Comúnmente durante los procesos de diseño de una operación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizamos el análisis de capacidad institucional de la agencia ejecutora y las autoridades nacionales correspondientes para mitigar riesgos ambientales y sociales. Sin embargo, ¿Es posible que estamos dejando en la sombra las autoridades y comunidades locales, que son los primeros en vivir los impactos y fiscalizar las medidas de mitigación? Dentro de una operación en Nicaragua, tuvimos la oportunidad de reconocer que las políticas de salvaguardias ambientales permitieron poner en lupa a estos actores claves.
Dentro de la cartera de proyectos BID en Nicaragua se cuenta con un programa de exploración geotérmica a las faldas del volcán Cosigüina, dentro de la península ubicada en el golfo trinacional (El Salvador, Honduras y Nicaragua). Es uno de los sitios más aislados y remotos del país, con limitada o casi nula cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento, pero que tiene el potencial para generar alrededor de 40 MW para abastecer la demanda nacional.
Ubicada en la Reserva Natural del Volcán Cosigüina (RNVC), la operación ha sido categorizada por las políticas de salvaguardias ambientales del BID bajo categoría A y categoría I bajo la legislación nacional. A través de los años, la degradación de la cobertura boscosa en la RNVC ha dirigido a una fragmentación del hábitat de bosque seco, que ahora hospeda apenas 14 individuos de Ara macao cyanoptera, una especie de papagayo conocida localmente como “lapa colorada.”
Adicionalmente, la península de Cosigüina, donde se ubica la RNVC, sufre por periodos alternados de sequía e inundaciones severas, dos fenómenos que han vuelto más extremos por el cambio climático. Con la degradación de la cobertura boscosa, los fenómenos climáticos extremos, y la demanda del agua para fines agrícolas en la zona, se han debilitado los suelos y la escorrentía de aguas superficiales, fuentes de servicios ecosistémicos de las poblaciones locales.
Cuando la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESG) del BID consideró estos factores, determinó que la introducción del programa de exploración geotérmica a la RNVC representaba más un factor que podría acelerar los procesos de degradación tanto del bosque seco como las fuentes de agua dulce. Los equipos de ESG y en la representación del BID en Nicaragua empezaron a volcar todos sus esfuerzos en temas de gestión socio ambiental. El Plan de Acción Ambiental y Social que desarrollamos con la agencia ejecutora incluyó un Plan de Acción Íntegra de la Biodiversidad, que requiere, entre otras acciones,
- la actualización del Plan de Manejo de la RNVC;
- la creación de brigadas contraincendios en el parque;
- un programa de reforestación amplia; y
- caso fuera necesario, la creación de un esquema de pago por servicios ambientales para las poblaciones locales.
Además del Plan de Acción con la agencia ejecutora y al Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), hicimos visitas de campo a la localidad del programa, donde nos encontramos con la grata sorpresa de tener una comunidad organizada y comprometida con la gestión socio ambiental. Ya existía una Unidad de Gestión Ambiental municipal compuesta por 2 funcionarios cubriendo 1.275 km² de territorio; ya existía una brigada contra incendios, mismo de carácter voluntario; ya existían intenciones para desarrollar un esquema de pago por servicios ambientales; y ya existía un Grupo de Trabajo con Plan de Acción y presupuesto propios que abrigaba los diversos actores locales. Solo faltaba que la agencia ejecutora del programa geotérmico se insertara en ese proceso. Aun con grandes limitaciones de recursos financieros y logísticos, los actores locales siguen absolutamente proactivos y reconocidos por la comunidad por su compromiso y desempeño en terreno.
Nicaragua, aun dentro de muchas adversidades e indicadores macroeconómicos no tan alentadores, puede sentirse absolutamente orgullosa de su organización comunitaria, producto de procesos sociopolíticos surgidos en los años 80s. Las comunidades de Cosigüina son un claro ejemplo de ello, y nos recuerdan que debemos ir al terreno en todo el proceso del proyecto y no conformarnos sólo con las capacidades de nuestras contrapartes. En este caso, la comunidad organizada es el mejor fiscalizador de que las políticas del BID sean aplicadas y se asegure el desarrollo sostenible.
Este proyecto nos dio una lección: que, en el día a día del diseño de los proyectos, podemos olvidar la importancia del trabajo local. Es muy cierto que nos quedamos en el diálogo con las autoridades nacionales, quien evidentemente son las que coordinan el trabajo en territorio, pero el Plan de Acción Ambiental y Social tuvo mucho más sustento por los insumos que dieron los comités comunitarios con alta trayectoria de gestión de su territorio y autoridades locales.
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