Muchos perciben las cuentas públicas en América Latina y el Caribe como una caja oscura, llena de oportunidades para la corrupción y despilfarro. Pero a ciencia cierta es difícil saber con precisión si los recursos de los impuestos pagados por trabajadores y empresas y los ingresos fiscales de los recursos naturales que exportan muchos países de la región están siendo bien administrados.
Más difícil aún es hacer comparaciones basadas en datos equiparables para poder decir si este o aquel país se administra mejor.
Una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) trata de arrojar luces para entender como los recursos públicos son utilizados por los gobiernos de la región.
La nueva publicación Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2014 – Innovación en la Gestión Pública Financiera pone a disposición por primera vez datos comparativos entre los países latinoamericanos y caribeños y los países miembros de la OCDE, que incluyen algunos de los países más ricos del planeta.
La publicación incluye 31 indicadores sobre las finanzas públicas, el tamaño relativo de los gobiernos, los procesos presupuestarios y los sistemas de compras, entre otras. Algunos datos parecen confirmar algunas percepciones públicas, pero otros desafían la incredulidad ciudadana.
El análisis de los 31 indicadores de la mencionada publicación permite arribar a algunas conclusiones interesantes. Partamos por lo bueno.
- La representación política de las mujeres en la política está aumentando en ALC. En los países de ALC el 21% de los ministros era de sexo femenino en 2012. Ese mismo año las mujeres ocupaban el 20% de los escaños parlamentarios en la cámara baja o la cámara única del Congreso o Parlamento, y estas dos cifras han aumentado desde 2005. En comparación, en los países de la OCDE las mujeres ocupaban el 25% de los cargos parlamentarios y ministeriales.
- Los países de ALC están usando la innovación en finanzas públicas y el presupuesto para hacer más con menos. Numerosos países de la región han adoptado prácticas presupuestarias con el fin de asegurar una mayor disciplina fiscal y una sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Entre estos instrumentos se encuentran las reglas fiscales, que se aplican en 10 países de ALC en un esfuerzo para aumentar la estabilidad macroeconómica. Ocho países de ALC han adoptado marcos de gastos de mediano plazo (MTEF, por sus siglas en inglés) para manejar con disciplina los presupuestos por varios años hacia adelante, de acuerdo a los ingresos disponibles. Por otro lado, 11 países de ALC (de los 17 encuestados) han creado marcos presupuestarios que buscan medir los resultados concretos de lo gastado por el gobierno.
- La contratación pública electrónica y la disponibilidad pública de documentos de contratación es una práctica generalizada en los países de ALC. Los sistemas de contratación pública en los países de ALC movilizan hasta el 20% del PIB, lo cual los ha convertido en un componente esencial de las administraciones públicas y en objeto de numerosas reformas en los últimos años. Los países de ALC han realizado un progreso importante para garantizar que la información sobre las contrataciones esté disponible, y actualmente todos los países cuentan con un sistema de contratación pública electrónica accesible a los ciudadanos. Sin embargo, se podrían lograr mayores avances en el uso de la contratación como instrumento estratégico de gobernanza; solo el 40% de los países de ALC incorpora objetivos sociales y del medio ambiente en el proceso de licitación y contratación pública.
Y ahora los retos
- Los gobiernos de la región son relativamente pequeños, comparados con los países más ricos. En 2010 el empleo público en la región de América Latina y el Caribe (ALC) representaba un 10,7% del total de la fuerza laboral; en 2011 los gastos de la administración pública correspondieron al 27,8% del producto interno bruto (PIB). En los países de la OCDE, estas cifras eran del 15,3% y el 45,2%, respectivamente. Además, al contrario de la OCDE, los gobiernos de ALC dedican una parte sustancialmente menor del gasto público a beneficios sociales y transferencias a sus ciudadanos.
- Los niveles de inversión pública en ALC son todavía bajos y los gobiernos se enfrentan a importantes restricciones presupuestarias. En promedio, en 2011 la inversión pública fue el 2,6% del PIB en los países de ALC. Estos niveles son relativamente bajos cuando se comparan con otras regiones en desarrollo. Además, numerosos gobiernos se enfrentan a una cantidad importante de gastos ya comprometidos con anterioridad en el presupuesto, lo cual limita la posibilidad de crear espacio fiscal para invertir más en la reducción de la pobreza.
Además, por primera vez se recopila información comparable sobre los salarios y beneficios (compensación) de los empleados públicos en 8 países de ALC. Los datos nos indican que, en promedio, la compensación anual de un directivo superior en la administración pública equivale a 11,3 veces el ingreso promedio de la economía (también referido como el PIB per cápita) en los países de ALC, comparado con 5,9 veces en los países de la OCDE. En la OCDE la compensación promedio del personal directivo superior equivale a casi 5 veces la de una secretaria, esa cifra es de casi 7 veces en la región de ALC.
La revisión y el uso de los indicadores comparativos de libre disponibilidad en Panorama de las Administraciones Públicas: Innovación en la Gestión Pública Financiera, promete ser de gran utilidad para administradores públicos, analistas de políticas públicas, académicos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos bien informados, para obtener sus propias conclusiones sobre si los gobiernos de nuestra región están siendo bien administrados y los recursos públicos están siendo bien utilizados.
Libre Acceso a la Información Pública, Participación y Gobierno Abierto en República Dominicana
En el marco de una administración publica moderna que encaje favorablemente en el contexto del siglo XXI, se hace necesario el desarrollo de los gobiernos abiertos con la finalidad de crear espacios de participación y colaboración ciudadana donde puedan involucrarse todos los grupos de interés y actores clave que inciden y al mismo tiempo reciben como usuarios el impacto final de la ejecución de políticas publicas. Obviamente, me estoy refiriendo, a los distintos sectores de la población, organizada muchas veces en sociedad civil, convirtiéndose en personas que evalúan el desempeño de la gestión publica, a través de su satisfacción manifiesta.
De manera que, para lograr la consolidación de un gobierno abierto, se requiere que esté manifiesta la participación de las personas, haciéndolas parte integral de los procesos sociales, económicos y políticos que se desarrollan en su país. En este sentido, la Ley 176-07 de los Municipios y del Distrito Nacional, establece un ambiente propicio para lograr cierto nivel de participación ciudadana, cuando habla de la figura del Cabildo Abierto, significando esto que ciertas sesiones del órgano normativo (Sala Capitular) de la entidad municipal, podrán celebrarse en los barrios de manera abierta, publica y participativa.
En ese mismo orden, vemos que otra conquista para la participación lo constituye el Presupuesto Participativo, un modelo que tiene su origen en Brasil a finales de los años 80 y que con más de una década de implementación en la República Dominicana se ha convertido en una innovación a destacar. Es un mecanismo democrático de tipo deliberativo o de participación directa, que involucra a los ciudadanos en las toma de decisión relativas al presupuesto.
La promoción de la participación tiene un avance destacado con la creación del Consejo Económico y Social, que establece la Constitución dominicana en su artículo 251, teniendo a este Consejo como un mecanismo esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento de la paz social.
Sin embargo, no podemos hablar de Gobierno Abierto como un modelo de gestión donde los temas de la administración pública están abiertos a la ciudadanía creando espacios permanentes de participación y garantizando transparencia y rendición de cuentas de la cosa pública, sino tenemos un real y efectivo acceso a la información pública. Es decir, que todos los beneficios que se obtienen de un gobierno abierto tales como participación, transparencia, rendición de cuentas, simplificación de trámites, ventanilla única, carta compromiso y gobierno electrónico deben tener como base el libre flujo de la información.
El año 2004 ha sido paradigmático en la gestión pública dominicana, pues se promulgó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Num.200-04, convirtiéndose en un instrumento de mucho valor de cara a reducir el nivel discrecional con que se manejaban y decidían las cosas en RD. Es una herramienta que permite a los ciudadanos, solicitar de manera veraz y sujeto a plazos de entrega, información pública a los entes y órganos del Estado dominicano.
Nótese que he mencionado que debe entregarse la información en un tiempo establecido y es que para lograr la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, el órgano llamado a dar la asistencia debe tener plazos de entrega para que el servicio sea de calidad y en tiempo oportuno. Es por lo anterior que, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha desarrollado una herramienta que promete cambiar la cultura deficiente de los servicios públicos, estamos hablando de la Carta Compromiso, considerada como un acuerdo que la institución hace con sus usuarios para que toda persona sepa el tiempo que se lleva un trámite, debiendo estar un letrero en la pared que establezca estos datos para el público. Vale destacar que las instituciones que han ganado el Premio Nacional a la Calidad, han tenido que implementar esta carta compromiso.
Retomando el tema del acceso a la información, es necesario señalar que bajo esta ley los usuarios no pueden recibir la negación de la información por dirigirse a la institución equivocada, pues esta normativa exige que la institución recipiente canalice la solicitud al órgano correspondiente, por lo cual la solicitud siempre llegará a su destino final.
La cara de las instituciones ha cambiado, puesto que a la entrada no solo está la persona de la recepción, sino que en el mismo salón se encuentra el Área de Libre Acceso a la Información, con una persona responsable del tema, teniendo que recibir las solicitudes.
No obstante, debo reconocer que todos estos avances que he tratado en esta entrega, de nada sirven sino tenemos una sociedad organizada y empoderada que se involucre en los procesos políticos y sociales de la nación como una vía pacifica para lograr los cambios necesarios que requieren los nuevos tiempos. Ya los países no son aldeas, el mundo se dirige a la integración y de esta misma manera bien podrían adoptarse modelos exitosos de gobierno abierto a través de las mejores prácticas de algunos países. Con relación a esto, los organismos internacionales están haciendo un trabajo formidable promoviendo estas ideas y ya los estudiosos de esta corriente han convertido el hashtag #GobiernoAbierto en una tendencia mundial.
Geovanny Vicente Romero
Abogado, Politólogo y Académico.
Centro de Políticas Publicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD) @cpdlrd #PNJ2015 #CPDLRD #CPDLRDLIDERAZGO
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