Innovación gubernamental, ¿un oxímoron? Alrededor del mundo, y de forma incipiente en América Latina, los laboratorios de innovación se esfuerzan por comprobar que no. Un nuevo estudio del BID analiza las características y desafíos de estos laboratorios y elabora recomendaciones para su efectividad.
¿Qué son los laboratorios de innovación?
Aunque la heterogeneidad es grande, muchos son concebidos como espacios dentro del gobierno en los que el fracaso es una alternativa aceptable. En América Latina, el 86% de los laboratorios de innovación gubernamental cuenta con aceptación tácita a prácticas de ensayo y error. En un contexto donde el fracaso puede implicar altos costos presupuestales, problemas a millones de ciudadanos o la interrupción de carreras políticas, la existencia de este tipo de espacios para el testeo de nuevas ideas puede marcar una diferencia.
Algunas de estas entidades, creadas para asumir riesgos y gestionar proyectos innovadores –y, por ende, cuyo resultado no es claro con antelación- cuentan con capacidades para la iteración de pilotos y la evaluación de su impacto. No se trata únicamente de crear espacios con mayor flexibilidad y tolerancia al fracaso, sino principalmente de dotarlos de herramientas para la gestión eficiente de los riesgos, testeando sus iniciativas en ambientes controlados para generar aprendizajes claros antes de escalarlas.
¿Cómo se componen?
Los laboratorios son espacios para el intercambio de ideas desde diferentes disciplinas y voces diversas. Sus funcionarios no solo tienen distintas profesiones, desde la ingeniería y la ciencia de datos hasta la antropología y el diseño, sino que también provienen de diversos sectores, incluyendo empresas, universidades, ONGs y el propio gobierno.
¿Con quién trabajan?
A nivel interno, muchos laboratorios operan como “socios en la innovación” de los diferentes organismos de un gobierno. Así, por ejemplo, en Chile el Laboratorio de Gobierno apoya al Ministerio del Interior y al Ministerio de Vivienda en el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas causados por desastres naturales, entre otros proyectos en los que apoya a instituciones diferentes. Otros, como el Mobilab de Sao Paulo, tienen un enfoque más marcadamente sectorial y están estrechamente vinculados a un organismo en particular, como la Secretaría Municipal de Transporte en nuestro ejemplo.
A nivel externo, estas unidades operan en conjunto con sectores como la academia, ONG y empresas privadas. De hecho, en América Latina, todos los laboratorios encuestados por el BID han trabajado al menos uno de sus proyectos en colaboración con ONG y académicos, mientras que el 77% lo ha hecho con el sector privado.
Innovación para el Gobierno Abierto
Gran parte de los laboratorios de la región trabaja principalmente en iniciativas de Gobierno Abierto, con muchos de sus proyectos destinados a incorporar a los ciudadanos en procesos de política pública. Por ejemplo, estas unidades han sido las gestoras de plataformas de participación ciudadana como mi Quito, mi Medellín, Bogotá Abierta y Ágora Rio. Otros, como el laboratorio de innovación de la ciudad de Buenos Aires, han liderado proyectos de apertura de datos gubernamentales y construcción de comunidad con emprendedores locales.
Trabajando en colaboración con ciudadanos, los laboratorios no solo aportan efectividad a las políticas sino que también logran que estas respondan a las verdaderas necesidades de la población. En Uruguay, el Laboratorio de Innovación Social emplea prácticas de design thinking y diseño centrado en el humano para reformar trámites y servicios públicos. A partir de la co-creación con los usuarios y el empleo de técnicas etnográficas como la observación participante, este equipo apoya a los organismos del gobierno uruguayo a rediseñar sus trámites para ponerlos en línea y adaptarlos a las perspectivas de los usuarios.
El surgimiento de los laboratorios es una tendencia reciente y en pleno crecimiento. Aunque crear laboratorios no es la única manera de promover la innovación, es probable que su contribución a los gobiernos sea de gran utilidad, especialmente bajo ciertas condiciones explicadas en el estudio. Identificar su valor agregado y sus propios riesgos es fundamental para avanzar en la modernización de los Estados y la construcción de gobiernos más abiertos.
El estudio será presentado en el Diálogo Regional de Políticas de Gobierno Abierto, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 13 y 14 de octubre de 2016.
Descargue el estudio haciendo click aquí.
Sobre el autor
Sebastián Acevedo es consultor del BID en la División de Capacidad Institucional del Estado. Desde allí ha trabajado en proyectos de innovación en gobiernos, gobierno abierto y uso de datos masivos en el sector público. Ha sido miembro de GobAPP, el laboratorio de ideas del BID. Antes de incorporarse a la división, trabajó en el área de Monitoreo y Evaluación de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID y realizó investigación sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación, política industrial y relaciones Estado-empresarios. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Sigue a Sebastián en Twitter @sebasacv2
Deja un comentario