Durante la tercera edad, el riesgo de caer en la pobreza aumenta sustancialmente tanto por la disminución en la capacidad para realizar una actividad laboral y asegurar un ingreso, como por el hecho de que los gastos suben con el deterioro de la salud y el aumento de discapacidades.
Las políticas de pensiones no solo apuntan a aliviar la pobreza, sino también a proveer seguridad a los adultos mayores que corren peligro de caer en ella. Sin embargo, los sistemas de pensiones en los países en desarrollo tienen un potencial limitado debido a su baja cobertura. Tal es el caso de El Salvador, en donde menos del 20% de los adultos mayores se encuentra cubierto por el sistema formal de pensiones.
Con el propósito de compensar la disminución de las oportunidades y ayudar a los adultos mayores a enfrentar su creciente vulnerabilidad, el gobierno de El Salvador implementó el Programa Nuestros Mayores Derechos.
Su componente principal es la pensión básica universal o PBU, a través de la cual se entregan 50 dólares mensuales a todas las personas mayores de 70 años que habitan en los municipios más pobres del país.
El gobierno de El Salvador solicitó apoyo técnico al BID para realizar una evaluación de impacto del programa. Para ello se utilizó la metodología de variables instrumentales, utilizando la edad como el instrumento.
A seis años de su implementación, con esta transferencia de efectivo se logró duplicar de 43 a 84 dólares mensuales el ingreso de los hogares con adultos mayores. Sin embargo, la PBU ha surtido un efecto de desplazamiento en las remesas de familiares y amigos de casi 5 dólares mensuales.
No obstante, el efecto neto de la pensión es suficientemente significativo para reducir en 13 puntos porcentuales la probabilidad de que los adultos mayores participantes queden en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
En la evaluación se estableció que el uso más importante que los participantes dan a este recurso adicional es la compra de alimentos y bebidas (54%), seguido de consultas médicas, medicamentos, vitaminas y suplementos (21%). Esta posibilidad de comprar más alimentos se traduce en una disminución del 17% en la inseguridad alimentaria.
Una de las beneficiarias de es pensión afirma que ésta, además de permitirle incorporar alimentos como huevos y carne a su dieta diaria de tortillas, frijoles, arroz y café, ha hecho posible trasladar a su hermana discapacitada a sus chequeos médicos mensuales gracias a que ahora puede pagar un taxi para transportarla.
La PBU también disminuye la participación del adulto mayor en el mercado laboral. El programa logró reducir a la mitad la probabilidad de que el adulto mayor realice alguna actividad asalariada. La pensión permite la jubilación laboral temprana.
Más aún, la transferencia tiene efectos adicionales en otros miembros del hogar: la probabilidad de que un joven de entre 11 y 18 años se matricule en la escuela es un 8% mayor para aquellos que viven con un adulto mayor que obtiene la pensión.
El programa no mostró ninguna evidencia en cuanto a efectos en términos de salud, empoderamiento o crédito. Los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, otro componente de Nuestros Mayores Derechos, brinda servicios tanto a participantes como a no participantes de la PBU, lo que hace imposible diferenciar algún impacto particular del componente de la pensión en esta materia.
Sin embargo, los participantes de la PBU muestran una mayor propensión a buscar atención médica. En relación con su empoderamiento, la pensión solo parece tener efectos moderados. La mayoría de los participantes considera que el hecho de recibir la transferencia no altera la dinámica familiar o comunitaria y poco influye en el respeto que otros miembros del hogar o la comunidad pudieran mostrarles.
En resumen, la PBU muestra impactos muy positivos en el apoyo a los adultos mayores para enfrentar su creciente vulnerabilidad. Sin embargo, estos resultados reflejan el alcance que ha tenido el programa únicamente para los participantes que habitan en las 32 áreas más pobres del país. La posibilidad de extrapolar estos efectos al resto de la población participante es incierta.
En cualquier caso, dados los niveles actuales de participación en la PBU, es de esperar que se logren impactos similares entre la población de escasos recursos que aún no se ha podido beneficiar del programa. Este ha sido implementado por etapas y ya llega a los 82 municipios más pobres del país.
Algunos de los artículos que pertenecen a esta serie son:
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