La transformación digital es imparable y los gobiernos del mundo no se quedan atrás en esta tendencia. Están adoptando tecnologías innovadoras para mejorar los servicios públicos, fomentar la participación ciudadana y garantizar una mayor transparencia en la toma de decisiones. Para poder maximizar los beneficios y evitar impactos negativos, estos procesos de digitalización deben ir acompañados de medidas para abordar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) asociados.
¿Qué es gobierno digital?
La Guía de Transformación Digital del Gobierno desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define la transformación digital del gobierno como “el cambio de cultura corporativa, modelo organizativo, métodos y procesos que aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación para que las instituciones públicas atiendan las necesidades de los ciudadanos y empresas de forma eficiente, transparente y segura”.
Por su parte, la OECD ha planteado que el gobierno digital no consiste simplemente en la adopción de tecnologías digitales en la administración pública, sino también en la definición de estrategias de modernización del Estado que utilicen tecnologías digitales como parte integral y estén encaminadas a la creación de valor público. Por eso, una de las dimensiones de gobierno digital es la “dirección por el usuario”, que concede un papel activo a los ciudadanos en la configuración de los procesos, servicios y políticas y requiere de la adopción de mecanismos de inclusión para garantizar que esto suceda.
¿Sabías que en América Latina y el Caribe se está avanzando hacia una mayor digitalización del gobierno?
La necesidad de agilizar los procesos, cerrar brechas o encontrar nuevas ventajas competitivas ha creado una oportunidad para que no sólo las empresas, sino también los gobiernos de la región busquen ampliar los ecosistemas digitales y la información que contienen. Este crecimiento se ha visto facilitado por las mejoras en la infraestructura digital, incluida la expansión de las redes de banda ancha y la adopción de nuevas tecnologías, como la computación en la nube.
No obstante, la región presenta grandes desafíos al respecto. La transformación hacia un gobierno digital en los países de América Latina no ha sido uniforme. En el 2022, Uruguay (35), Chile (36), Argentina (41) y Brasil (49) se encontraron en el primer cuartil del ranking de 197 países evaluados bajo el Índice de Desarrollo del Gobierno Digital de Naciones Unidas (EGDI), que mide el alcance y calidad de los servicios en línea, el nivel de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y el capital humano requerido. En contraste, otros países de la región se posicionaron en el último cuartil. Adicionalmente, a pesar de que existen cada vez más nativos digitales, existe también un nivel bajo de alfabetización digital. A esto se suman los entornos regulatorios complejos, que pueden dificultar los procesos de digitalización.
Para responder a estos desafíos, el BID ha desarrollado varias herramientas, como la Guía de Transformación Digital del Gobierno donde se detalla cómo entender e impulsar la transformación digital según cinco pilares: gobernanza e institucionalidad, marco normativo, talento digital y gestión del cambio, infraestructura y tecnología, y nuevos procesos y servicios digitales.
¿Cuáles son los potenciales riesgos e impactos asociados a procesos de digitalización?
Si bien son conocidos los numerosos beneficios de la digitalización en los gobiernos, también se reportan riesgos asociados que deben ser considerados.
Riesgos ambientales
- Aumento del consumo energético y la huella de carbono debido al uso de tecnologías digitales.
- Mayor generación de residuos peligrosos relacionados con la producción y eliminación de dispositivos electrónicos que pueden liberar sustancias tóxicas al medioambiente si no se manejan de forma adecuada.
- Mayor demanda de recursos naturales en la fabricación de dispositivos electrónicos y tecnología. El aumento de la demanda puede llevar a una mayor explotación de estos recursos, lo que puede tener impactos ambientales negativos.
- Dependencia excesiva de tecnologías que pueden ser vulnerables a eventos climáticos extremos, como inundaciones, terremotos o tormentas.
Riesgos sociales y de derechos humanos
- Exclusión digital de personas y comunidades que no tienen acceso o habilidades para utilizar tecnologías digitales. La falta de acceso o el desconocimiento del uso de las tecnologías de la información se convierte en un factor determinante para crear (o ahondar) brechas entre ricos y pobres y para originar (o empeorar) condiciones de discriminación social.
- Mayor vigilancia y control del ciudadano por parte del gobierno mediante el uso de tecnologías de vigilancia y análisis de datos.
- Pérdida de empleos debido a la automatización de procesos gubernamentales y la eliminación de la necesidad de trabajos manuales.
- Desafíos en cuanto a la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales de los ciudadanos, especialmente si se manejan de forma inadecuada.
- Aumento de las desigualdades digitales por crear barreras que acentúan las diferencias socioeconómicas y digitales existentes, puesto que puede ser más difícil para algunos ciudadanos acceder y utilizar servicios digitales del gobierno.
Riesgos de gobernanza
- Falta de transparencia en mecanismos de participación ciudadana, comunicación deficiente y obstaculización de rendición de cuentas.
- Desafíos en la implementación, ya que puede ser un proceso complejo y costoso, incluyendo problemas de interoperabilidad y de adopción por parte de los empleados gubernamentales.
- Falta de participación ciudadana, puesto que puede exacerbar la exclusión digital y dificultar la participación efectiva de quienes no tienen acceso o habilidades para utilizar tecnologías digitales.
- Riesgos de seguridad y privacidad, especialmente si los datos personales son manejados de manera inadecuada. El terrorismo cibernético, espionaje, filtraciones de datos y otras amenazas de seguridad pueden provocar la pérdida de información confidencial, la interrupción de los servicios y/o pérdidas financieras.
Es importante destacar que estos riesgos pueden variar según el contexto y la implementación de la transformación digital por parte de los gobiernos. Por lo tanto, las estrategias de gobierno digital requieren del diseño e implementación de medidas para prevenir y corregir impactos ASG no deseados, incluyendo impactos sobre los derechos humanos.
¿Qué herramientas existen para manejar estos riesgos ASG?
El Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID incluye Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) con lineamientos y requisitos para los prestatarios en el manejo de riesgos ambientales y sociales. Nuestro marco se orienta hacia la gestión sistemática del desempeño ambiental y social del proyecto durante todo su ciclo de vida. En la NDAS 1, se requiere que el prestatario realice dicha gestión a través de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) específico para el proyecto, basado en el ciclo de “planificación, ejecución, verificación y acción”. Este sistema de gestión es una herramienta útil para identificar y gestionar los potenciales riesgos e impactos asociados al uso indebido de datos y sus implicaciones para el derecho a la privacidad y otros derechos humanos; a la exclusión de grupos vulnerables que tienen conectividad o habilidades digitales limitadas; y a los desafíos para la participación ciudadana, particularmente en cuanto a la comprensión y posibilidad de impugnar las decisiones tomadas a través de los servicios de gobierno digital.
En este sentido, la implementación de un SGAS, con sus siete pilares, a proyectos de digitalización permite:
- La creación de un marco ambiental y social específico según el proyecto, que establezca los principios y objetivos para gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
- La identificación de riesgos e impactos relacionados con la infraestructura digital o la digitalización de servicios públicos que se pretende realizar.
- El diseño e implementación de planes y programas de mitigación de impactos relacionados con el consumo de energía, manejo de residuos y otros impactos ambientales de la nueva infraestructura digital, al igual que planes para garantizar la conectividad digital y acceso a servicios digitales en condiciones de igualdad y la protección del derecho a la privacidad en el tratamiento de datos.
- El fortalecimiento de la capacidad y competencia organizativas, incluyendo el desarrollo de entrenamientos y sensibilización a funcionarios públicos sobre cómo responder a los riesgos e impactos del gobierno digital.
- La preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, incluyendo eventos climáticos que afecten la infraestructura digital y situaciones de pérdida o robo de datos que afecten la privacidad.
- La participación de las partes interesadas, para garantizar un gobierno digital receptivo a las necesidades de los ciudadanos.
- La implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Transformación digital
La transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad imperante en la actualidad. Por eso, los riesgos de ASG en procesos de digitalización gubernamentales deben ser abordados adecuadamente para poder conseguir una sostenibilidad ambiental, una responsabilidad social y una gobernanza efectiva, de forma que faciliten la inserción de nuestros países en un entorno cada vez más globalizado.
En el BID creemos firmemente en la importancia de aplicar un enfoque ASG en la digitalización de los servicios gubernamentales. Nuestro Marco de Políticas Ambientales y Sociales es una herramienta esencial para asegurar que la transformación digital sea gestionada de manera efectiva y responsable, minimizando su impacto y garantizando la accesibilidad y equidad para todos los ciudadanos mediante una gobernanza transparente y segura.
Un enfoque ASG sólido es fundamental para que la transformación digital sea sostenible y equitativa para todos los ciudadanos
– Karen Quintos, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Clientes de Dell Technologies
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Felicidades, articulo muy útil que hace comprender que la transformación digital es imperante en todos los espacios de trabajo socioambiental, felicidades nuevamente.
Habría que entenderlo desde dos aristas, la primera concerniente a la digitalización de la gobernanza que, desde la óptica de eficacia y efectividad de los servicios puede ser buena en teoría, como también en la minimización de los gastos en brindar los servicios; pero también conlleva a una mayor exclusión en un país donde no existe una real democratización del uso del Internet y un nivel aceptable en su manejo, ,visto en profundidad, en países donde la exclusión social es persiste como una gangrena; también preocupa la disminución de demanda de trabajadores manuales con la implementación de la gobernanza digital en los diferentes sectores del estado. ¿Qué hacer? Ahí está el Kit del asunto. y merece una seria atención
Claro que merece seria atención puesto que plantea un dilema sobre la eficacia administrativa y equidad social. Es crucial abordar las brechas digitales y la posible exclusión que podría surgir en contextos donde el acceso y la habilidad tecnológica son desiguales. Además, es fundamental implementar políticas que garanticen una transición laboral justa y mitiguen los impactos negativos en los trabajadores afectados por la automatización.
Esta bien la informacion y es que la idea es mejorar la sociedad con las herramientas tecnologicas que se viene dando dia a dia.