En Colombia, los suelos agrícolas enfrentan una paradoja que compromete su uso óptimo según su vocación agropecuaria. De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)- de los 11,3 millones de hectáreas de suelos destinados a la agricultura, solo se aprovecha el 35% para este fin. Y de estos, alrededor del 15,63% corresponde a suelo sobreexplotado, mientras que el 13,09% está subexplotado.[1] Un ejemplo notable es el conflicto en el uso que genera la actividad ganadera: mientras que 8 millones de hectáreas están diseñadas para esta función, actualmente su uso se extiende a alrededor de 38 millones de hectáreas, es decir, casi cinco veces más de lo establecido.
Para superar estos desafíos y garantizar un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, Colombia está desarrollando ejercicios de planificación y gestión estratégica de los suelos, respetando su vocación. En esa línea, en 2018 la UPRA definió la frontera agrícola en su resolución 261 como “el límite del suelo rural que separa las áreas de especial importancia ecológica y las demás donde la ley o norma excluye las actividades agropecuarias”.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, la frontera agrícola representa un acuerdo crucial que contribuye a la reducción de la deforestación en el sector agropecuario y brinda además seguridad jurídica a las inversiones públicas y privadas realizadas dentro de ella (MADR, 2018; Parra-Peña y Puyana, 2021[2]). Esta frontera fue actualizada en julio de 2023, y ahora abarca 43 millones de hectáreas, lo que representa el 37,8% del territorio nacional (UPRA, 2023). Simultáneamente, y con el fin de maximizar el desarrollo de las cadenas de valor agropecuarias y los clústeres agroindustriales, la UPRA ha implementado los “planes de ordenamiento de la producción” para productos como la papa, el arroz[3], la cebolla de bulbo, la caña panelera, la leche, el aguacate, el cacao, la pesca y acuicultura, el maíz, el algodón, y las plantaciones forestales. Sin duda, estos esfuerzos han sido positivos para potenciar la producción agropecuaria con criterios ambientales.
Planificación predial participativa
A un nivel más local, algunos proyectos de desarrollo rural sostenible complementan estos procesos de índole nacional y sectorial mediante el diseño y uso de la herramienta de “planificación predial participativa”, que involucra a agricultores, comunidades locales y otros actores relevantes en la toma de decisiones sobre el uso del suelo en sus predios. Este enfoque colaborativo permite identificar las mejores prácticas para el uso del suelo, optimizar los recursos disponibles y desarrollar estrategias que equilibran la producción agrícola con la preservación de los ecosistemas. Un ejemplo destacado es el proyecto de “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados” que implementa Amazon Conservation Team (ACT) en los departamentos de Caquetá (Montañita, Doncello y Florencia) y La Guajira (Dibulla), y que hace parte del portafolio de proyectos del Fondo Colombia Sostenible(FCS)[4], un fondo respaldado por Noruega, Suecia, y Suiza, y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se promueve la herramienta de “planeación predial participativa”.
“Recorrer nuestra finca y dibujarla en el ejercicio de la planificación predial nos aporta no solo una visión para optimizar nuestras fincas de manera productiva, sino que también reconocemos la importancia de incorporar procesos de conservación. Esta integración nos permite equilibrar la producción agrícola con la preservación del entorno, asegurando un futuro próspero y en armonía con la naturaleza para las generaciones venideras”, afirma Óscar Polanía, participante de este programa, restaurador y productor de cacao agroforestal.
En el marco de este proyecto, se implementó un proceso de planificación predial participativa que incluyó la georreferenciación de los predios, lo que permitió desarrollar planes operativos detallados y específicos para cada finca. Como parte de las acciones clave, se estableció un vivero comunitario, encargado de producir material vegetal nativo necesario para las actividades de reforestación en los predios beneficiarios. A la fecha, se han producido y distribuido más de 22.095 árboles maderables y 2.251 árboles frutales. El proyecto ha definido metas concretas en tres áreas principales: restauración activa (66 ha), rehabilitación (622,4 ha) y restauración pasiva (660,4 ha). Los avances alcanzados al primer semestre de 2024 son del 20,1% en restauración activa, 94,7% en rehabilitación y 100% en restauración pasiva. Las actividades de restauración activa incluyen, entre otras, la protección de fuentes hídricas y la recuperación de áreas degradadas. En cuanto a la rehabilitación, se han implementado sistemas silvopastoriles en zonas ganaderas y sistemas agroforestales en áreas agrícolas. La restauración pasiva, por su parte, se ha centrado en la formalización de acuerdos voluntarios de conservación con los propietarios de los predios. Finalmente, se implementó un plan de monitoreo participativo. (ACT, Informe Semestral de Proyecto 2024-I).
Vivero local con material vegetal nativo
A la fecha, el proyecto registra exitosamente la firma de 122 acuerdos voluntarios de conservación con familias campesinas, fundamentales para proteger áreas críticas y promover prácticas de agricultura sostenible en los departamentos de Caquetá y la Guajira, Colombia.
En conclusión, el “súper poder” de los procesos de planificación del uso del suelo agrícola radica en su capacidad para mejorar los medios de vida de las comunidades rurales, aumentar la productividad agropecuaria y contribuir a la restauración de los sistemas ecológicos. Estos procesos, en particular, protegen las fuentes hídricas, recuperan tierras degradadas, conservan la biodiversidad, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentan el componente forestal.
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[1] Los Conflictos de Uso resultan de la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas y por el grado de armonía que existe entre la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio.
[2] Este estudio realiza un análisis de política pública de como aumentar la productividad agrícola en Colombia en el marco de la frontera agropecuaria.
[3] Ver Parra-Peña, Flórez, y Rodríguez, 2022, para un análisis de competitividad de la cadena del arroz en Colombia.
[4] El objetivo de este fondo es reducir la deforestación, conservar la biodiversidad y promover el desarrollo rural sostenible en municipios afectados por el conflicto armado.
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Referencias:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2012). Mapa de Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA. (2017). Política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Bogotá.
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