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¿Por qué el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní es la innovación sostenible que necesitamos en política de aguas subterráneas?

March 29, 2019 por Khafi Weekes - Maria Vizeu Pinheiro Deja un comentario


Las aguas subterráneas representan un tercio de los recursos de agua dulce no congelados del mundo, proporcionan el 50% del agua potable y constituyen la principal fuente de agua para las grandes industrias, en particular el uso de riego (UN-IGRAC 2019). Durante los últimos 50 años, cada ano, la demanda mundial de agua subterránea se ha duplicado. Ello conlleva a que un tercio de las cuencas internacionales estén experimentando actualmente dificultades de almacenamiento (Wada y Heinrich 2012). Cuando el agua subterránea es bombeada a una velocidad mayor que la de su reposición, y sin considerar las consecuencias en el almacenamiento de los acuíferos y en las aguas superficiales, puede provocar una disminución del almacenamiento de agua subterránea a lo largo del tiempo (Van Camp, Radfar y Walraevens 2010). El estrés hídrico en las cuencas subterráneas internacionales se ha atribuido en parte al incipiente desarrollo de la legislación de acuíferos transfronterizos y establecimiento de políticas para lograr el uso sostenible de recursos hídricos subterráneos compartidos (Rajmani 2012). Sin embargo, el innovador Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní de 2010 suscrito por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ratificado por todos los estados ribereños en 2018, podrían proporcionar lecciones de política útiles para mejorar la seguridad hídrica en la región de América Latina y el Caribe (LAC).

Las convenciones internacionales sobre agua subterránea se encuentran en etapas emergentes de su desarrollo (Rajmani 2012). El primer tratado que regula el acceso a las aguas superficiales en cuencas internacionales fue el Acta Final de 1815 del Congreso de Viena y la primera convención internacional que menciona los sistemas de aguas subterráneas en cuencas transfronterizas fue la Convención de Naciones Unidas de 1966 en Helsinki. Además, el Convenio de Helsinki proporcionó directrices, basadas en las necesidades de sostenibilidad físico-ambiental de las aguas superficiales.  Sin embargo, no fue hasta el proyecto de artículos sobre el derecho de acuíferos transfronterizos de 2008 (DLTA por sus siglas en inglés) que el derecho internacional consideró explícitamente los factores de uso físico-ambiental y social en el establecimiento de pautas de uso sostenible de aguas subterráneas para acuíferos en cuencas internacionales (Richey et al. 2015). Por primera vez, el derecho internacional recomendó: (i) el deber de los estados ribereños de cooperar entre sí, guiados por los principios de Gestión Internacional de los Recursos Hídricos, para acceder a aguas subterráneas compartidas; (ii) el intercambio de datos científicos, particularmente sobre el uso sostenible de los acuíferos y los modelos hidrológicos, para fomentar la gestión científica de las aguas subterráneas en cuencas internacionales; y (iii) la suministro de apoyo técnico por parte del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para desarrollar capacidades científicas en aguas subterráneas en los estados ribereños signatarios.

El Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní de 2010 fue uno de los dos primeros acuerdos legalmente vinculantes a nivel mundial en adoptar recomendaciones del DLTA de 2008. El acuerdo emana de las preocupaciones generadas por el incremento de la demanda sobre el almacenamiento de agua subterránea de la cuenca (Villar 2016), en particular en la parte sur, que cuenta con área de 1,100,000 km2. En esa área, el experimento ‘GRACE’ de la NASA (Gravity Recovery and Climate Experiment) detectó altas tasas de agotamiento de hasta 8 km3/año (Munier et al 2012).

El proceso de desarrollo del Acuerdo es ejemplar, puesto que desde su inicio fue (i) basado en la ciencia,  instruido por el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema de Acuíferos Guaraníes (2003-2006) que aumentó el conocimiento científico de las características físico-ambientales de la Cuenca; y (ii) conformado por un extenso proceso consultivo que incluyó: academia, entes de gobierno desde el nivel municipal al binacional, organizaciones internacionales y actores del sector privado (Villar 2016).

El Acuerdo también es innovador porque se basa en los principios fundamentales del DLTA de 2008 e incluye obligaciones adicionales de (i) no causar daño, manifestado en el requisito de realizar evaluaciones de los impactos ambientales sobre el uso del agua dentro y fuera de territorio nacional; y (ii) proveer información adicional, que incluye “estudios, actividades y trabajos que contemplen el uso sostenible de los recursos hídricos del Sistema Guaraní”. Además, el hecho de que cuatro países logren alcanzar consenso legalmente vinculante para las partes, estableciendo un marco básico para la gestión sostenible de las aguas subterráneas en una cuenca compartida, es en sí mismo extraordinario. Que este Acuerdo sea aplicado en una región del mundo relativamente rica en agua, es indicativo de que América Latina está tomando un enfoque proactivo en la gestión de las aguas subterráneas. También supone un ejemplo para la prevención de conflictos, en lugar de la resolución de los mismos, puesto que dichos acuerdos son más comunes cuando las regiones ya están en situaciones de crisis del agua (Morris et al 2003). Adicionalmente, la ratificación del Acuerdo el año pasado permite el establecimiento de la Comisión del Acuífero Guaraní, un organismo regional con la misión de responder a los potenciales conflictos generados por el bombeo excesivo en las fronteras nacionales, y convocar proyectos cooperativos de conocimiento y gestión de recursos para mejor manejo del Sistema Acuífero Guaraní.

Con una creciente población de 606 millones en América Latina y el Caribe (WPDS 2013), el Banco Interamericano de Desarrollo es muy consciente de las crecientes presiones que sufren los recursos hídricos subterráneos y la importancia de apoyar el desarrollo de políticas para la gestión sostenible de las aguas subterráneas, en particular en las cuencas internacionales de la región. El proceso de desarrollo del Acuerdo y las obligaciones del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní de 2010 brindan lecciones de política útiles para potenciales inversiones del Banco en este sector.

Imagen cortesia de Long Qi desde Pixabay


Archivado Bajo:Agriculture and Food Security, Sin categorizar

Khafi Weekes

Khafi Weekes works at the Environment, Rural Development, and Disaster Risk Management Division of the Inter-American Development Bank specializing in risk-resilient coastal zone and watershed management. Over the past three and a half years at the Bank she has been providing design, technical guidance and quality assurance for investments aimed at mainstreaming ICZM, IWRM, coastal risk resilience and leveraging coastal biodiversity for sustainable infrastructure, tourism and other blue economic activities in 13+ countries in the Latin America and Caribbean region. Another major element of her work has involved leading initiatives that build local technical capacities to effectively address climate risks ranging from hosting in-country workshops to the design of university level courses, the most recent of which being a university seminar for the University of Belize entitled ‘Climate Change Adaptation Planning for the Coastal Zone’. She was recently appointed to the Bank wide Sargassum Task Force identifying linkages between watershed activities and sargassum blooms in the Caribbean Basin. In tandem with her work at the IDB, Khafi is completing a PhD specializing in international water policy and groundwater sustainability in transboundary basins at McMaster University, Canada. Prior to joining the IDB, Khafi founded and directed the Coastal Protection Unit, and before that, was the Technical Advisor on Drainage Management to the Minister of Works of Trinidad and Tobago.

Maria Vizeu Pinheiro

Maria Vizeu-Pinheiro is a lawyer specialized in environmental and natural resources issues. Over the last 5 years, she worked at the Environment Division of the Inter-American Development Bank (IDB). Maria worked on the analysis of environmental policies, governance and regulatory frameworks for multiple IDB's sustainability operations. She led and coordinated the design of a new tool for the assessment of the Environmental Governance and rule of law in ten countries in Latin American and the Caribbean. Also, she participated in the elaboration of the last two Environmental Sector Frameworks. Before joining the IDB, Maria worked as a water and environmental lawyer in “Canal de Isabel II”, a leading company in the water sector in Spain. She also collaborated with the Ministry of Environment and Agriculture of Spain in Washington, DC. Maria is the founder of the environmental NGO Environment for Inclusion that works in Africa and Latin America, which received the "100 projects pour le climat" award from the French government. María has a degree in law from the Complutense University of Madrid, and an LL.M in international law specializing in Environment and Energy from Georgetown University Law Center.

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