La gestión eficiente de los activos públicos es un desafío crítico para los gobiernos y, a su vez, una gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de los países. Para lograrlo, los gobiernos requieren de un sistema que les permita administrar, controlar y coordinar su uso con distintos organismos. Solo de esta manera se logra que los bienes contribuyan a las prioridades gubernamentales, sean estas financieras, ambientales, de transparencia, de calidad del servicio, eficiencia institucional, entre otras.
Un sistema así requiere establecer un marco de gestión coherente que abarque todo el ciclo de vida de los activos, incluyendo desde el análisis de necesidades, su adquisición, operación y mantenimiento hasta su disposición final.
Sin un marco de gestión coherente, la eficacia de la gestión se verá inevitablemente comprometida. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se da una responsabilidad nueva a una institución, pero no se le dan recursos para cumplirla.
¿Qué debe incluir entonces este marco de gestión de activos públicos? Aquí presentamos seis claves esenciales y una herramienta que permite prepararse para la acción.
1. Gobernanza: políticas, reglamentos y marco institucional
Se debe contar con un marco normativo robusto que defina los objetivos de política pública y los principios fundamentales para gestionar los activos. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Estatal de Corea (1950) fue una expresión de las políticas relacionadas con la propiedad estatal. Esta ley establece principios claros sobre la gestión y disposición de bienes estatales, regulando la relación entre los ministerios y organismos de gestión responsables.
Además, la gobernanza debe incluir una entidad líder encargada de la coordinación y supervisión del proceso. Esta debe contar con autoridad claramente definida, procedimientos operativos estándar, una estructura organizativa adecuada y recursos financieros y tecnológicos para garantizar resultados efectivos.
2. Registros e información
Los activos públicos deben estar registrados en una base de datos completa y actualizada, de acceso público e idealmente en formatos abiertos. Esto incluye la recopilación de información detallada sobre las características de los activos, su ubicación, su vocación de uso (comercial, administrativa, etc.), y su valoración contable, entre otras dimensiones. Estos registros deben estar sustentados en procesos que permitan garantizar su calidad, confiabilidad y actualización sistemática, vinculados además a las mejores prácticas contables para fomentar la transparencia y facilitar la toma de decisiones.
3. Mecanismos de financiación
El éxito de la gestión de activos depende también de contar con recursos financieros suficientes para afrontar:
- Operaciones y mantenimiento regular
- Inversiones en renovación o reemplazo de activos existentes
- Creación de nuevos activos no financieros.
Existen múltiples fuentes tradicionales de financiación de estos gastos, desde los ingresos fiscales generales hasta las tarifas por el uso de las infraestructuras, pasando por los préstamos y las transferencias intergubernamentales (estas últimas para los gobiernos locales, que en la mayoría de los países reciben importantes transferencias, incluso para inversiones de capital). Un enfoque innovador es la creación de fondos de gestión de activos públicos, que desvincula la gestión de bienes de las presiones políticas a corto plazo, permitiendo a las ciudades realizar inversiones estratégicas sostenibles en infraestructura.
4. Gestión de riesgos
Un sistema eficiente debe identificar, medir y controlar los riesgos asociados a las decisiones relacionadas con los activos públicos. Una forma sencilla de llevar a cabo este análisis es evaluar la probabilidad de deterioro de los activos y su impacto potencial, optimizando el nivel de riesgo aceptable frente a los costos necesarios para mitigarlo.
Este análisis debe ser integral, incluyendo los riesgos financieros, fiscales, de reputación, ambientales, sociales, de salud y seguridad, entre otros.
5. Medición, mejora continua y auditoría
Para garantizar un uso eficiente de los activos públicos, es fundamental establecer indicadores claros que midan su rendimiento y el impacto del sistema de gestión en general, no solo el rendimiento de cada activo individual. Estos indicadores ayudan a evaluar el desempeño actual, facilitan la introducción de mejoras y asignan responsabilidades claras a los gestores de los activos.
6. Planes estratégicos de gestión de activos
Los planes estratégicos deben traducir las políticas de gestión de activos en acciones concretas. Esto incluye actividades específicas, cronogramas, indicadores de seguimiento, estimación de costos, asignación de personal y la designación de un equipo especializado para garantizar su cumplimiento. Un elemento central de estos planes es reconocer que los activos deben contribuir a los objetivos de la organización, y que tienen un valor y una vida útil (y, por tanto, una tasa de depreciación) que puede estimarse y optimizarse. La gestión de los activos, así como las decisiones derivadas de esta política y de los planes estratégicos asociados, influyen directamente en la vida útil de los bienes, la calidad del servicio que ofrecen, los costos asociados a su operación, mantenimiento o reemplazo, y los beneficios económicos y sociales que pueden aportar.
Evaluación de Madurez de la Gestión de Activos Públicos: Una herramienta para la transformación
Con el fin de apoyar a los países en la modernización de sus sistemas de gestión de activos públicos, el BID ha desarrollado la Evaluación de Madurez de la Gestión de Activos Públicos (EMGAP) Esta herramienta ayuda a identificar brechas y medir el progreso en la implementación de mejores prácticas. Se elaboró tomando como referencia distintos marcos existentes, como la norma ISO 55000 (Gestión de Activos, Sistemas de Gestión y Requisitos) y parte del modelo conceptual planteado en la publicación “Nuestra riqueza inexplorada: hacia una gestión moderna de los activos públicos“.
La herramienta puede aplicarse en todos los ámbitos de gobierno, ya sea nacional, regional o local, y está diseñada para ser utilizada por cualquier entidad gubernamental interesada en mejorar sus estructuras y procesos relacionados con la gestión de los activos públicos, sin importar el tipo o cantidad de bienes que administre.
Uno de los principales beneficios de realizar una encuesta de madurez es la posibilidad de identificar brechas existentes en el sistema de gestión de activos públicos y monitorear su evolución a lo largo del tiempo. Este proceso permite evaluar si los programas de mejora han sido efectivos o detectar cualquier cambio que pueda haber afectado la funcionalidad del sistema.
Cuando se realiza periódicamente, la evaluación contribuye a verificar si el rumbo establecido en la gestión de activos públicos está correctamente definido y si la organización lo está siguiendo. Además, mide la implementación de mejores prácticas y señala áreas donde se requieren ajustes. A partir de los hallazgos, se pueden afinar los planes de acción para afrontar los desafíos detectados.
El modelo se estructura en 6 componentes esenciales para la gestión los activos públicos. Cada componente se divide en subcomponentes, los cuales incluyen preguntas específicas que deben de ser respondidas y sustentadas por la organización. Este enfoque permite realizar una evaluación integral que captura la complejidad de la gestión de activos y proporciona una representación confiable y precisa de las prácticas vigentes.
Para profundizar en este tema, le invitamos a leer nuestras publicaciones:
- “Nuestra riqueza inexplorada: hacia una gestión moderna de los activos públicos”: un análisis sobre los desafíos y oportunidades de la gestión de bienes estatales en América Latina y el Caribe, así como sus beneficios y las soluciones que los gobiernos pueden implementar para aprovechar esta riqueza inexplorada.
- Evaluación de la madurez de la gestión de activos públicos: un manual detallado sobre cómo utilizar la herramienta EMGAP para transformar la gestión de los activos públicos.
Con una estrategia de gestión apropiada, los activos del Estado pueden contribuir al desarrollo sostenible, maximizando su valor para el bienestar de toda la sociedad.
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