Un reciente informe acerca del cambio climático nos alerta sobre la urgencia de implementar el Acuerdo de París. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático dijo que, sin una transformación global, el mundo alcanzaría 1,5 grados centígrados de calentamiento en poco más de una década, lo que demanda acciones inmediatas.
En el caso de América Latina y el Caribe, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos más extremos y más frecuentes, como los huracanes, ya están afectando gravemente, ya que la temperatura promedio mundial ha aumentado en un grado.
En 2017, la región sufrió graves pérdidas económicas y humanas debido a desastres relacionados con el clima. El huracán María golpeó a Dominica y dejó al menos 31 muertos, y dañó o destruyó los techos de un 90% de los edificios, dejando a miles de personas sin hogar. En Perú, las fuertes lluvias e inundaciones cobraron la vida de más de 100 personas y causaron daños a la infraestructura por más de 4.000 millones de dólares.
Permitir que el calentamiento global supere los 1,5 grados podría ser catastrófico para la región, incluida la pérdida de los arrecifes de coral, la desaparición de los glaciares andinos y una importante pérdida de la biodiversidad. Para asegurarnos no subir más allá este límite necesitamos un cambio rápido y radical. Debemos construir infraestructura baja en carbón y resiliente, como destacó sabiamente Christiana Figueres a principios de este año.
Esto es exactamente lo que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quiere lograr. Debido a que la infraestructura debe perdurar en el tiempo, la forma en que diseñemos nuestros sistemas hoy determinará de manera crucial nuestras vías para enfrentar el cambio climático para las generaciones futuras. Un enfoque global en la infraestructura sostenible puede impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, mejorar la calidad del aire, crear empleos y construir economías bajas en carbono y resistentes al clima. Esta transición podría traer consigo ganancias económicas por un valor de 26.000 millones de dólares en los próximos 12 años en comparación con los negocios habituales, según el informe de este año de The New Climate Economy.
En el Foro Mundial de Infraestructura de 2018 celebrado en Bali, Indonesia, el Grupo BID, junto con otros bancos multilaterales de desarrollo, reafirmaron su compromiso de hacer de este futuro una realidad.
Estas organizaciones están comenzando a priorizar una infraestructura impulsada por la tecnología inclusiva, resistente y sostenible. Crearon la Plataforma de Cooperación de Infraestructura de los bancos multilaterales de desarrollo para fortalecer la coordinación de sus actividades en infraestructura sostenible. Estas instituciones continuarán trabajando con los gobiernos y el sector privado para fortalecer las políticas, la legislación y las regulaciones, y respaldar los esfuerzos para crear un conjunto de proyectos financiables para impulsar inversiones sostenibles en infraestructura.
Nos encontramos en un momento particularmente apremiante en América Latina y el Caribe, donde el gasto en infraestructura ha sido superado rápidamente por las demandas de los ciudadanos de más energía, mejor transporte público y sistemas de alcantarillado.
Afortunadamente, el mundo cuenta con los recursos tecnológicos, financieros y humanos para garantizar que la nueva infraestructura sea compatible con un clima seguro. Avanzar en el camino correcto será muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta la escala requerida de la transformación en varios sectores, especialmente la energía, el transporte, los edificios, la silvicultura y la agricultura. Una transición justa para los trabajadores afectados por la aparición de nuevos mercados y tecnologías también necesitará un manejo cuidadoso.
El Marco de Infraestructura Sostenible del BID intenta abordar estos desafíos mediante la promoción de la toma de decisiones sobre infraestructura económica, financiera, social, ambiental e institucionalmente sostenible.
El año pasado, el gobierno británico y el Grupo BID anunciaron una asociación para crear el Programa de Infraestructura Sostenible con una contribución inicial de más de 230 millones de dólares. El programa se asocia inicialmente con Brasil, Colombia, México y Perú para impulsar una infraestructura sostenible mediante la movilización de la inversión del sector privado para ayudar a los países a implementar sus planes nacionales de cambio climático.
Nuestra investigación muestra que un impulso combinado para expandir drásticamente la energía renovable, como la energía eólica y solar, y la conexión de las redes eléctricas nacionales, podría ahorrar a América Latina 30.000 millones de dólares y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la trayectoria actual.
Las decisiones de inversión en políticas e infraestructura que se tomen ahora determinarán si podemos limitar el calentamiento global a 1,5 grados o no. Construir un futuro mejor de la mano de la infraestructura sostenible es posible, pero debemos actuar ahora.
Este artículo fue publicado originalmente por El País
Foto: Willian Justen de Vasconcellos
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