Para todos los que trabajamos en temas de desarrollo, 2015 fue un año clave: se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sucedieron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y marcaron el camino a seguir de aquí al 2030. Entre las metas de estos 17 nuevos objetivos figuran la reducción de la pobreza, la salud, la educación de calidad, la adopción de energías limpias y la equidad de género. El sexto objetivo, trata específicamente sobre agua y saneamiento.
América Latina y el Caribe logró grandes progresos en ese terreno, entre 1990 y 2012, un período en el cual más de 200 millones de personas accedieron a mejores servicios de agua potable y saneamiento. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer: más de 30 millones de personas aún carecen de acceso a agua segura y otras 100 millones siguen sin tener servicios sanitarios adecuados. En la agenda 2030, el agua es central para este desafío.
La nueva meta para el agua apunta a la universalización del servicio, pero va más allá del acceso, poniendo énfasis en la calidad, el manejo de aguas residuales, la seguridad hídrica, la gestión integral de los recursos y la protección y restauración de los sistemas hídricos.
A los obstáculos financieros y técnicos hay que sumarle el desafío que plantea el cambio climático. Según muchos expertos, los fenómenos extremos tales como las sequías, las inundaciones y los huracanes podrían tornarse más frecuentes e intensos. Estas amenazas ponen en riesgo el suministro de agua en muchos países de la región y pueden ser devastadores para la población, la infraestructura e incluso la estabilidad económica. En los últimos tres años, más de una docena de grandes ciudades sufrieron cortes de agua y energía debido a sequías. El ejemplo más contundente es San Pablo, la mayor metrópolis brasileña.
Sin embargo, no podemos culpar solamente al cambio climático. Otros problemas, como el desequilibrio entre oferta y demanda de agua, están volviéndose cada vez más serios, sobre todo en nuestras ciudades, porque la infraestructura va a la zaga del crecimiento poblacional.
Para lograr el acceso universal, la región necesitaría invertir al menos US$28.000 millones en agua y otros US$49.000 en saneamiento, a un ritmo de alrededor de US$5.100 millones al año. Y si incluimos también tratamiento de aguas residuales, entonces deberíamos invertir, tan sólo en las grandes áreas urbanas, otros US$30.000 millones.
Esos montos no parecen alcanzables. En los últimos 25 años hemos invertido menos de medio punto porcentual del producto interno bruto de la región en mejorar el acceso al agua y saneamiento.
Incluso de contar con todo el financiamiento necesario para invertir en infraestructura de agua y saneamiento, no sería suficiente para garantizar el acceso. También hace falta reforzar las instituciones reguladoras del sector y las empresas operadoras, que deben desarrollar planes maestros de largo plazo y ganar en eficiencia técnica y administrativa para tornarse sostenibles.
Dado que el agua y saneamiento tienen el potencial de convertirse en un negocio rentable, el sector privado podría y debería desempeñar un rol activo que contribuya a alcanzar los ambiciosos objetivos fijados para el 2030. Incluso las pequeñas y medianas empresas pueden cumplir un gran papel, ofreciendo servicios más sofisticados, como el manejo de lodos cloacales en zonas urbanas.
El éxito dependerá en gran medida de que los países aporten un marco propicio, que incluya fundamentalmente infraestructura, acceso a financiamiento y un ambiente de negocios efectivo. Necesitamos cambiar nuestro modelo económico lineal, que no toma debida cuenta del ciclo de agua, con el fin de aliviar las crecientes presiones sobre los recursos hídricos. La transición hacia un modelo de economía circular es una táctica promisoria que permitiría cambiar la escasez por abundancia y reduciría la cantidad de recursos necesarios para que funcione nuestra infraestructura hídrica.
Las aguas residuales son el punto de partida natural de esa revolución circular. Los municipios y las industrias tienen el deber de optimizar los ciclos de agua en sus respectivas cuencas. América Latina tiene todavía un largo trecho por recorrer en materia de reutilización del agua, y más aún en las regiones áridas y semiáridas. En términos de tratamiento de aguas residuales, la región no brilla por sus logros, con un promedio de 18%, frente a un nivel que no baja de 60% en los países desarrollados.
Otra posible fuente de soluciones puede yacer en nuestro capital natural. Me refiero a la restauración de los humedales y las cuencas hídricas. Los ríos, arroyos, humedales, llanuras aluviales y bosques aportan servicios fundamentales, tales como agua limpia y protección contra anegamientos. Por tanto, debería considerárselos componentes esenciales de nuestra infraestructura hídrica. Ciudades vanguardistas como Quito, Medellín y Santiago ya están adoptando esta perspectiva verde. Esperamos que muchas otras se sumen pronto a estas urbes pioneras y que la región en su totalidad adopte una combinación más inteligente de infraestructura verde y tradicional.
La Conferencia Hábitat III ofrece una excelente oportunidad para elaborar una agenda regional que persiga la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos hídricos. Es hora de debatir cómo hará América Latina y el Caribe para dar más y mejor acceso a servicios de agua y saneamiento para mejorar la vida de su gente.
*Este artículo fue publicado originalmente el 4 de octubre de 2016 en la Tribuna de El País de Madrid.
En preparación para la tercera conferencia mundial Hábitat III a celebrarse en Quito, Ecuador entre el 17 y el 20 de octubre, este artículo forma parte de una serie que explora diversas oportunidades de innovación que podrían transformar las ciudades de América Latina y el Caribe durante los próximos 20 años.
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