Cuando hablamos de los problemas de la movilidad en América Latina y el Caribe, destacamos la desigualdad, la inequidad y falta de acceso a modos de movilidad seguros, sostenibles, asequibles y eficientes, al menos para la mayoría de la población, y particularmente para los más vulnerables. Esta disparidad, repercute no sólo en la salud y el bienestar de las personas, sino también en las posibilidades que tienen para superarse, su prosperidad económica e inclusive en su esperanza de vida.
Al mencionar a los más vulnerables, no solo nos referimos a las personas con menor ingreso económico o los más desfavorecidos y/o alejados de las oportunidades de desarrollo, sino también a aquellas personas expuestas a sufrir las consecuencias negativas de la falta de planeación urbana y de las deficiencias del sistema de movilidad: personas con discapacidad, adultos mayores y niños; pues estos sistemas no siempre se crean ni operan considerándoles o incluyéndoles en el diseño del mismo (diseño universal).
Cuando esta problemática la cruzamos con el desarrollo de nuestras comunidades, vemos que, al no considerar estos aspectos, la sociedad y la economía sufren consecuencias. Una de ellas es la pérdida de entre el 1% y el 5% del PIB por los gastos – prevenibles, que causan las fallas del sistema. Los más comunes son los “accidentes”, o mejor dicho, siniestros de tránsito. Esta evidente brecha social marca de modo transcendental a las generaciones más jóvenes, no sólo en sentido estricto de morir en las vías mientras se trasladan, sino además en sentido figurado, al estarles dejando sin oportunidades de estudio (con acceso inseguro a las escuelas), sin posibilidades de crecimiento, con sueños truncados y con varios riesgos, a veces inmanejables, en el camino.
Afortunadamente, hay países en la región que además han dado un paso firme en busca de la solución. Un ejemplo contundente es la República Dominicana. Es uno de los países con las tasas más altas por muertes causadas por lesiones de tránsito con 30,9 por cada 100 mil habitantes (OPSEVI, 2019).
El punto de inflexión positivo comenzó por la aprobación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y con ella, la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Mejoró su sistema de medición y monitoreo de información de la siniestralidad a través de su Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), con datos más veraces y homogéneos, minimizando el nivel de subregistro. Esto permitió hacer una priorización de acciones más focalizadas y efectivas.
República Dominicana ha trabajado intensamente políticas públicas para solucionar algunos de sus principales retos de la movilidad. Destaca la implementación del Programa de Entornos Escolares Seguros, un esfuerzo del INTRANT en colaboración con el Ministerio de Educación del país (MINERD), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y coordinado con otros actores como la Policía Escolar, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL).
Si bien en 2019 las muertes de peatones por lesiones causadas en el tránsito se redujeron en un 11%, aún queda mucho por mejorar entorno a la seguridad de niños y adolescentes en etapa escolar. Los fallecidos (417) por siniestros de tránsito en jóvenes de menos de 19 años representan el 13 % del total en 2019.
Este nuevo programa, ha sido el resultado de un trabajo multisectorial en tiempo récord por parte de un equipo comprometido con la seguridad vial, cimentado en una normativa (la Resolución Regulatoria núm. 006-2020 “Que regula los Caminos Escolares o Rutas Seguras del Territorio Nacional”) derivada de los Reglamentos para la Capacitación, Formación y Educación Vial y el Reglamento de Transporte Escolar. A través de ella se obliga a las autoridades competentes a armonizar aspectos de seguridad vial en los entornos escolares. Además, se establece, entre otras cosas, la velocidad máxima 20km/h en zonas escolares (escuelas, colegios, universidades y otros centros educativos).
La normativa viene acompañada de su correspondiente “Guía Metodológica para la Evaluación de Seguridad Vial en Centros Escolares”. Ésta aplica tanto para escuelas existentes como para aquellas en fase de diseño, proceso de construcción, sus alrededores, y también como complemento para la puesta en marcha del programa de educación vial dentro del sistema educativo dominicano.
Las autoridades están convencidas que la educación vial es parte vital del proyecto. Por esta razón, fue desarrollado un plan de educación para todos los niveles de la comunidad educativa. No es suficiente con que se hagan las adecuaciones necesarias si las personas no son conscientes de las normas de seguridad vial de sus entornos.
Este programa integral, de fácil escala, promete salvar vidas y mejorar la movilidad de miles de niños y niñas, padres y educadores en entornos escolares. Busca su continuidad en el tiempo a través de la vinculación de las instituciones responsables. Así como el logro de un esquema práctico que integra acciones concluyentes para el buen desarrollo del mismo.
República Dominicana busca asegurar que la población tenga acceso a la escuela y lo haga de forma segura. Así contribuye al derecho fundamental de la educación. Pero antes, espera mejorar los traslados y la seguridad de sus entornos escolares.
Para el arranque de esta iniciativa se seleccionaron tres centros, con base en el diagnóstico realizado: el centro Cruz Grande del municipio de Santo Domingo Norte, la escuela básica Francisco del Rosario Sánchez de Santo Domingo Este y el centro Norma Elena Poueriet de la localidad de Higüey.
Video: INTRANT, 2020
El país aprovecha los retos de movilidad que recientemente se han reafirmado con la pandemia del COVID-19, para preparar la mejora de sus sistemas. Tanto para reabrir las escuelas de modo seguro en términos de contagios y reducción del riesgo de sufrir lesiones de tránsito en trayectos a y desde los centros.
No nos queda más que felicitar a los involucrados por el esfuerzo, motivándoles a que no bajen la guardia ni el compromiso. E incentivar su replicabilidad y masificación en el país, para que otros países se atrevan a hacer frente a este mal de la movilidad insegura. No hay más excusas para no actuar. Contamos con el diagnóstico, la receta y la vacuna para su mejora y para la prevención de sus terribles consecuencias.
Queremos escucharte… Si tuvieras en tus manos la oportunidad de implementar este tipo de acciones, ¿qué te detendría para ponerlas en marcha? ¿Qué pudiera tener más valor que asegurar el desarrollo y la seguridad de quienes más lo necesitan? Y en el caso de los niños, de ellos incluso depende nuestro mismo futuro.
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