Cuando la pandemia del COVID-19 azotó a comienzos de 2020, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de Uruguay enfrentaron una crisis existencial. Constituyendo más del 99% de las empresas del sector privado y empleando a más de dos tercios de su fuerza laboral, las mismas se vieron fuertemente afectadas por una gran caída de la demanda y restricciones de movilidad[1]. En respuesta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aunó esfuerzos con el gobierno uruguayo para lanzar el Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo (UR-L1171). Esta operación tenía como objetivo aliviar las restricciones de acceso al crédito a las que se enfrentaban las MIPYME afectadas por la crisis de la COVID-19, contribuir a su supervivencia y preservar los puestos de trabajo que generaban para la economía, minimizar la carga sobre los sistemas de protección social y acelerar la recuperación económica una vez superada la emergencia sanitaria.
Al desplomarse los ingresos y mantenerse los costos operativos, las empresas podían verse abocadas al cierre definitivo. Se estimó que la demanda de garantías como consecuencia de la pandemia ascendería a US$337 millones en los 24 meses siguientes, lo que implicaba una movilización de créditos por valor de US$487,5 millones, de los cuales el 80% se destinaría a capital de trabajo. El auge de la demanda de garantías de crédito superó la capacidad del Sistema Nacional de Garantías para Empresas (SiGa): hacían falta al menos US$96 millones de financiamiento adicional para responder a una demanda muy superior a los niveles prepandémicos (BID, 2020a). En respuesta, el BID proporcionó un préstamo de crédito global de US$80 millones, a fin de ayudar al gobierno de Uruguay a reforzar la capacidad del SiGa para satisfacer el exceso de demanda bajo la línea de garantía SiGa de emergencia y movilizar financiamiento privado para las MIPYME.
Con los recursos de este instrumento, se estimó que podrían proporcionarse garantías por valor de hasta US$280 millones para movilizar hasta US$400 millones en créditos privados —US$120 millones netos de las garantías— para las MIPYME. El organismo ejecutor, la Corporación Nacional para el Desarrollo, canalizó los fondos a las MIPYME que cumplían los requisitos a través de intermediarios financieros privados. El instrumento perseguía un doble objetivo: contribuir a la sostenibilidad financiera a corto plazo de las empresas que tenían problemas de liquidez y promover su recuperación a más largo plazo facilitando el acceso a capital de trabajo y financiamiento para inversiones. El programa hizo hincapié en la transparencia de los criterios de elegibilidad, la eficiencia de los desembolsos y un seguimiento riguroso, todo ello adaptado para satisfacer las necesidades apremiantes del sector y preservando al mismo tiempo la integridad institucional.
Según el informe de terminación de proyecto, la intervención, estructurada mediante un préstamo de crédito global, logró sus objetivos movilizando financiamiento privado, salvaguardando los puestos de trabajo y estabilizando la economía uruguaya.
La cartera de garantías del SiGa creció a partir del parámetro de referencia anterior a la pandemia, de US$45,6 millones, con US$30,2 millones adicionales del Gobierno de Uruguay (el 48,7% del financiamiento total) y US$80 millones del préstamo de crédito global del BID (el 51,3%), lo que posibilitó la obtención de garantías por US$155,8 millones y la movilización de US$370 millones en préstamos a MIPYME a través de intermediarios financieros privados. La gran demanda y la eficiente ejecución pusieron de relieve la urgencia y eficacia del programa. Entre 2020 y 2022, la operación llegó a 10.146 MIPYME, superando con creces la meta inicial de 2.000; casi el 90% de las líneas de crédito se destinó a capital de trabajo, como nóminas, servicios públicos y pagos a proveedores. El programa también protegió más de 20.000 puestos de trabajo y más de un tercio de los beneficiarios fueron empresas dirigidas por mujeres o situadas en regiones del interior, de manera que el acceso al financiamiento fue inclusivo.
Además de preservar las operaciones de las MIPYME para que estas sobrevivieran a la crisis pandémica, el financiamiento privado movilizado sirvió para que muchas de ellas realizaran inversiones para adaptarse a la nueva situación, ya fuera en herramientas digitales, entornos de trabajo remoto o mejoras de los procesos. Estos efectos habilitadores del capital privado contribuyeron a sentar las bases de modelos de negocios más sostenibles y competitivos. La intervención también puso de manifiesto la importancia de las respuestas financieras flexibles y correctamente orientadas en situaciones de emergencia, y aportó lecciones útiles sobre el modo de catalizar el financiamiento privado para la preparación de cara a futuras crisis. Además, gracias a la asistencia técnica facilitada, se mejoró y automatizó el proceso de garantía, lo que permitió a las instituciones financieras intermediarias recibir las confirmaciones en cuestión de minutos y agilizar el acceso al crédito para las MIPYME.
En el informe de terminación de proyecto se pone de relieve el papel catalizador de los instrumentos del BID para mantener los resultados de desarrollo durante conmociones externas. Con el despliegue rápido de un mecanismo de garantía de crédito por medio del SiGa, el programa movilizó inversiones privadas a fin de apoyar a MIPYME en un momento crucial y ayudó a preservar el empleo y la capacidad productiva. Su rápida ejecución (en un plazo de 90 días), junto con condiciones crediticias mejoradas y seguimiento adaptativo, subrayó la importancia de la disposición operativa institucional y el diseño flexible para responder a situaciones de crisis.
[1] Instituto Nacional de Estadística (INE). 2018. Directorio de Empresas y Establecimientos. Montevideo: INE, Uruguay
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