Por: Ana Corbacho y Carlos Scartascini *
Crimen y violencia son grandes preocupaciones para América Latina y el Caribe. La región sufre de la tasa de homicidios más alta del mundo, y ha alcanzado en los últimos años más de 25 muertes por cada 100.000 habitantes, triplicando el promedio mundial. La región también se ve afectada por la delincuencia común, que victimiza a más del 10 por ciento de la población y el 30 por ciento de las empresas. Como era de esperarse, el crimen y la violencia se han convertido en la principal preocupación de los ciudadanos de acuerdo con las encuestas de opinión pública.
Como reto de política, crimen y violencia han ocupado una porción significativa de los recursos y esfuerzos de los gobiernos de la región. Sin embargo, queda mucho por hacer para entender mejor tanto las raíces como las consecuencias negativas de este fenómeno.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido pionero en el establecimiento de un programa de investigación riguroso que busca cuantificar las diferentes dimensiones de los costos de la delincuencia y la violencia. “Costear” el crimen es un primer paso en el proceso de informar el debate sobre políticas públicas y de proporcionar herramientas para el análisis sistemático de la relación costo-efectividad de las políticas de seguridad ciudadana promovidas por los gobiernos. Parte de este trabajo se presentó en un evento patrocinado por el BID entre el 24 y el 25 de enero. Los resultados preliminares son tan desalentadores como estimulantes: los costos de la delincuencia son extremadamente altos, pero la cosecha de innovaciones políticas de la región está empezando a dar frutos en la lucha por reducir la epidemia del crimen.
He aquí los principales resultados
Empezando por las estimaciones de costos, Aboal et al (2013) encuentran que el costo de la delincuencia en Uruguay asciende a por lo menos el 3% del PIB. Estas estimaciones incluyen tanto el gasto (privado y público) para la prevención del delito, como el gasto en seguridad privada, y como consecuencia del delito, los costos del sistema judicial y penitenciario, así como los costos intangibles asociados a la victimización. Estos costos, en particular los intangibles pueden ser seriamente subestimados, tal y como reconocen los autores dadas las complejas ramificaciones del impacto del crimen.
Por ejemplo, y cómo muestra Aguero (2013),la violencia doméstica, una tragedia terrible en muchos países de América Latina y el Caribe, tiene consecuencias negativas más allá del impacto sobre las mujeres que son víctimas. La violencia doméstica también afecta la salud de los niños y niñas en hogares violentos. Este artículo muestra como los niños peruanos que nacen en hogares donde las madres han sufrido de violencia doméstica, pesan menos, tienen menor probabilidad de ser vacunados y son más proclives a enfermarse. Por tanto, la violencia doméstica tiene un costo preocupante inter-generacional. Dado que el 40 por ciento de las mujeres en el Perú declaran haber sido víctimas de abuso, no se pueden descartar estos resultados.
Koppensteiner y Manacorda (2013) también muestran el impacto de la violencia sobre la salud de los niños a muy temprana edad. Encuentran que las mujeres embarazadas que viven en barrios con altas tasas de homicidios tienen mayor probabilidad de tener bebés con peso bajo. Estos resultados son particularmente agudos entre los niños y niñas de madres con poca educación, exacerbando las desventajas que estos niños y niñas ya tienen por su estatus socioeconómico.
Además de afectar el capital humano, el crimen y la violencia también afecta el valor de las propiedades físicas. Vetter et al (2013) estiman que el incremento de la sensación de seguridad en el hogar en una desviación estándar, aumenta su valor promedio en Brasil en más de $750. Si se aplicase est3e valor a todos los hogares del area del estudio, el monto total excedería los $13 billones.
Más aún, el crimen también reduce las oportunidades económicas. En Mexico, un aumento de 1 homicidio por 100,000 habitantes de 2006 a 2010 está relacionado con una caída de la proporción de la población trabajadora en un 0.21%, un aumento en la proporción de la fuerza de trabajo sin ocupación por un 0.13%, y una caída en la proporción de dueños de negocio en 0.06%. Estos cambios están acompañados de otras tendencias igualmente preocupantes. En aquellas municipalidades con niveles persistentes de violencia relacionada con las drogas después de 2006, el consumo de electricidad era casi un 6% menos que municipalidades similares menos violentas. Como indican Robles et al (2013) este menor consumo de energía sugiere caídas significativas en la actividad económica.
¿Está todo perdido?
Afortunadamente no. Está apareciendo nueva evidencia tanto sobre las políticas que incrementan la criminalidad como las que ayudan a prevenirla. Este es el caso, por ejemplo, de cambios en los mecanismos de disuasión para la violencia juvenil en Colombia. Como muestran Ibañez et al (2013), una nueva ley que redujo la penalización que enfrentan los jóvenes en Colombia, puede haber reducido los costos que perciben los jóvenes adolescentes de involucrarse en actividades criminales y reducido sus logros escolares. Este resultado es particularmente relevante en jóvenes de padres con menor educación. A su vez, el aumento en los castigos que resulta para aquellos que llegan a la edad adulta parece tener un efecto disuasivo. El crimen cae a la mitad una vez los jóvenes cumplen los 18 años (comparado con jóvenes ligeramente más jóvenes que 18), aunque la mayor parte de la reducción producto de las penas desaparece cuando envejecen (Guarin et al 2013).
Con respecto a la evidencia sobre la prevención del crimen, el despliegue de los Centros de Emergencia Mujer en el Perú parece haber sido un mecanismo útil en llegar a la mujer que sufre de violencia doméstica (Aguero 2013). Estos resultados complementan otros que están emergiendo en la región. Por ejemplo, Chioda et al (2013) muestras efectos positivos de derrame de las transferencias condicionadas a la criminalidad en Brasil. Restringir las ventas de bebidas alcohólicas parece reducir el crimen a la propiedad (Mejia, 2013), y usar métodos de monitoreo electrónico en vez de prisión puede ser una forma efectiva de reducir la reincidencia criminal (Di Tella y Schardgrodsky 2013). Finalmente, Mejía et al (2012) encuentran que los modelos de policía comunitaria `pueden tener alta rentabilidad en términos de prevención del crimen.
En resumen, la situación de crimen y violencia en la región es terrible. Y los costos pueden ser astronómicos para una región con tanta necesidad insatisfecha. Sin embargo, se avizora la luz al final del túnel. Innovaciones de política acompañadas de evaluaciones de impacto, han empezado a mostrar algunos resultados prometedores en la prevención del crimen. Un mejor futuro para los ciudadanos de la región requiere de dos cosas:
- Aprender de lo que funciona y de lo que no funciona para que todo dólar o peso invertido tenga una rentabilidad alta. El BID está comprometido con esta empresa.
- Sistemas políticos que permitan y favorezcan la implementación de estas políticas. En esto, ciudadanos y formuladores de política tienen que encontrar la forma de afinar los detalles.
* Ana Corbacho es asesora económica sectorial en el Banco Interamericano de Desarrollo.
* Carlos Scartascini es economista principal en el Banco Interamericano de Desarrollo.
La información y opiniones expuestas en este documento son exclusivamente de los autores, y su publicación no expresa o implica un endoso del Banco Interamericano de Desarrollo, sus Directores Ejecutivos o los países miembros representados por ellos
Nota: este blog se publica simultáneamente en el blog de LACEA
Excelente artículo, felicidades…
Gracias