Por Arnaldo Posadas
Hace poco, nuestro directorio ejecutivo aprobó un crédito por US$60 millones para ayudar a Guatemala a reducir la impunidad. Para saber más sobre nuestro trabajo en el área de justicia, los invitamos a conocer este proyecto.
En Guatemala, al igual que muchos países de la región, la impunidad es un problema serio. El 98% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público quedan impune, es decir, sin sentencias condenatorias, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La baja probabilidad de ser enjuiciado contribuye al aumento de la delincuencia en un círculo vicioso. Muchos ciudadanos tienen la percepción de que es inútil presentar denuncias, con lo cual muchos crímenes violentos no son reportados. Esto dificulta aún más formular políticas efectivas para contrarrestar el crimen y la violencia.
¿Qué hacer?
Junto al gobierno de Guatemala, montamos un proyecto para aumentar la eficacia del Ministerio Público, para que pueda procesar las denuncias que recibe e investigar y llevar a juicio los delitos de más alto impacto social. La idea es mejor aprovechar el uso de los recursos de la institución, mejorar la calidad de las acusaciones que preparan los fiscales para su consideración ante los jueces del Organismo Judicial, y una reducción de los tiempos de respuesta para atención al ciudadano.
El programa contempla una reingeniería de los sistemas internos del Ministerio Público, incluyendo una depuración de casos, una mayor automatización para acelerar el registro de algunas denuncias recurrentes (como pérdida o robo de móvil), y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y su capacitación, entre otros.
El programa también procura mejoras en el uso de datos estadísticos para sustentar la toma de decisiones en diversas áreas del Ministerio Publico.
También se financiará la ampliación de la sede actual del Ministerio Público para resolver la congestión actual de espacios y acercar la unidad de investigaciones criminalísticas a las fiscalías concentradas en dicha sede, y se financiarán estudios de victimización y percepción a nivel nacional para medir confianza en el sector justicia. Igualmente, se ajustará el sistema de gestión de casos, particularmente para delitos de maltrato a menores y violencia contra la mujer en la Fiscalía Distrital en Jalapa.
Entre otros impactos, el programa busca aumentar el número de sentencias anuales por fiscal de tres a cinco en cinco años y bajar el tiempo de procesamiento. Un ejemplo de este último es en cinco años reducir el número de días entre la fecha de recepción de la denuncia para delitos contra menores de edad y la presentación de una solicitud de acusación, de 307 a 200.
Por supuesto, una reforma del ministerio público en sí no resolverá el problema de la delincuencia. Sabemos que el crimen y la violencia son fenómenos complejos y multidimensionales. Pero una parte importante de la solución es un ministerio público que sea más efectivo.
Foto: Renata Avila, Flickr CC
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