La Cuenca Amazónica está convirtiéndose en un polo de atracción para la explotación de petróleo y gas. Los nuevos yacimientos se encuentran principalmente en las cabeceras de los ríos en el Amazonas, extendidos en un arco que va desde Venezuela hasta Bolivia a través de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil occidental.
Estos hallazgos conllevan excelentes perspectivas de desarrollo económico, pero también crean graves amenazas para los indígenas que habitan la selva y la incomparable biodiversidad de la región.
Generalmente, la destrucción de la selva y las amenazas para los pobladores indígenas provienen de los efectos indirectos de la apertura de la selva a las invasiones de tierras, la tala y quema de bosques, el cultivo de coca, la caza de carne de animales salvajes y la minería ilegal de oro. Esos efectos destructivos se producen cuando las exploraciones en busca de petróleo y gas despejan un paraje construyendo redes de carreteras, que a su vez abren la zona a las invasiones de tierras y la destrucción forestal.
Si es posible explotar los yacimientos de petróleo y gas sin despejar bosques para construir carreteras, sería posible proteger a los grupos indígenas, incluyendo aquellos con los que nunca se ha entablado contacto, y preservar los valores naturales de la selva.
El modelo para esta clase de protección forestal se denomina “alta mar-tierra firme”, una analogía con la técnica que usan las plataformas asentadas en alta mar para extraer petróleo y gas del fondo de los océanos.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha estado a la vanguardia del desarrollo de este modelo “alta mar-tierra firme”, comenzando en 2002 con Camisea, un importante yacimiento de gas sobre el río Urubamba, en el Perú.
Ese año, las empresas petroleras Pluspetrol y Hunt Oil, junto con el gobierno del Perú, plantearon al Banco su aspiración de que éste validara el proyecto como prestamista y fomentara la participación de otros prestamistas.
El Banco, presidido entonces por Enrique Iglesias, convino en financiar una parte del proyecto, siempre que los participantes acordaran condiciones que aseguraran una explotación con el mínimo impacto en el bosque y entre los indígenas que habitan el valle del Urubamba.
La condición más importante fue que el proyecto, incluyendo los oleoductos que atravesarían los Andes hasta la costa del Pacífico, se ejecutara sin construcción de caminos, usando helicópteros y trasladando la infraestructura pesada en barcazas aguas arriba por el Urubamba desde Manaos, durante la temporada de crecida de las aguas.
El resultado fue una instalación totalmente aislada, similar a una plataforma marina, que ha protegido a la selva y sus habitantes de las fuerzas destructivas externas.
Desde entonces, el gobierno del Perú adoptó regulaciones que exigen que la búsqueda y extracción de hidrocarburos se lleven a cabo usando el modelo “alta mar-tierra firme”, a menos que la empresa interesada pueda demostrar, de manera convincente, que es imposible hacerlo de esta forma. Hasta la fecha, las compañías petroleras que operan en el país se han ceñido a este modelo, incluyendo Perenco en el Bloque 67 en el norte del Perú y Hunt Oil en sus exploraciones en el Bloque 76, al este del Parque Nacional del Manu.
Al financiar el proyecto de Camisea, el Banco también tomó encomiables recaudos a fin de mitigar los efectos de la explotación, trabajando con el gobierno peruano para crear parques nacionales y reservas indígenas en la región, incluyendo el Parque Nacional Otishi, la Reserva Comunal Machiguenga, la Reserva Comunal Ashaninka y el Santuario Nacional Megantoni, protegiendo más de un millón de hectáreas de esta magnífica región.
La extracción de hidrocarburos también debe asegurar que los beneficios sean compartidos equitativamente para atender las necesidades de salud, educación y desarrollo económico de las regiones afectadas. En este sentido todavía queda mucho por hacer, y el Banco trabaja con objeto de asegurar algunos beneficios sociales que el gobierno peruano todavía no ha abordado completamente.
El año pasado se cumplió el décimo aniversario de la operación del proyecto de Camisea, que ahora suministra el 98% del gas natural consumido en el Perú. El proyecto genera anualmente más de mil millones de dólares en concepto de regalías y ha permitido un aumento del PIB peruano de casi el 1%.
Camisea es un modelo del liderazgo que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo y debe servir de modelo para todos los financiamientos de infraestructura de hidrocarburos que lleven a cabo el Banco y otros prestamistas.
Bruce Babbitt fue Secretario del Interior en el gabinete del Presidente Clinton, desde 1993 hasta 2001. En 2005, presidió el Comité de Alto Nivel para el Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo.
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