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Políticas agropecuarias, acuícolas y pesqueras en Ecuador

Ecuador: Políticas y apoyos al sector agropecuario, acuícola y pesquero 2017-2021

July 2, 2024 por Gonzalo Rondinone - Carmine Paolo De Salvo - Gonzalo Muñoz Deja un comentario


Las actividades agropecuarias, de pesca y acuacultura en Ecuador son sectores productivos de relevancia histórica para el desarrollo económico, la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la inserción del país en el comercio internacional. Entre 2011 y 2021, el sector agropecuario representó el 8,1% del PIB, con un crecimiento anual promedio de 2,3%, mientras que la acuacultura y la pesca representaron un 1,1% del PIB, y tuvieron un crecimiento promedio anual de 9,2%. No obstante, a partir de 2017, el sector agropecuario experimentó una disminución en su crecimiento promedio anual, lo que se agravó con la llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020. En contraste, las actividades de acuacultura continuaron creciendo, llegando incluso a sobrepasar las exportaciones de petróleo sin refinar en los primeros meses de 2023, impulsadas principalmente por la demanda de camarón en China, alcanzando incluso en los primeros meses del 2023 a sobrepasar las exportaciones de petróleo sin refinar, de acuerdo con el Banco Central de Ecuador (BCE).

Durante el período comprendido entre 2017 y 2021, la agri­cultura y la acuacultura ecuatoriana se vieron afectadas por diversos factores a nivel local e internacional. Por un lado, el país ex­perimentó dos cambios de gobierno que determinaron nuevas prioridades en la política pública y modificaciones en la asig­nación presupuestaria del sector como respuesta, en parte, a los menores precios del petróleo, que deterioraron la balanza comercial. En consecuencia, durante este período y como se detalla en nuestro informe “Políticas agropecuarias, acuícolas y pesqueras en Ecuador: análisis y cuantificación de los apoyos en 2017-2021 y su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero”, el presupuesto destinado a la agricul­tura y a la acuacultura se redujo alrededor de un 40%. Por otro lado, a nivel internacional, la pandemia tuvo un impacto signi­ficativo en el mercado de bienes global, lo que elevó los pre­cios de las materias primas y aumentó los costos de transporte. Estos factores afectaron la comercialización y la rentabilidad de varios productos agropecuarios y acuícolas-pesqueros. Además, uno de los desafíos del sector es el aumento del empleo inadecuado y la informalidad. En el caso del empleo in­adecuado rural, ha aumentado del 81,6%, en 2016, al 86,2%, en 2021, mientras que la informalidad ha crecido del 71,7%, en 2016, al 76,8%, en 2021.

Agrimonitor: Sistema de Monitoreo de las Políticas Agropecuarias

En ese marco, la iniciativa Agrimonitor, mediante la aplicación de la metodología de Estimado de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés), releva desde el año 2014 los niveles de apoyo (presupuestarios como de precios) que los gobiernos de América Latina y el Caribe proporcionan a los productores agrícolas.  Esta métrica permite medir, comparar y caracterizar el apoyo que reciben los agricultores en diferentes países. La información tiene múltiples usos para las partes interesadas en particular el gobierno. Al disponer de datos detallados sobre el apoyo brindado a los productores, los gobiernos pueden identificar áreas donde las políticas actuales son efectivas y donde podrían requerirse ajustes.

Estimado de Apoyo Total

La reciente actualización para Ecuador que cubre el periodo 2017-2021 identifica que el total de apoyos de política anuales que recibió el sector agro­pecuario promedió US$581 millones anuales, que se compara con los US$923 millones promedio registrados en el período 2013-2016. Se destaca, en particular, una fuerte reduc­ción del Estimado de Apoyo Total en 2021, cuando alcanzó su mínimo, US$94 millones. Este proceso de reducción de los apo­yos en el Ecuador se explica por el cierre del diferencial de los precios internacionales respecto de los precios domésticos y por la política de disminución del presupuesto público dirigido al sector. Desde 2017 en adelante, el presupuesto público dedicado al sector se redujo un 40% como se mencionó anteriormente. Adicionalmente, se han eliminado o liquidado instituciones del sector como la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) que entre sus labores estaba fortalecer los servicios de almacenamiento, comercialización y distribución de insumos. Aún para aquellos proyectos que se sos­tienen en el tiempo, como el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, se registra una reducción del 50% del presupuesto.

Estimado de Apoyo al Productor

El Estimado de Apoyo al Productor represen­tó, en promedio, el 6,59% de los ingresos percibidos por el sec­tor agropecuario en 2017-2021, lo que se compara con el 9,10% del período 2013-2016, inferior en ambos casos al promedio de América Latina y el Caribe (12,5%), y sustancialmente menor que el nivel de apoyos brindados en los países de la OCDE (18%). El apoyo vía precios estimado para el período 2017-2021 promedió US$475 millones, lo que implicó una reducción del 27% respecto del valor promedio del período 2013-2016.

Estimado de Apoyo a Servicios Generales

El Estimado de Apoyo a Servicios Generales mide el apoyo presupuestario a bienes públicos para el sector agropecuario. El promedio para el periodo 2017-2021 fue de US$59 millones, comparado con el promedio de US$140 millones del período 2013-2016, lo que representa una reducción del 58%. La evidencia empírica como Anriquez et al (2016) sugiere que el gasto público agropecuario aumenta el crecimiento del sector, pero la priorización de bienes públicos en la composición del gasto es clave para el desempeño agropecuario.  Además, FAO (2021) confirma que es esen­cial reducir gradualmente algunos tipos de Apoyo Directo a los productores, o sea, los incentivos de precios y subsidios fiscales vinculados con rubros específicos, que son generalmente más distorsionantes y perjudiciales para el medioambiente. Al mismo tiempo, esos recursos deberían redirigirse hacia la provisión de bienes y servicios públicos para la agricultura, como investigación, sanidad e infraestructura.

Además, respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de los distintos rubros, podemos identificar que durante el período 2017-2021 el ganado bovino (66%), el arroz (8%) y el maíz (6%), explicaron la mayor parte mientras que, respecto de los apoyos de política, los principales apoyos se centran en el maíz (30%), el ganado porcino (24%) y el vacuno (12%). Del análisis comparativo se puede mostrar que las actividades de mayores emisiones totales no son las prin­cipales receptoras de los apoyos de política.

Esti­mado de Apoyo a la Pesca

Finalmente, se presenta por primera vez el cálculo del Esti­mado de Apoyo a la Pesca (FSE). El sector pesquero y acuícola en Ecuador ha ganado importancia debido a su di­námica productiva, especialmente en las capturas de atún y ca­marón, que representan más del 70% del valor agregado bruto del sector. El camarón, en particular, se ha consolidado como un motor clave de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. El FSE para el Ecuador ha experimentado un incremento del 20%, pasando de US$22,6 millones, en 2017, a US$30,6 millones en 2021. Las transferencias presupuestarias han aumentado de US$14,7 millones, en 2017, a US$17,2 millones, en 2021, y se destinan, en gran medida, a la gestión de recursos pesqueros, investigación y desarrollo, provisión de infraestructura y ordenamiento pesque­ro.

La sistematización de datos aquí provista sobre el apoyo recibido por el sector permite iden­tificar oportunidades para optimizar la asignación de recursos, lo que implica identificar posibles áreas de mejora en cuanto a la eficiencia del uso de los recursos disponibles.

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Créditos de imagen: Shutterstock

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Publicación: “Políticas agropecuarias, acuícolas y pesqueras en Ecuador: análisis y cuantificación de los apoyos en 2017-2021 y su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero”

Blog: ¿Están los sistemas de I+D agropecuarios de la región preparados para enfrentar los desafíos de la agricultura?

Infografía: Semillas para la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:agricultura, Agricultura sostenible, Agrimonitor, ecuador, seguridad alimentaria

Gonzalo Rondinone

Gonzalo Rondinone es Especialista en Desarrollo Rural de la División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de la iniciativa Agrimonitor cuyo objetivo es monitorear las políticas de apoyo a la agricultura en Latinoamérica y el Caribe. Posee un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuyo eje de investigación fue la formación de precios de commodities agrícola. Previo al BID, Gonzalo ha realizado estancias de investigación en Massachusetts Institute of Technology (MIT), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Universidad de Extremadura (UNEX) sobre metodologías de valuación económica de eventos climáticos extremos en el sector agrícola y diseños de mecanismos de mitigación. Ha trabajado en el desarrollo del Sistema de Evaluación de Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI) en Argentina.

Carmine Paolo De Salvo

Carmine Paolo De Salvo is a rural development specialist at the Inter-American Development Bank (IDB), where he currently works on policy and investment loans in the agricultural sector in Haiti, Suriname and Peru. In addition, Paolo directs the Agrimonitor initiative, whose objective is to monitor agricultural public policies in Latin America and the Caribbean, using the Producer Support Estimate (PSE) methodology. Prior to IDB, Paolo worked in the Agriculture and Rural Development division of the World Bank and as an economist at the Overseas Development Institute (ODI) for the Ministry of Finance and Economic Affairs in Zanzibar, Tanzania. Paolo is Italian and studied at the University of Bologna and has a Master in Economics from the London Schools of Economics.

Gonzalo Muñoz

Gonzalo Muñoz es Especialista en Desarrollo Rural de la División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el año 2008. Posee un título de Ingeniero Agrónomo y una Maestría en Finanzas de la Universidad de la República de Uruguay. Durante estos años en el BID, ha trabajado en el diseño, gestión y supervisión de proyectos de desarrollo rural en América Latina y el Caribe, habiendo estado basado en las Representación de Paraguay y República Dominicana, donde lideró el diálogo de políticas sectoriales. A partir del 2017 fue trasladado a Washington donde sumó responsabilidades de supervisión de la cartera de la División en general, además de participar en estudios de generación de conocimiento. Antes de ingresar en el BID; trabajó en la Oficina de Programación y Políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, en el Banco Central del Uruguay, y a nivel privado con el sector Cooperativo y directamente en la producción agropecuaria.

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