Cómo recuperar la confianza en los gobiernos de América Latina

Nota de Carlos Santiso publicada en la edición Agosto de la revista Foreign Affairs Latinoamérica

Latinoamérica se encuentra en una encrucijada. Los escándalos de corrupción que azotan a la región están afligiendo peligrosamente la confianza en los gobiernos y en las instituciones. En algunos países, las protestas callejeras exigen la renuncia de los presidentes y en otros éstos están tocando fondo en las encuestas de opinión. A la decepción con la democracia se suma el desencanto por la corrupción en gobiernos reformistas de centro izquierda. Estos gobiernos llegaron al poder con grandes expectativas de justicia social en la región que sigue siendo la más desigual del mundo a pesar de una década de crecimiento económico sin precedente, tirada por un auge del precio del petróleo y de los minerales. En 1846, el novelista francés Théophile Gautier se lamentaba por “la inexplicable tentación de la corrupción, incluso para las almas más honestas”.

¿Cómo recuperar la confianza en un contexto cambiante, con un crecimiento económico más lento y una desigualdad persistente? En ese sentido, es fundamental cuestionarse si esta crisis indica que la corrupción ha empeorado o que la transparencia ha mejorado, así como la denuncia y prosecución de la corrupción. ¿Estamos viendo un auge de la corrupción o el fin de la impunidad?

Sin embargo, al mismo tiempo persisten altos niveles de desigualdad y baja movilidad social, agravados por un sentimiento de impunidad. A medida que las economías se desaceleran, la tolerancia al despilfarro y la corrupción disminuye. “Las actitudes se están endureciendo”, dice Eduardo Leite, en su libro How Latin America is getting to grips with corruption. “Lo que por algunos puede ser considerado una parte aceptada de las negociaciones de la región ha sido reconocido gradualmente como un impedimento mayor para el progreso y la prosperidad.”

Las personas están más conectadas, mejor informadas y son más demandantes. Los medios sociales están progresivamente reemplazando a los partidos políticos como medio de movilización social de una generación nueva que no ha vivido bajo ninguna dictadura y que ha crecido en paz y en democracia.

De igual forma, las personas son más exigentes con sus gobiernos y esperan más integridad de sus políticos. En el pasado, había cierta resignación ante la corrupción, que incluso se justificaba como un sobre-costo que engrasa las ruedas de la economía y permite acelerar los trámites burocráticos. En la década de 1960, el eslogan del político brasileño Ademar Pereira de Barros era “roba, pero hace las cosas” (“rouba mas faz”). Estos tiempos ya no existen. Hay mayor conciencia y consenso sobre los efectos nefastos de la corrupción que está lijando las ruedas del desarrollo, reduciendo la competencia y aumentando el costo de hacer negocios.

La crisis actual también representa una oportunidad. De hecho, la celeridad y profundidad con la cual varios gobiernos han respondido a los escándalos de corrupción son inusitadas. Muchos han sido veloces en cuanto a sus respuestas políticas, con renuncias de ministros y reestructuración de gabinetes, como en el caso de Chile y de Honduras. También hubo respuestas de más amplio alcance, con la introducción de reformas institucionales y legales, como en el caso de Chile y de México. Estas incluyen la reestructuración del sistema nacional anticorrupción, la regulación del financiamiento de los partidos y la mitigación de los conflictos de interés.

Asimismo, los sistemas de integridad y las instituciones de control se están fortaleciendo para poder cumplir su rol de garante de la integridad de los recursos públicos. Por ejemplo, las contralorías de Brasil, Chile y Perú han mejorado su capacidad de disuasión de la corrupción. Los ministerios públicos y fiscales generales también han sido veloces en iniciar investigaciones penales en contra de empresarios, políticos y burócratas influyentes, como en Brasil y en Panamá. Incluso se iniciaron juicios políticos en contra de presidentes en ejercicio. Estas respuestas reflejan las instituciones políticas que paulatinamente están madurando y las autoridades judiciales que se han vuelto cada vez más independientes.

Sin duda, lograr que los gobiernos sean abiertos es parte de la solución. Prevenir y castigar la corrupción requiere más transparencia e instituciones más fuertes para acabar con la impunidad. Pero, para recuperar la confianza en el gobierno, también es necesario que sean más eficientes en cuanto a su capacidad de dirigir las políticas y de brindar servicios públicos, así como ser más transparentes en su interacción con los ciudadanos. La legitimidad de los gobiernos se basa tanto en la integridad de la acción pública como en la calidad de los servicios prestados por el Estado. En este sentido, hay tres elementos clave que serán muy útiles para ayudar a que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobiernos.

En primer lugar, un gobierno más abierto y transparente es fundamental para fijar la integridad, fortalecer la ética del servicio público, y fomentar la participación ciudadana como fuerza para cambio. En este aspecto se ha progresado un poco. Son 19 los países de la región que han adoptado el acceso a las leyes de información —siendo el más reciente Paraguay— y la mayoría de esos países ha introducido la transparencia en la contratación por medio de los portales en línea. La legislación antisoborno y antilavado de dinero se está afirmando en Brasil y en México. Las lagunas legales que abren oportunidades para la corrupción se están cerrando y los procedimientos administrativos engorrosos se están simplificando mediante impulsos de “desburocratización”, como ocurre en Brasil. Las innovaciones tecnológicas y las soluciones de gobierno electrónico están dando lugar a una mayor transparencia y una profundización de la rendición de cuentas. Además, las agencias de auditoría están siendo más precisas y más proactivas con el objetivo de detectar e impedir la corrupción, para ayudar no solo a fijar la integridad en la burocracia, sino también a mejorar la calidad del gasto público.

Estos desafíos son especialmente fundamentales para los gobiernos locales de países con recursos naturales abundantes que han visto dispararse sus ingresos durante la última década. Muchos de estos carecen de las capacidades necesarias para administrar correctamente las regalías mineras y las transferencias públicas. La transparencia no solo ayuda a que los ciudadanos sean fiables, también mejora las políticas del gobierno. Aquí, el talón de Aquiles es la calidad de la inversión pública en particular por los gobiernos locales . Por ejemplo, Colombia ha puesto todos sus datos sobre pagos de regalías en una plataforma georreferenciada en línea para que todos puedan ver cuánto dinero ingresa al gobierno mediante los pagos de regalías y en qué se gasta. Las transferencias de regalías ahora se suspenden si el municipio beneficiario no informa de qué manera las gastan.

Un segundo aspecto clave es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la gobernanza del sector público. Ciertamente, lograr una mayor integridad y mejores servicios son dos caras de una misma moneda. En Latinoamérica, las personas están gozando de una vida más larga y más saludable. Los gobiernos están adoptando mejores políticas y han logrado implementar una mayor disciplina fiscal. Sin embargo, las políticas públicas no siempre se implementan según lo previsto y esto origina una “brecha de implementación” que se convierte en una “brecha de expectativas”. A menudo, los gobiernos prometen demasiado y no cumplen, lo cual genera cinismo y frustración.

Asimismo, la desaceleración económica genera ansiedad social. Una gran parte de la clase media que salió de la pobreza en la última década se encuentra en una situación de vulnerabilidad, con riesgo de recaer en la pobreza. La buena noticia es que las protestas reflejan una energía recién descubierta en las sociedades que luchan por vivir mejor y exigen más de sus gobernantes. El crecimiento de la clase media y la movilización de los ciudadanos mejor conectados aumentan las expectativas de mejores servicios y disminuyen la aceptación de la corrupción. Las personas están menos dispuestas a aceptar la captura del Estado por intereses particulares.

Para lograr que los gobiernos sean más eficientes es necesario simplificar la burocracia y aprovechar las innovaciones tecnológicas con el fin de brindar mejores servicios. En muchos países de la región, la maraña burocrática que deben sortear los ciudadanos es asfixiante y también sofoca la competitividad y el emprendimiento. La simplificación de los procedimientos administrativos tiene también un gran potencial para disminuir las oportunidades de corrupción. Uruguay liderada el camino en la región en materia de gobierno electrónico y se comprometió a que todos sus procesos burocráticos estén disponibles en línea para el 2017. Sin embargo, la reforma más importante y desafiante es profesionalizar la burocracia y evitar la politización mediante el patronazgo. No se trata de disminuir el tamaño del Estado sino hacerlo más eficiente e imaginativo, con servidores públicos competentes y comprometidos por el bien público.

La tercera prioridad es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la manera que conducen las políticas públicas y controlar el rendimiento de la administración. Como en el sector privado, se requieren modelos de gestión que fijen prioridades estratégicas e indicadores de desempeño claros que faciliten la rendición de cuentas a los ciudadanos con base en resultados. El desarrollo económico y social requiere un sector público capaz de facilitar estos procesos. Más eficacia significa ramas ejecutivas que coordinan y reglamentan las políticas públicas y el fortalecimiento requerido del centro estratégico de gobierno. También es necesario que mejore la calidad de la información sobre la que se toman las decisiones. Los países necesitan invertir más en su capacidad estadística y asegurar datos confiables a través de institutos estadísticos independientes.

Recientemente, desde el Banco Interamericano de Desarrollo realizamos un estudio de 24 países en su capacidad institucional para una gestión pública basada en resultados. Si bien la región avanzó de un puntaje de 2,0 sobre 5,0 en 2007 hasta 2,4 en 2013, le queda mucha tarea por delante. El área mejor evaluada en 2013 fue la gestión pública financiera, con 2,9 puntos; las más bajas fueron presupuesto por resultados y seguimiento y evaluación, ambas con 1,9 puntos.

En resumen, para recuperar la confianza en el gobierno se necesita más transparencia; también se requiere gobiernos que cumplan. La modernización del Estado es una tarea compleja pero no atajable. Sin duda, hay un cambio generacional en la región que exige nuevas formas de gobernar y lo que ha cambiado profundamente son las expectativas de la gente. Las tecnologías están revolucionando las relaciones entre el ciudadano y el Estado, permitiendo mayor transparencia y mejor rendición de cuentas.