizar derechos, la que debe ser dinámica y evolutiva con su entorno. felicitaciones
Una cuesrtión adicional: el link del toolbox europeo no funciona. lo podrían compartir?. gracias
El acuerdo de París redactado en Diciembre de 2015, firmado en abril de 2016 y que deberá aplicarse desde 2020 cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kyoto; hasta hace un año atrás fue suscrito por 193 países, entre ellos ratificado por los 55 que son responsables de al menos el 55 % de las emisiones de gases de invernadero, sin embargo de forma sorprendente en el mes de Junio de 2017 Estados Unidos anunció su retirada, entendemos a que existe el riesgo de otros países replicarían la conducta anti ambiental del gobierno norteamericano, debido a que su crecimiento económico tiene como cimiento políticas agresivas orientadas al consumismo, la misma que se traduce en el el incremento global de temperatura. pero al mismo tiempo colisionan con el nuevo discurso y las políticas orientadas hacia una Reducción Global del Consumo.
Hola, soy Arquitecta especializada en la parte social y diplomada en smart city, me interesa mucho el tema del cambio climático!!
Hola a todxs, estoy de acuerdo en que lo que nos urge es crear un marco regulatorio común a favor de la consecución de los ODS, y dentro de un único plan de acción global o planetaria. Creo que ya no cabe permitir que cada país contribuya en la medida de sus deseos o posibilidades. Creo que es necesario marcar el mejor camino y exigirnos a todxs con una buena regulación, conducirnos con la mayor eficiencia en el mismo. Para ello estoy de acuerdo, la implicación de todxs lxs ciudadanxs sin excepción, dentro de un proyecto educativo interesante, atractivo y motivador de escala global nos ayuda a conseguirlo.
Gracias por el artículo.
Si nos preocupa el sucio en nuestra casa, obligemonos a limpiarla; y hagamos entender a nuestros vecinos que no es suficiente esforzarnos limpiando si ellos no colaboran con la limpieza de sus hogares. “Su basura nos perjudica porque todos vivimos en el mismo barrio y lo queremos limpio”. Por analogia, este debe ser el Padre Nuestro de los reguladores; condicionar nuestro comportamiento a la no contaminación y al uso controlado de nuestros recursos, minimizando su destrucción.
De muy poco sirve que algun país sacrifique su economía en preservar sus recursos e invierta parte de su presupuesto en acciones de descontaminacion; si sus países vecinos aumentan sus PIB a costa de la destrucción de sus recursos, generando residuos y contaminando. Algo similar ocurre con los acuerdos o protocolos que se firman en materia ambiental; si un país detecta que su economía sucumbe por tal motivo, entonces incumple tales acuerdos o protocolos sin importarle que los demás resulten afectados.
Venezuela por ejemplo, ostenta exceso de Leyes, Decretos y Normas en materia ambiental y en procesos regulatorios para la protección ambiental y el uso controlado de sus recursos. Pero en la practica las mismas autoridades gubernamentales hacen caso omiso a tales Leyes, Decretos y Normas cuando se trata de obtener beneficios económicos, tal es el caso del mal llamado “arco minero” o extracción aurífera, donde los procesos regulatorios resultan letra muerta.
Los procesos regulatorios igualmente deberían atender la “compensación por servicios ambientales”. Un país que destine parte de su territorio para mantener áreas protegidas en aras de producir recursos de uso colectivo extensivo a otros países o simplemente no explotar sus recursos para mantener ecosistemas útiles al hombre; debe ser compensado. Tal es el caso de la Amazonia Brasileña, que se bien se le llama el “pulmón del mundo”, se observa que ningún otro país destina recursos económicos para la preservación de su foresta o para compensar la población que allí mora y así desestimular a que atente su explotación.
El tema de mitigacion de emisiones de carbono, es complejo para todos los países y mucho más para los países denominados “desarrollados”, porque basan su economía en la producción industrial de bienes que generan todo tipo residuos. En consecuencia, si estos paises no se alinean, acuerdo alguno seria sólo un intento de cambio frustado.
De ser así, parecería que los “acuerdos” estarían orientados para
que los demás países no desarrollen ciencia y tecnología que les permita mejorar sus economías de manera spstenible
Disculpen, quienes intervienen en la mitigación