Algunos años atrás, las escuelas de las comunidades más ricas de Belice recibían hasta veinte veces más recursos públicos por estudiante que las demás. De hecho, en ese momento, el financiamiento de la educación secundaria era una mezcla extraña de subvenciones con transferencias, ambas provenientes de las más distintas fuentes.Pero, de todas estas subvenciones, las más importantes eran las destinadas a pagar los sueldos de los maestros. En ese sentido, al no haber establecido límites desde el principio sobre cuáles materias se financiarían con los fondos públicos, algunas escuelas de las zonas urbanas más prósperas e influyentes optaron por ofrecer un currículo más amplio y sofisticado que las pobres.

Así, poco a poco, comenzaron a disponer de más y más maestros, quienes a su vez recibían salarios más elevados por antigüedad y nivel de formación académica. El lamentable resultado fue que las escuelas más ricas lograron acceder a una parte desproporcionada del financiamiento educativo público, mientras que aquellas que atendían a los estudiantes con menos recursos a veces ni siquiera tenían suficientes profesores para enseñar las materias básicas.

En 2009, el Ministerio de Educación de Belice y el BID se arremangaron la camisa y se propusieron iniciar la ardua labor de descifrar la cantidad exacta de recursos que se transferían a cada escuela. La tarea fue casi comparable con una excavación arqueológica, pero logró que quedara en evidencia que sí existía una distribución inequitativa dentro del sistema educativo. Ahora, el nuevo desafío era la reforma y esta parecía aún más cuesta arriba. El reto, por supuesto, recordaba al legendario Robin Hood: tomar de los ricos para ayudar a los más pobres.

El gobierno puso manos a la obra e inició un largo diálogo con las escuelas privadas, el sindicato de maestros y los líderes religiosos, entre otros. La reforma generó revuelo entre ciertos grupos, pero una campaña informativa pública bajo el lema ‘Es justo Belice, es el momento’  ayudó a asegurar que el público apoyara ampliamente la equidad en el financiamiento educativo y la igualdad de oportunidades por parte de todos los estudiantes a un currículo básico.

La nueva fórmula de financiamiento es simple, sencilla y equitativa. Se basa en la matrícula y reemplaza los reembolsos, los cuales eran sumamente complejos y antes se hacían para cubrir salarios y gastos operativos. Su objetivo final es que todas las escuelas reciban la misma transferencia por estudiante, además de ofrecer recursos adicionales a los centros que atienden a estudiantes en situación de riesgo o con necesidades especiales. Aunque la implementación ha sido gradual y la reforma durará varios años hasta que las escuelas se adapten a los nuevos niveles de financiamiento, los logros de Belice son un motivo de celebración. La brecha de financiamiento público entre los estudiantes ubicados en el 10% más rico y en el 10% por ciento más pobre de la población se redujo en un 20 por ciento. Por supuesto, algunos cambios han sido más dramáticos que otros. Por ejemplo, en la secundaria del distrito de Corozal, el gasto público por alumno se incrementó en un 123 por ciento en tan sólo un año, mientras que en las escuelas que han sufrido recortes, estos han alcanzado hasta un modesto 26 por ciento.

Curiosamente, las escuelas que han requerido más asistencia técnica para adaptarse a los nuevos niveles de financiamiento no son las que ahora reciben menos, sino aquellas que disponen de recursos adicionales. El desafío es utilizar estos nuevos fondos para mejorar la calidad de la educación y no simplemente para ofrecer más de lo mismo. Adicionalmente, los cambios han estimulado la colaboración entre escuelas. Ahora muchas comparten a los maestros que enseñan las materias no básicas.

No obstante, los beliceños no son los únicos que deben prestar atención a cómo lograr que el financiamiento público a la educación sea más equitativo. A lo largo de América Latina y el Caribe, también existen sistemas de financiamiento educativo que carecen de transparencia y coherencia, y que tienen una necesidad similar de cambiar. Esperemos que la reforma histórica de Belice inspire a otros a seguir su ejemplo y a embarcarse en esfuerzos para aumentar la equidad del financiamiento público a la educación. Es justo, es el momento.

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