La facturación electrónica está transformando la gestión tributaria de los gobiernos, especialmente en América Latina y el Caribe (ALC), donde contribuye a reducir la informalidad, frenar la evasión y aumentar la recaudación. Al permitir el monitoreo de transacciones en tiempo real, esta herramienta digital fortalece los sistemas fiscales y contribuye a una mejor formulación de políticas. La experiencia de la región demuestra cómo las reformas digitales específicas, respaldadas por el apoyo institucional, pueden generar resultados de desarrollo medibles e impulsar su adopción a nivel mundial.
Contar con una sólida función de gestión fiscal es vital para que el Estado sea capaz de recaudar ingresos y prestar servicios públicos. Cuando los gobiernos cumplen estas obligaciones con eficacia y eficiencia, fomentan la confianza de la ciudadanía e impulsan la estabilidad económica, factores ambos esenciales para la inversión y el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, muchos países de América Latina y el Caribe tienen altos niveles de informalidad y evasión o elusión fiscal y sistemas de administración tributaria deficientes, todo lo cual menoscaba gravemente la recaudación de ingresos. De hecho, el ingreso tributario promedio de la región en 2023 fue del 21,3% del PIB, muy por debajo del promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), del 33,9%.
En este contexto, varios países de la región se han situado a la vanguardia mundial como pioneros en la digitalización de las administraciones tributarias; a ese respecto, la facturación electrónica ha representado un gran paso adelante. Como su nombre indica, la facturación electrónica se refiere a facturas que registran las transacciones en formato electrónico. Sus orígenes se remontan a la década de los años ochenta, cuando se utilizaba en transacciones entre empresas, en el sector privado. La aplicación de la facturación electrónica a efectos de recaudación de impuestos ha supuesto un gran avance: las autoridades tributarias conocen en tiempo real las transacciones que se registran digitalmente, de modo que la recaudación de impuestos se racionaliza y automatiza en gran medida, la evasión fiscal y el fraude se reducen de manera considerable, y los datos resultantes pueden utilizarse para reforzar el análisis económico y la prestación de servicios públicos.
El BID desempeña un papel fundamental en estos esfuerzos desde hace más de dos decenios, proporcionando tanto apoyo financiero como conocimientos técnicos para la implantación y ampliación de la facturación electrónica. El respaldo de otras organizaciones internacionales, entre las que destaca el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, también ha sido decisivo. Además, los préstamos del BID en apoyo de reformas de política (PBL) han ayudado a los países a establecer los marcos institucionales y normativos necesarios para atraer y mantener dichas inversiones. Por ejemplo, con préstamos de esa índole se apoyó la implementación de sistemas de facturación electrónica en países como Costa Rica, Paraguay y Brasil a través de diversos proyectos, sentando las bases para mejorar la administración tributaria y la transformación digital.
Conforme se aborda en una publicación conjunta del BID y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), las evaluaciones de impacto realizadas en cinco países han demostrado notables resultados de la facturación electrónica, sobre todo en términos de mejora de la recaudación tributaria y reducción de la informalidad. En México, la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) como porcentaje del PIB mejoró en un 14% anual en promedio tras la implantación de la facturación electrónica obligatoria. En Uruguay, la obligatoriedad dio lugar a un aumento del 3,7% en la recaudación del IVA y del impuesto de sociedades, mientras que en Perú la declaración de ventas y compras imponibles aumentó en un 7% y un 5%, respectivamente, en el primer año desde que la facturación electrónica se volvió obligatoria. En El Salvador, el Ministerio de Hacienda informó que la recaudación del IVA había aumentado al 4,2% del PIB en 2023, frente al 3,7% de 2017. En Brasil, que ya ha implantado la facturación electrónica en todos los estados, los ingresos tributarios aumentaron un 12% y la informalidad disminuyó un 2%. El BID viene dando apoyo a Brasil para la implementación de la facturación electrónica a través del programa PROFISCO.
Fuera de América Latina y el Caribe, las experiencias satisfactorias han tenido gran alcance. En particular, Corea del Sur y la India han implantado la facturación electrónica en los últimos años, mientras que Italia la hizo obligatoria para todas las transacciones entre empresas, y entre empresas y el Estado, en 2019. La Unión Europea tiene previsto estandarizar su uso en el comercio intrarregional en el próximo decenio. En todo el mundo, unos 90 países han implantado o están implantando la facturación electrónica, entre ellos 17 de América Latina y el Caribe. Sus ámbitos de aplicación se han ampliado, como la nómina electrónica, que agiliza la deducción de las cotizaciones a la seguridad social, o los bienes en tránsito.
Este proceso de transformación digital también ha impulsado una mayor sofisticación de las autoridades tributarias. Como se señala en un estudio reciente del BID, la facturación electrónica sustenta un modelo de modernización de las administraciones tributarias, la Administración Tributaria 3.0, que aprovecha los usos avanzados de los datos para anticipar tendencias económicas y fundamentar las políticas públicas. Sin embargo, este modelo también debe complementarse con una transformación institucional que incluya cambios organizacionales y funcionales, así como políticas de protección de datos más rigurosas.
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