San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, es un punto clave del futuro corredor logístico de dirección norte-sur: la carretera CA-5, que conectará a la capital, Tegucigalpa, con Puerto Cortés, en la costa Atlántica. Este tramo de 294 km reducirá los costos operacionales, tiempos de viaje e índices de accidentes. El BID ha invertido US$112 millones desde 2004 a fin de rehabilitar esta carretera, que corresponde a la porción hondureña del Corredor Atlántico del Proyecto Mesoamérica.
Una vez completada, esta carretera constituirá un corredor de más de 1.700 km que unirá a México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, favoreciendo la integración regional de sus economías locales y nacionales. Será el eje central del transporte de la región.
Para su preparación, se realizó una Evaluación de Impacto Social y Ambiental para la sección urbana de la carretera que atraviesa San Pedro Sula. Dicho análisis identificó una importante consecuencia del proyecto: la necesidad de desplazar a 175 familias que ocupaban ilegalmente tierras paralelas al Río San Pedro. Se preparó un plan de reasentamiento siguiendo los lineamientos del BID, a fin de mitigar impactos y buscar maneras para mejorar las condiciones de vivienda de dichas familias.
Los hogares en esta comunidad eran mayormente de calidad pobre, careciendo de servicios básicos y conexiones eléctricas regulares, con una enorme presencia de violencia entre pandillas locales. Sin embargo, la mayoría de los pobladores trabajaban duro, haciendo cuanto estuviera a su alcance para sostener a sus familias y mantener a sus niños en la escuela y alejados de la violencia. Estas familias eran pobres, marginadas y lidiaban con una de las áreas más peligrosas de San Pedro, vulgarmente llamada “Los Bordos”.
Con estas dificultades subyacentes, el desafío consistía en generar un vínculo de confianza, con compromiso por parte de la comunidad y la generación de consenso acerca de los beneficios mutuos, apuntando a que la agencia ejecutora del proyecto pudiera construir la carretera y la comunidad obtener viviendas permanentes más seguras y mejores.
Tras casi un año de consultas y negociaciones, incluyendo la estrecha colaboración de las familias afectadas y líderes locales, se aprobó un plan de reasentamiento. A inicios de 2015, las familias fueron reubicadas a aproximadamente 16 km de su establecimiento original en viviendas nuevas, con la garantía de que ellos poseerían las tierras.
En el transcurso del año, los cambios fueron evidentes. Asociaciones de viviendas locales, programas sociales, clubes deportivos para jóvenes y cooperativas de mujeres sentaron las bases para una sociedad civil próspera. Los habitantes eligieron por votación un Comité Comunitario. Tras el reasentamiento, se puso en marcha un programa de seis meses para apoyar estos esfuerzos. Mientras tanto, la finalización de las obras de la circunvalación de San Pedro se programó para el primer semestre de 2016.
A pesar de que este logro debe ser celebrado, es importante reconocer que los casos de éxito como éste distan de ser la norma y sólo pueden ser alcanzados mediante trabajo intenso, compromiso con los actores y el seguimiento y monitoreo constantes para garantizar que las soluciones sigan siendo viables a largo plazo. Por cada resolución positiva como San Pedro Sula hay un desafortunado número de casos en los que los proyectos de desarrollo impactan negativamente sobre las poblaciones locales desplazadas.
Si bien muchas de las conversaciones acerca de los reasentamientos se centran en los procesos, regulaciones y cantidad de personas afectadas, este proceso es principalmente de carácter sociológico, ya que la población desplazada debe adaptarse a las nuevas condiciones, modificando hábitos y conductas. Por lo tanto, el éxito a menudo es frágil y requiere apoyo adicional además del acto físico del traslado a una nueva ubicación. Debemos asegurar que se preserve el sentido comunitario y que existan programas laborales que apoyen la creciente economía local.
Es por esto que el trabajo realizado por el equipo de Salvaguardias del BID, con el apoyo del equipo técnico y agencias ejecutoras, ha sido decisivo. Con tantas variables móviles en el proyecto, desde los plazos, pasando por el presupuesto y el personal, hasta las habilitaciones, entre otras, es fácil perder de vista cuáles elementos garantizan la sostenibilidad ambiental y social. Cada día, nuestros equipos lidian con estas dificultades en proyectos de todo tipo, escala y ubicación, lo que nos permite evaluar con rapidez los nuevos proyectos y hacer las sugerencias apropiadas.
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