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Una visión azul para América Latina y El Caribe

June 14, 2021 por Santiago J. Bucaram-Villacís - Gregory Watson Deja un comentario


El océano cubre más de las tres cuartas partes de la superficie terrestre y desempeña un papel fundamental en la vida de muchas especies, incluida la humana. En términos económicos, la contribución del océano fue valorada por la OCDE (2016) en 1.5 billones de dólares para el año 2010, cifra que podría aumentar a 3 billones en 2030. Si a esto le sumamos los bienes y servicios ecosistémicos asociados a los océanos y zonas costeras del planeta, la contribución total asciende a 2.5 billones de dólares al año (WWF, 2015).

Las actividades marinas y costeras aportan al sustento de millones de personas en todo el mundo. En la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC), estas actividades son particularmente importantes, pues casi todos los países que la conforman tienen costas oceánicas notables. En esta región, el 27% de la población habita en las zonas costeras y, en 2018, más de 2.5 millones de personas (muchas de ellas en situación de pobreza) trabajaron directamente en la pesca o en la acuicultura, lo que significó una contribución económica anual de alrededor de 25 mil millones de dólares al PIB de la región. Además, el turismo costero generó 6 mil millones de dólares anuales solo en el Caribe, lo que posicionó la contribución total del océano al PIB de esta zona en más de 7 mil millones de dólares al año.

A pesar de que su importancia económica y social es innegable, la política para el manejo de los recursos oceánicos ha sido a menudo ignorada por la comunidad internacional y los responsables políticos. En este contexto, la necesidad de promover un uso sostenible de los recursos marinos y costeros, como estrategia para impulsar el crecimiento de las naciones y preservar su capital natural, se hace cada vez más palpable. El enfoque denominado Economía Azul es una de las alternativas que permite atender dichas necesidades, pues este busca proteger los servicios ecosistémicos derivados de los activos marinos y costeros, así como abordar algunos de los desafíos clave de las economías de los países ribereños (alto desempleo, inseguridad alimentaria, pobreza, entre otros).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra elaborando un conjunto de plataformas, fondos, actividades y proyectos relacionados con la Economía Azul a lo largo de toda LAC. Además, el BID ha apoyado a los países miembros en la introducción del enfoque azul en las estrategias de desarrollo sostenible pendientes, con el objetivo de mejorar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) (compromiso que adquieren los países para la reducción de carbono). La Economía Azul permite el cumplimiento de estos objetivos porque impulsa el desarrollo y conservación de ecosistemas de gran importancia para la captura de carbono.

Sin embargo, después de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, los países requerirán mucha más intervención con enfoque azul. En la era posterior a la pandemia, los sectores que dependen de los océanos se verán afectados negativamente, especialmente en los sectores del turismo y la pesca artesanal. Por un lado, es razonable pensar que la demanda de turismo, hasta el 2022, seguirá muy baja; y, por otro, la pesca artesanal se verá afectada por una fuerte contracción de la demanda de recursos hidrobiológicos, pues esta depende en gran medida de la actividad del sector hotelero y gastronómico. Además, puesto que la vulnerabilidad económica de las poblaciones costeras aumentará, es muy probable que estos sectores busquen recursos económicos alternativos y sobreexploten los disponibles.

La Economía Azul puede ser uno de los caminos que lleve a las naciones a reactivar su economía tras la crisis, pues, entre otras cosas, este enfoque promueve la autosuficiencia de los estados que dependen de los recursos oceánicos para el sustento de sus pobladores y el sostenimiento de las tasas de crecimiento del PIB. Si nos proponemos encontrar lo positivo de la situación actual, es posible descubrir en nuestros tiempos una oportunidad para diversificar y desarrollar nuevos sectores relacionados con la Economía Azul, tales como la maricultura, la producción de energía sostenible y renovable (basada en olas y energía eólica), la biotecnología marina, la explotación sostenible de recursos naturales no renovables (p. ej. minería de los fondos marinos y/o de aguas profundas), la desalinización de agua, las soluciones basadas en la naturaleza y el secuestro de carbono.

Una de las acciones que el Banco ha tomado en este sentido es el financiamiento a un estudio que tuvo como objetivo valorar económicamente los ecosistemas de arrecifes en la región mesoamericana a partir de los bienes y servicios que estos brindan. Esta valoración demostró que es posible recaudar aproximadamente 805 millones de dólares para la protección de los arrecifes de coral. Además, el estudio concluyó que las actividades de restauración de arrecifes en la región mesoamericana deben ampliarse masivamente, para lo cual se requiere establecer criterios específicos relacionados a la selección de los corales y las zonas de restauración, así como un monitoreo científico adaptativo y una estrecha colaboración con la comunidad local. Este estudio servirá como base fundamental para el diseño de un seguro para los corales Mesoamericanos.

Las posibilidades de innovación y desarrollo tecnológico apalancadas en los activos azules de LAC aún no han sido explotadas lo suficiente, es por eso que El BID continúa comprometido con estas iniciativas. Entre otros esfuerzos destacables del Banco con respecto a estos objetivos están el apoyo al diseño de la política de economía azul en Costa Rica y el soporte en el diseño e implementación del Libro Blanco de Pesca y Acuicultura en Perú. Creemos firmemente que la recuperación económica post-COVID 19 en los países de LAC es factible y alcanzable, aún más si se incorpora una visión azul al proceso de reactivación y desarrollo sostenible de largo plazo para la región.


Créditos imagen: Unsplash.com


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:Economía azul, oceano, servicios ecosistémicos

Santiago J. Bucaram-Villacís

Santiago J. Bucaram es un Especialista del Sector de Recursos Naturales en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un doctorado en economía de recursos naturales y agrícolas de la Universidad de California en Davis y una maestría de la Universidad de Florida. Antes de unirse al BID, el Dr. Bucaram era el director de dos Centros de Investigación Económica en Ecuador: el Centro de Investigación Económica ESPOL y el Instituto de Economía de la USFQ. También fue consultor de diferentes organizaciones tales como: World Wildlife Fund, World Bank, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre otros. Ha impartido cursos de pregrado y postgrado en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en Ecuador, así como en la Universidad de Los Andes en Colombia. Sus intereses profesionales y de investigación se centran en la intersección entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico en América del Sur y Central.

Gregory Watson

Gregory Watson lidera el programa Natural Capital Lab del BID, financiado por los gobiernos de Francia y Reino Unido. El programa trabaja con el Grupo BID y sus socios para impulsar la innovación en el financiamiento del capital natural y promover la integración de la biodiversidad. Natural Capital Lab incuba, acelera y escala nuevas soluciones a problemas ambientales urgentes al considerar la naturaleza como un activo. Anteriormente, Greg trabajó en BID Lab donde dirigió la primera inversión de capital del BID en océanos, una inversión de capital en un sistema silvopastoril de Macauba, desarrolló el primer Banco de Hábitat en ALC, apoyó una clase de activos para el comercio de capital natural y estructuró el Proyecto de inversión del Fondo Climático para los bosques de $20 millones. También creó el programa de microfinanzas ecológicas EcoMicro, conceptualizó el Climascopio y diseñó el primer proyecto FIP del sector privado en el mundo, en México. Gregory Watson tiene una maestría de la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher y una licenciatura de la Universidad de Tufts.

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