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Desde Panamá, un nuevo modelo de rehabilitación carcelaria para jóvenes

¿Habrá encontrado Panamá un camino para hacerle frente a la crisis carcelaria? Los invitamos a ver este video sobre el modelo de rehabilitación de adolescentes privados de libertad, Pacora, del cual hablaremos más adelante.

La crisis carcelaria que hoy afronta América Latina es producto de la aplicación de normas cada vez más punitivas y de la introducción de políticas de “mano dura” antes que resocializadoras. Esto tiene a los sistemas penales haciendo agua por todos lados. En las dos últimas décadas se duplicaron las tasas de encierro. Las tasas de  población privada de libertad  alcanzaron promedios de hasta 244 por cada 100.000 habitantes,  mientras que la tasa promedio mundial se mantiene en 140 casos. Eso equivale a 195 personas encarceladas por cada 100 cupos disponibles, superando con creces la barrera de “sobrepoblación crítica” de 120 por cada 100 cupos, establecida por la Unión Europea y otras entidades.

Las prisiones se encuentran en una grave situación de deterioro y abandono, dificultando la rehabilitación y reinserción. Esto se agrava por la lentitud de los sistemas judiciales que mantienen en prisión preventiva a alrededor del 40%, y en algunos países a más del 60% de los detenidos.

Estas condiciones son igualmente críticas en el sistema penitenciario juvenil, especialmente en Centroamérica, en donde la tasa de menores de edad privados de libertad alcanza un promedio de 35,2 casos por cien mil adolescentes y jóvenes menores de 18 años, el triple de la tasa promedio europea (11,2) y casi el doble la tasa promedio mundial de 19,8 según la UNODC, esto, como resultado de la aplicación de reformas legislativas que introdujeron nuevas normas de persecución a la pertenencia a pandillas, el consumo de drogas y la persecución a la “criminalidad de subsistencia”.

Según datos del Consejo Regional Penitenciario, y de investigaciones realizadas por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), alrededor del 8% de los privados de libertad en la región son menores de 18 años, provenientes de estratos económicos marginales, con edad promedio de 16,4 años, con retraso escolar promedio de entre 3 y 5 años, y muchos (49%) provenientes de hogares monoparentales, en general con jefatura materna. Un alto porcentaje vivía con otras personas que no son parte de su núcleo familiar. Esto representa una mayor vulnerabilidad no sólo en el proceso penal,  – pues se verifica un aumento de la utilización de las medidas privativas de libertad cuando los padres o responsables no acompañan el proceso judicial, sino el proceso mismo de rehabilitación.

Para atender esta situación varios de los países de la región han avanzado relativamente rápido en la puesta en marcha de legislaciones adecuadas a la Convención de los Derechos del Niño, CDN, y de otras normas básicas internacionales de justicia juvenil y de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, impulsando enfoques garantistas, cuyo contenido clave es generar condiciones para un proceso pedagógico que ayude a educar al adolescente para la plena integración a la vida social y productiva, y le enseñe, al mismo tiempo el respeto a la ley y las normas de ciudadanía activa.

Por ejemplo, Panamá fue uno de los países que, superando graves situaciones en sus centros penales juveniles, ha ido construyendo un Modelo Integral de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. Desarrollando la Ley 40 de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para Adolescentes,  y después de varias reformas sucesivas, desde el 2006 las autoridades decidieron encarar el desafío de crear una efectiva rehabilitación de adolescentes privados de libertad en los seis centros para el cumplimiento de penas para menores  que han infringido la Ley, en donde la edad de responsabilidad penal es de 12 años.

Como en el resto de los países de la región el denominador común de la vida de estos jóvenes ha sido la carencia afectiva y de recurso económico, la desintegración familiar, los altos niveles de violencias y consumos indebidos al interior de sus hogares. Se calcula que en Panamá, el 32% de los jóvenes menores de 30 años no estudian ni trabajan, cifra superior al  promedio latinoamericano (21%); En 2011 existía un 75% de re-entradas al sistema penal por parte de jóvenes infractores.

El Modelo Pacora

Desde el 2006, con el apoyo técnico y financiamiento del BID, se implementó un Modelo Integral para la Rehabilitación de Adolescentes Privados de Libertad, construyendo una moderna infraestructura de rehabilitación plenamente ajustada a la normativa internacional en la relación espacio-ocupación y en todo el dispositivo estructural para el desarrollo de programas de inserción social del joven infractor. Este modelo entró en funcionamiento en febrero del 2013.

El Modelo desarrollado por los profesionales de Panamá, a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios,  es un Sistema de atención integral progresivo, desarrollado por fases y ejes de intervención que se complementan con programas educativos y de atención socio-psicológica, talleres de habilidades para la vida y formación para el trabajo, de desarrollo artístico y pensamiento creativo.

El fin último del Modelo es la plena inclusión de los adolescentes y jóvenes infractores a la comunidad. Para lograrlo se hace un plan de atención personalizado, a fin de promover el desarrollo individual y social del joven. Conforme se van cumpliendo las metas, se va avanzando  hacia la siguiente fase y por consiguiente en el cumplimiento de su sentencia. Actualmente beneficia al 28% de la población de jóvenes privados de libertad en todo el país.

Asimismo, una de sus características más sobresalientes es la búsqueda de la recuperación social y reinserción  de los jóvenes a través del arte como la pintura, la música y las artes plásticas. Mediante su enseñanza sistemática, el Modelo Pacora promueve el desarrollo integral de la personalidad del menor privado de libertad, y el afinamiento positivo de sus capacidades de creatividad, percepción y sensibilidad estética, trabajo en equipo, atención, análisis y  síntesis, autodisciplina y autoconfianza. Como resultado de este esfuerzo, varios jóvenes privados de libertad han producido obras de arte que ya empiezan a ser difundidas ampliamente. Hace apenas unas semanas se realizó con éxito la primera subasta pública que generó, más allá de retribución económica,  – que la hubo -, una gran retribución motivacional y emocional a los niños privados de libertad y a sus familias.

Este  Modelo de Resocialización de Jóvenes Privados de Libertad Recluidos en el Centro de Cumplimiento de Pacora se desarrolló como uno de los componentes del Programa de Seguridad Integral para Panamá – PROSI- , financiado por el BID en una primera fase, y hoy por la Unión Europea en una segunda fase. Hoy por hoy, el modelo se ha consolidado como la experiencia más sobresaliente de toda América Latina en este campo. Hace dos meses Naciones Unidas la identificó “como experiencia referente replicable en otros contextos regionales”.

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Andrés Restrepo
Sobre el autor
Andrés es Especialista Líder en Seguridad Ciudadana, en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. El es experto en Metodologías de Negociación y Resolución de Conflictos. Ha ocupado importantes cargos en el sector público de Colombia. También  se ha desempeñado como docente y catedrático de las universidades Externado, Javeriana, Central, el Rosario y Católica de Bogotá. Actualmente se desempeña como Especialista Líder en Seguridad Ciudadana, Sector de Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un doctorado de la Universidad Lomonósov de Moscú, una maestría de la Universidade de Voronez, y un diplomado en Derechos Humanos y Derecho
Lina Marmolejo
Sobre el autor
Lina Marmolejo es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Administración Pública del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Actualmente, se desempeña como especialista en seguridad ciudadana en la División de Capacidad Institucional del Estado y cuenta con amplia experiencia en gestión de proyectos de prevención de la violencia. Antes de vincularse al Banco, Lina trabajó como especialista en temas relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de modernización de la administración pública, en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Karelia Villa
Sobre el autor
Karelia Villa es Máster en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington y Lic. En Economía del Instituto Tecnológico y De Estudios Superiores de Monterrey, México. Desde el 2001 ha colaborado con el equipo de seguridad Ciudadana del BID, donde actualmente se desempeña como Especialista Senior en Modernización del Estado.

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