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Cárceles en crisis. ¿Hay que darles cuchillos a los presos?

Pacora manos carcel¿En qué se parecen muchas de las prisiones latinoamericanas a las cárceles noruegas? Si bien las similitudes son pocas, en ambas los detenidos llegan a portar potenciales armas letales.

De entrada aclaremos que esto no ocurre por las mismas razones.

En las cárceles de la región, los reclusos hacen armas caseras para defenderse y ejercer control sobre otros internos. En Bastøy, una cárcel al sur de Oslo, se las dan: los condenados por delitos graves tienen acceso a hachas, cuchillos y tijeras, puesto que trabajan de leñadores, cocineros o jardineros al interior del centro.

Es una diferencia paradigmática importante. Mientras que en la filosofía noruega, a los internos peligrosos se les da un empleo para crear un sentido de responsabilidad con el objetivo de rehabilitarles y reincorporarles de lleno a la sociedad, en América Latina las políticas de rehabilitación palidecen a lado de las de mano dura, como el Plan Escoba en Guatemala, la Ley Antimaras en El Salvador, y la Política de Cero Tolerancia en Honduras, cuyo enfoque no es reinsertar, sino castigar y encarcelar más. Se supone que eso quieren los votantes.

presidioPrimero de una serie de tres posts sobre la crisis en las cárceles de América Latina. Más adelante, las cárceles y las mujeres, y el tipo de rehabilitación carcelaria que funciona. Suscríbase a nuestro blog para no perderse ningún post.

En efecto, América Latina es adicta al encarcelamiento. Dos de cada diez privados de la libertad en el mundo son latinoamericanos, pese a que la región concentra el 9% de la población mundial. Si bien Estados Unidos es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, la situación carcelaria en América Latina ha empeorado visiblemente en los últimos años. La información más reciente del Instituto para la Investigación de Política Criminal (ICPR, por sus siglas en inglés) indica que, entre centros penitenciarios federales, cárceles estatales, correccionales locales y celdas preventivas, más de un millón y medio de latinoamericanos están tras las rejas.

No hay indicios de que las políticas de encarcelamiento masivo se reviertan, a diferencia de lo que ocurre en Noruega, los Países Bajos y Suecia. Al contrario, en apenas poco más de dos décadas –de 1992 a 2013– la tasa promedio de encarcelamiento de la región escaló vertiginosamente, pasando de cerca de 100 presos por cada 100,000 habitantes a casi 250, superior a Arabia Saudita (163), China (119) o Egipto (75), y muy por encima del promedio mundial de 146 reclusos por cada 100,000 habitantes. Según el ICPR, la tasa de encarcelamiento de mujeres latinoamericanas (31) es por sí sola superior a la tasa total (hombres y mujeres) de Guinea (27), Liechtenstein (22) e Islandia (14). La situación es especialmente crítica en países como Brasil (301), Costa Rica (352) y El Salvador (506).

El reto de los sistemas de justicia en cualquier parte del mundo es evitar la reincidencia de manera permanente. Y la rehabilitación es un elemento clave para ello. Sin embargo, en América Latina, las condiciones de vida en las cárceles son tan calamitosas que tienen impactos biológicos y psicosociales perniciosos para la reinserción del individuo. Las tasas nacionales de reincidencia exceden con frecuencia el 60%. Compárelas con la de Noruega, que está muy por debajo del promedio mundial con un 20%. En Bastøy, la cifra es del 16%. Al menos hay tres razones que explican por qué el proceso de rehabilitación en el sistema penitenciario de la región no ha sido exitoso.

  • Es un sistema saturado. El encarcelamiento masivo está atiborrando las cárceles de la región y la mayoría de las prisiones aloja a más reclusos de lo que su capacidad permite. En el mejor de los casos –el de Argentina–  los centros penitenciarios operan al 103% de su capacidad. Esta sobrepoblación es, sin embargo, modesta para los estándares de la región, donde el hacinamiento es un problema endémico. Los datos del ICPR indican que una cárcel para 100 internos alberga a 154 en Brasil y a 190 en Honduras. Los penales de Bolivia y El Salvador operan al 270% y 325% de su capacidad, respectivamente. Desde luego, no es posible concebir la noción de que si un recluso dispone, en promedio, de un espacio físico de cerca de un metro cuadrado, pueda embarcarse en un proceso de readaptación exitoso, saludable y apegado a los derechos humanos.
  • Es un sistema sesgado. Las cifras sugieren que delinquir trae consecuencias, pero trae más para los que menos tienen. Un estudio reciente del Centro de Investigación y Docencia Económicas sobre la población carcelaria en México refleja que las autoridades tienden a aprehender a delincuentes de bajo perfil: casi la mitad de la población en reclusión era autoempleado o se desempeñaba como obrero, albañil, campesino o jornalero y el 66% de los recluidos por robo son por montos menores a 650 dólares. En Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento de los latinos duplica la de los caucásicos. Las cárceles castigan desproporcionadamente a  los pobres, que no pueden financiar asistencia jurídica y defenderse de un sistema penitenciario dilatado y deteriorado.
  • Es un sistema ineficiente. Inocentes o no, un número contundente, del Pacora4orden de los cientos de miles, de latinoamericanos están en prisión –a veces por meses e incluso por años– a la espera de tener un juicio. Aunque no hay datos exactos sobre la duración promedio de la detención antes del juicio, el porcentaje de presos en detención preventiva en América Latina y el Caribe es inquietantemente elevado, dejando en claro que el uso de la prisión preventiva no es racionalizado y excede las capacidades humanas de los magistrados: De acuerdo con las cifras del ICPR, tres de los diez países con los índices de detención antes del juicio más altos del mundo son de la región: Haití está en noveno lugar, con 73%; Paraguay se ubica en el sexto escaño, con 76%; y en segundo lugar global, Bolivia, con 86%, se posiciona tan solo detrás de Libia. Con excepción de Chile, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, todos los países de la región sufren de tasas superiores a la media mundial de 32%.

Estas razones hacen que, encima de todo, el sistema penitenciario sea muy caro. La sobrepoblación del sistema penitenciario impone elevados costos para la economía. Concretamente, en México se gasta más en reclusos que en estudiantes. Dentro del Sistema Penitenciario Mexicano se erogan aproximadamente 140 pesos diarios para mantener a un reo, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invierte en su sistema de bachilleratos 115 pesos por día por cada alumno. A nivel macroeconómico el impacto es significativo. En nuestro libro sobre los costos del crimen en el bienestar de América Latina y el Caribe, se estima que mantener al sistema penitenciario cuesta entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales del producto interno bruto. Si la cifra le parece minúscula, considere que la magnitud es equivalente al costo de financiar en su totalidad a los principales programas gubernamentales para el combate a la pobreza en México (Prospera) y Brasil (Bolsa Família).

Dados estos problemas, es necesario hacer hincapié en que la encarcelación debe ser la última instancia entre un amplio espectro de medidas preventivas y restaurativas con menores efectos criminogénicos y mayor eficacia económica. Hay un arsenal de herramientas para que el sistema penitenciario de América Latina y el Caribe reforme al individuo en lugar de inducir a la reincidencia; para que deje de ser reactivo al crimen y prevenirlo en su lugar. La agenda de conocimiento de seguridad ciudadana y justicia del BID presenta evidencia sobre líneas de acción con efectividad probada, como monitoreo electrónico, programas de rehabilitación, suspensión de mecanismos de disciplina extrema, trabajo comunitario, y tribunales de tratamiento de adicciones, que además de presentar resultados más favorables en términos de una futura reinserción de las personas, son menos costosas.

El diseño y la implementación de estas políticas penitenciarias alternativas debe ser por tanto instrumental para frenar el extraordinario crecimiento de la población privada de la libertad y, asimismo, garantizar un efectivo sistema penitenciario en el que los reclusos tengan oportunidades para una readaptación social perdurable. Parafraseando a Camus, es en la cárcel donde realmente se aprecia la capacidad institucional del Estado. No hay otro espacio donde éste realice funciones tan exigentes en nombre de la sociedad y sea tan legítimo responsable del bienestar, la dignidad y la seguridad de las personas.

Ahora bien, ¿qué políticas penitenciaras alternativas son las que han tenido un impacto más positivo y cuáles se han implementado exitosamente en América Latina? De esto trataremos en nuestro próximo post.

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Crédito foto: Paula Corzo

Roberto Guerrero
Sobre el autor
Roberto Guerrero Compeán es economista de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha centrado su investigación en los campos de la gestión del riesgo de desastres, la economía del cambio climático y medioambiente, el combate a la pobreza y la evaluación de programas en América Latina y el Caribe. Su investigación "Vulnerabilidad, subsistencia y calentamiento global en México: El impacto de los choques climáticos en el bienestar social", recibió el primer lugar del Premio Banamex de Economía 2013, otorgado por el Banco Nacional de México. Roberto ha sido economista e investigador del Brooks World Poverty Institute en la Universidad de Manchester, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el Programa Mundial de Alimentos, la Iniciativa de Cambio Climático de la Unesco y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Obtuvo licenciaturas en economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Tiene una maestría en desarrollo internacional y un doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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