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Cárceles en crisis: investigamos el costo que pagan las mujeres

Mujeres esperandoUn día de visitas en cualquier centro penitenciario de América Latina y el Caribe transcurre de manera similar. Muy temprano en la mañana llegan los familiares de lo(a)s intern(o)as, recién bañados y arreglados para el encuentro. Se ubican en una fila que suele ser larga y lenta. Llevan consigo paquetes con comida, sodas, ropa, cartas, tarjetas telefónicas, medicinas, cigarrillos, libros, entre otros productos que no necesariamente logran entrar a prisión.

Rápidamente son rodeados de vendedores que ofrecen toda una variedad de productos que complementan los propios. Pasan controles y requisas por parte del personal penitenciario hasta que al final se reúnen con su ser querido por algunas horas, terminando con la ilusión del próximo encuentro.

Catalina Perez Correa, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en visitas al reclusorio de Oriente de la Ciudad de México, notó un hecho que luego se hizo evidente a sus ojos: la mayoría de las personas que iban a visitar a sus familiares en prisión eran mujeres. Muchas de estas iban con niños de diversas edades, pero al fin y al cabo mujeres: esposas, madres, hermanas, hijas de lo(a)s privado(a)s de libertad.

Y son precisamente estas mujeres, ignoradas por el modelo penal y el sistema penitenciario, quienes terminan asumiendo muchos de los costos económicos, sociales y de salud asociados al encarcelamiento de sus familiares.

El estudio BID ¨Las mujeres invisibles: Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres¨ (Perez Correa, Catalina, 2015) caracterizó a los visitantes de 11 Centros de Readaptación Social del Distrito Federal y el Estado de Morelos en México. A través de 1,261 encuestas aplicadas Tapa estudio carceles y mujeresentre mayo y junio de 2014, el estudio encontró que entre el 75% y el 80% de los visitantes son mujeres y que uno de cada dos entrevistados realiza una visita semanal. Además, que:

  • De los encuestados, el 69.7% de las mujeres trabaja principalmente como empleada doméstica o comerciante, mientras el 82.6% de los hombres es auto-empleado, chofer o taxista.
  • Casi el 50% gana máximo $3200 MXN al mes (aprox. US$ 200).
  • 74% de los entrevistados tiene menos de 10,5 años de escolaridad, que es el promedio nacional.

Además el estudio exploró los costos directos en los que incurren estas familias, encontrando que estas aportan víveres, agua, ropa, medicinas y productos de aseo, pero además asumen pagos informales para realizar la visita, para que llamen al interno(a), para ingresar bienes, etc.

  • 94% de los visitantes llevaban bienes a sus familiares, siendo los más comunes comida (96%), dinero (62%), agua (50%), y productos de higiene personal (49%).
  • 41,5% de los entrevistados afirmó que en esa visita o visitas anteriores le habían pedido dinero para ingresar bienes, principalmente comida.
  • 61,4% de las personas del DF afirmó haber recibido una solicitud de pago de cuota para poder ingresar a la prisión con el color de ropa incorrecto. Usualmente existe un código de colores permitidos y prohibidos para el ingreso a la prisión.
  • De los entrevistados, 75.6% en el DF y 70% en Morelos pagaron por acceder a mesa y sillas durante la visita.
presidioSegundo de una serie de tres posts sobre la crisis en las cárceles de América Latina. El primer post sobre el alcance de la crisis. El tercer post será sobre tipo de rehabilitación carcelaria que funciona. Suscríbase a nuestro blog para no perderse ningún post.

Los familiares también asumen pagos de cuotas, que pueden llegar a los $2,500 MXN (USD 160),  para que lo(a)s interno(a)s tengan un lugar donde dormir, para no ser golpeados por sus pares o castigados por los custodios o para ser o no trasladados a otras áreas del centro penitenciario.

Otros costos económicos de los familiares de los presos incluyen el trasporte para realizar las visitas, los trámites legales y el cuidado y manutención de los hijos de los privados de libertad. Los familiares también han sido afectados indirectamente: el 50% tuvo que conseguir un trabajo adicional, el 42% dejó de trabajar o perdió su trabajo, entre el 40% y 50% dejó de frecuentar amigos y vecinos, y el 40% no puede cuidar de sus hijos y nietos.

Además de los costos económicos, múltiples consecuencias sociales y de salud se desprenden del encarcelamiento de sus familiares. El 34% ha tenido problemas en el trabajo, el 30% con los hijos y el 27% con la familia. El 60% ha tenido problemas de salud, entre los que se destacan problemas psicológicos, ansiedad o depresión (58%), presión alta o baja (37%), diabetes (19%), y colitis o gastritis (16%).

Pero los problemas también afectan a los hijos e hijas de lo(a)s interno(a)s. El 34% de los hijos ha tenido problemas de conducta y problemas en la escuela, el 28% problemas de salud, el 27% de ansiedad, el 16% ha sido discriminado y el 15% ha tenido que trabajar.

Este estudio visibiliza a las familias de las personas privadas de libertad, quienes a pesar de ser ignoradas en muchas fases del proceso penal, terminan asumiendo muchos costos del sistema penitenciario. Para estas familias, en su mayoría integradas por mujeres, el encarcelamiento de sus familiares implica amplios costos, estigmatización y aislamiento de sus comunidades, afectaciones a la salud, todo lo cual aumenta la vulnerabilidad y restringe el bienestar y oportunidades de desarrollo de toda la familia.

El estudio concluye que al poner en mayor situación de vulnerabilidad a las familias, el sistema penitenciario está contribuyendo al aumento de los factores de riesgo de que sus miembros se involucren en crimen y violencia, y terminen en el círculo vicioso del encarcelamiento. Este círculo debe parar.

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Foto crédito: Flickr CC Jose M Rus

Norma Peña
Sobre el autor
Norma Peña es Joven Profesional de la División de Género y Diversidad del BID, en donde trabaja en el diseño e implementación de proyectos de prevención de violencia, empoderamiento económico, y liderazgo de las mujeres. Antes trabajó en el equipo de Seguridad Ciudadana de la División de Capacidad Institucional del Estado y en el Instituto Interamericano de Desarrollo Económico y Social del BID. Durante siente años trabajó en la gestión de planes locales de seguridad ciudadana y gobernabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Norma cuenta con una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, es Especialista en Responsabilidad Social y Desarrollo de la Universidad de los Andes, y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

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