Hace un tiempo he tenido la intención de escribir una entrada sobre el impacto de las instituciones políticas sobre la corrupción, con base en un interesante artículo sobre elecciones municipales en Brasil. El trabajo muestra que la posibilidad de la reelección ayuda a disciplinar a los políticos corruptos.
Alcaldes que cuentan con el incentivo de ser reelectos se apropian indebidamente de recursos un 27 por ciento menos que alcaldes que no pueden ser reelectos. Estos efectos son más pronunciados en los municipios con menos acceso a información y donde la probabilidad de castigo judicial es menor. En general, nuestros resultados sugieren que las reglas electorales que realzan la responsabilidad política juegan un papel crucial en restringir el comportamiento corrupto de un político.
Un artículo reciente muestra que en España los votantes podrían pasar por alto o incluso recompensar prácticas corruptas cuando se reparten las rentas generadas por el acto corrupto:
[…] encontramos que los alcaldes corruptos pierden un promedio de 2% de votación frente a alcaldes honestos. Sin embargo, éste número esconde una heterogeneidad valiosa ya que mientras los alcaldes que emprenden prácticas corruptas que reducen el bienestar sufren una penalización de aproximadamente 4%, aquellos que proveen rentas a los ciudadanos sobreviven ilesos al veredicto electoral. Resumiendo, los votantes miran hacia el otro lado si obtienen beneficios de ella.
Valga recordar que en Brasil, los alcaldes son electos por votación popular directa y están limitados a una reelección inmediata. En España, los votantes eligen a los concejales y éstos a los alcaldes, quienes pueden ser reelectos indefinidamente.
¿Un grado más de separación?
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