El monitoreo y evaluación de políticas, proyectos y programas tienen especial importancia para el desarrollo de un país. Estas dos actividades nos permiten saber si los programas y proyectos se ejecutan de manera eficiente, así como también evaluar su éxito en términos de objetivos, metas y población alcanzada. Sólo si conocemos bien cómo se está implementando un plan, y qué resultados e impactos tiene en el corto, mediano y largo plazo, se puede afinar y mejorar el diseño de las políticas sobre las que estos proyectos se levantan.
Por esta razón, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la iniciativa Agrimonitor, apoya a los gobiernos de América Latina y El Caribe en el monitoreo de sus políticas agropecuarias. Agrimonitor utiliza la metodología de la OCDE denominada “Estimados de Apoyo al Productor” (PSE por sus siglas en inglés) para medir cuánto invierten los gobiernos en el sector agropecuario. Esta metodología permite determinar de manera cuantitativa el nivel de apoyo al sector, y clasificar este apoyo en protección de precios de mercado, gasto en subsidios o apoyos directos a productores y consumidores, o inversiones en servicios generales o bienes públicos.
En el marco de esta iniciativa, el BID ha trabajado conjuntamente con los gobiernos de la región en el desarrollo de habilidades para el monitoreo de políticas. Uno de los primeros casos de éxito fue Ecuador, reflejado en la colaboración realizada desde 2016 con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Después de un proceso que incluyó capacitaciones y acompañamiento técnico, el MAG calculó los indicadores de apoyo al sector. Los hallazgos más relevantes fueron posteriormente publicados como parte de la colección de Informes de Política Agropecuaria del BID.
El informe sobre Ecuador muestra que el sector agropecuario tiene una participación de alrededor del 10% en el PIB y emplea a más de dos tercios de la población rural económicamente activa. Adicionalmente, el informe nos muestra varios retos que enfrenta el sector, como la concentración de su oferta exportable en productos primarios, la pobreza rural acentuada, la baja productividad agrícola, y la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático.
Ante este panorama, el gobierno de Ecuador provee dos tipos de apoyo al sector: protección de precios de mercado y gasto público. Por un lado, la protección de precios en el país se da a través de barreras arancelarias y no arancelarias para los productos de importación. El Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y como tal aplica derechos de importación variables ad valorem, de acuerdo con el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios. Además, para ciertos productos, el gobierno ecuatoriano fija “Precios Mínimos de Sustentación”, para sostener el ingreso de los productores en el contexto de la inestabilidad de los precios, y compensar el poder de mercado de intermediarios, industriales y comercializadores.
Por otro lado, el apoyo al sector a través de gasto público está constituido de una mezcla de subsidios directos y bienes públicos. Entre los subsidios directos destacan la entrega de agroquímicos o semillas certificadas subsididadas, dotación de maquinaria, equipos e infraestructura, servicios en finca, o programas de seguro agropecuario subsidiado. Las inversiones en bienes públicos, como investigación, innovación y transferencia de tecnologías, sanidad agropecuaria, e infraestructura, también son parte de la cartera de programas de apoyo al sector.
El apoyo total a la agricultura en promedio entre 2014 y 2016, representó el 1.07% del PIB. La protección de precios representó, de acuerdo con la información provista por el MAG, entre el 51 y 96% del apoyo total en el período 2006-2016, debido a las barreras arancelarias (por ejemplo, aranceles a la importación de carne de cerdo) y a los mecanismos de fijación de precios (existentes para banano, arroz y leche). Por otro lado, entre 2014 y 2016 el 46% del gasto público se destinó a subsidios (principalmente a insumos), y el 54% a diversos bienes públicos (con más inversión en investigación y educación). La composición del apoyo en Ecuador es distinta en comparación con la de otros países de la región (por ejemplo, Chile, o Uruguay) que dan más énfasis al apoyo a través de bienes públicos (o servicios generales, como se denominan en la metodología PSE) y han reducido los apoyos en forma de protección de precios de mercado o de subsidios directos.
Los datos recopilados a través de este análisis de políticas agropecuarias nos muestran que se podría mejorar la composición del apoyo al sector agropecuario ecuatoriano. Por ejemplo, un estudio realizado por el BID estimó que el redireccionar el gasto del gobierno hacia la inversión en bienes públicos (10 puntos porcentuales), sin incrementar el gasto público total, puede elevar el ingreso per cápita hasta un 5%. Por otro lado, el país podría disminuir paulatinamente la protección a los precios de mercado para reducir las distorsiones de mercado que pueden afectar a los consumidores ecuatorianos al pagar mayores precios por los alimentos importados.
El trabajo colaborativo entre el gobierno de Ecuador y el BID sigue en marcha. Ahora, además del apoyo en el monitoreo de política agropecuaria, estamos trabajando en la construcción de indicadores para el monitoreo de políticas pesqueras, y en una próxima entrada ¡les tendremos avances!
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