Las ciudades latinoamericanas reflejan un espectro de condiciones de vida tan diverso como su paisaje. El contraste en las condiciones de vida a menudo agrega marcadas diferencias socioeconómicas que han puesto en desventaja a numerosos grupos, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y la clase trabajadora de bajos ingresos. Esto hace que sea imperativo para los formuladores de políticas públicas considerar las realidades locales en la puesta en marcha de proyectos y políticas públicas.
Diversos grupos pueden beneficiarse de las políticas públicas, los servicios y la infraestructura. Sin embargo, a menudo no tenemos en cuenta que las condiciones de un hogar, como las dificultades financieras, las limitaciones de tiempo y la falta de acceso a la información, crean barreras de acceso que deben tenerse en cuenta en el diseño de políticas públicas. Los sesgos arraigados de género, raza y de otro tipo pueden empeorar la situación, lo que da lugar a que políticas públicas bien pensadas tengan impactos heterogéneos cuando se aplican de manera universal.
Un ejemplo se puede ver en nuestro trabajo (Castels Quintana et al, 2022), que examina cómo las personas en Bogotá se adhirieron a los mandatos de confinamiento por COVID-19, la principal herramienta de política de la ciudad para prevenir el contagio durante la pandemia. Utilizando señales geolocalizadas de dispositivos móviles, con información a altos niveles de granularidad, determinamos la ubicación residencial de los ciudadanos. A continuación, utilizamos las señales móviles para observar los patrones de movilidad diaria alterados durante los confinamientos. Al cruzar los datos con las estadísticas del censo, también establecimos una correlación entre los patrones de movilidad y las características socioeconómicas.
Nuestros resultados mostraron que los confinamientos redujeron la movilidad en 41 puntos porcentuales en toda la ciudad. Pero detrás de esta estadística se ocultaban desigualdades pronunciadas. Para las personas en vecindarios de bajos ingresos, la movilidad se redujo solo en un 21%. En marcado contraste, el movimiento en las áreas de lujo se desplomó en un 80%, lo que hace que el cumplimiento sea similar al de ciudades altamente desarrolladas como Londres.
Estas diferencias en el cumplimiento subrayaron una amarga verdad. Muchos residentes de barrios de bajos ingresos están enredados en una red económica informal. Desprovistos del privilegio de poder trabajar en línea o hacer acopio de artículos esenciales, se vieron obligados durante la pandemia a abandonar sus hogares para ganarse la vida y sobrevivir. Por el contrario, en las zonas prósperas, las importantes redes de seguridad financiera y la proximidad a los servicios básicos permitieron a los residentes adherirse mejor a las restricciones de movilidad.
Un aumento en el ingreso promedio estuvo asociado a una disminución en el movimiento. Del mismo modo, la mayor pobreza medida en el índice de pobreza multidimensional y la informalidad laboral se correlacionaron con una menor adherencia a las pautas de confinamiento. ¡También lo fueron los niveles educativos más bajos, los hogares hacinados y los niveles aún más bajos de acceso a Internet! La desigualdad subyacente no solo significó que los hogares vulnerables soportaron de manera desproporcionada el costo de los confinamientos, sino también que el diseño aparentemente universal de los confinamientos no fue igualmente eficaz para todos en restringir el movimiento para reducir el contacto.
El desafío es comprender realmente cómo estos factores socioeconómicos ponen en riesgo a las personas: percibir los desafíos únicos de las diferentes comunidades y garantizar que las intervenciones, si bien tienen impacto, no exacerben las desigualdades existentes. Comprender la brecha socioespacial no es solo un ejercicio académico; Es clave para diseñar políticas que sean efectivas y equitativas.
Un punto de partida es adaptar el diseño de las políticas y complementarlas con apoyo adicional para los hogares vulnerables. El gobierno de Bogotá distribuyó subsidios en efectivo a los hogares de bajos ingresos simultáneamente con la implementación de los confinamientos para ayudarlos a hacer frente a la disminución de los ingresos. Aunque nuestro estudio no encontró ningún efecto de estos subsidios, la estimación sugiere que los montos eran demasiado pequeños para hacer una diferencia, esto fue un paso en la dirección correcta.
El mensaje principal—que puede ser necesario un apoyo adicional para que el mismo programa llegue de manera efectiva a diferentes poblaciones—es crucial para informar múltiples operaciones y políticas. Un ejemplo claro es el proyecto de redes de alcantarillado del BID en Uruguay (UR-L1183). Este proyecto tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida en el Departamento de Montevideo mediante mejoras al acceso a servicios de saneamiento de calidad, drenaje pluvial y protección contra riesgos hídricos.
Un componente del proyecto consistía en expandir la red de saneamiento. Sin embargo, se ha observado que las tasas de conexión de los hogares a la red son bajas, incluso cuando la infraestructura está disponible. Este problema no es exclusivo de este proyecto, sino que también ha surgido en iniciativas similares. Reconociendo que las barreras financieras e informativas para la conectividad pueden variar entre las poblaciones, el programa identificó la necesidad de esfuerzos específicos para aumentar las tasas de conexión entre los hogares de bajos ingresos. Para abordar esto, el programa incluyó un plan de conectividad con subsidios adicionales y orientación para ayudar a los hogares a conectar sus viviendas a la red de calles extendida.
El éxito de estas iniciativas radica en comprender las condiciones socioeconómicas de las comunidades y los obstáculos específicos que enfrentan para acceder a los recursos. Estas consideraciones han moldeado el diseño de muchos programas del BID y deben seguir siendo un enfoque central en el futuro.1
Garantizar que todas las personas puedan mejorar su bienestar, alcanzar su potencial y participar plenamente en los aspectos sociales, políticos y económicos de sus sociedades es un imperativo tanto moral como económico. Pero primero los responsables de la formulación de políticas deben comprender los contextos locales: las condiciones sociales y económicas únicas de las distintas comunidades. Es esa comprensión la que les permite adaptar las intervenciones para que, en lugar de exacerbar las desigualdades, impulsen la inclusión y logren el impacto deseado.
- El capítulo 5 del DEO de 2024 considera la importancia de tener en cuenta las condiciones locales en el diseño de programas como una de sus principales lecciones y proporciona ejemplos de múltiples programas en los que los costos diferenciales para los grupos vulnerables en la adopción y el cumplimiento presentaron un desafío que requirió especial atención en el diseño de proyectos. ↩︎
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