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Qué ha funcionado para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres

¿Qué ha funcionado para prevenir y responder a la Violencia Contra las Mujeres? La importancia de contar con políticas basadas en evidencia

December 13, 2023 by Norma Peña - Denisse Wolfenzon - María José Martínez Deja un comentario


El crimen y la violencia afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. 

  •  Una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida.
  • La tasa de homicidio de mujeres en la región es de 4,17 por cada 100.000 mujeres, más del doble de la tasa global de 2 por cada 100.000 mujeres.
  • De estos homicidios, el 40% son cometidos por la pareja íntima o miembros de la familia.
  • Las mujeres y niñas constituyen la mayoría de las víctimas de trata de personas (83% en Centroamérica y el Caribe, y 63% en Sudamérica).
  • Nueve de cada diez mujeres en la región han experimentado u observado violencia en línea.  
  • En su calidad de defensoras del medioambiente, las mujeres también son objeto de violencia (se registran 1.698 actos de violencia contra mujeres defensoras en 2016-2019 en México y Centroamérica).

La Plataforma Evidencias en Seguridad y Justicia del BID cuenta con un eje sobre prevención de violencia contra las mujeres, que incluye iniciativas dirigidas a mitigar los factores de riesgo y a potenciar los factores protectores a nivel individual, relacional, comunitario y social. Este eje cuenta con 127 casos evaluados y 17 tipos de soluciones, que incluyen programas cuyos estudios han pasado por revisiones sistemáticas o metaanálisis y catalogados por su nivel de eficacia (efectivo, prometedor, mixto, nulo o negativo).

En el marco del lanzamiento de la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, el equipo de Seguridad y Justicia en la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, organizó un Ciclo Formativo de evidencias en Seguridad y Justicia conformado por 7 webinars, cada uno basado en un eje de la Plataforma de Evidencias. Durante estos encuentros, personas expertas y hacedoras de política pública en materia de seguridad y justicia en la región, profundizaron en iniciativas innovadoras que se están implementando en la región, y prioridades para la generación de conocimiento para la generación de evidencias científicas sobre el grado de efectividad de las intervenciones en la materia.

Norma Peña, Especialista Senior Sectorial, conversó con tres personas expertas para conocer experiencias que han incorporado evidencia en los programas seguridad y justicia, identificar los principales retos y aciertos al evaluar programas de violencia contra las mujeres y tener un panorama de las principales brechas de conocimiento en el tema en América Latina y el Caribe.

  • Angelina Ferreira, Comisario General, Directora Nacional de Políticas de Género, Ministerio del Interior, Uruguay.  
  • Zaida Gabriela Gatti, Directora Nacional de Políticas de Género, Ministerio de Seguridad, Argentina.  
  • Andrew Morrison, Experto Internacional en Violencia contra las Mujeres, Investigador Afiliado al Instituto de Estudios Peruanos.  

1. ¿Por qué el uso de evidencia empírica es particularmente importante en la formulación de políticas y programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres?  

Andrew Morrison (A.M.): En la región se ha dado una atención insuficiente a la prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Si se quiere revertir esta situación, es esencial poder justificar la efectividad es estas intervenciones. Para esto, es necesario demostrar con cálculos sencillos, pero contundentes, que las inversiones en prevención de violencia contra las mujeres son socialmente rentables y efectivas. La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia del BID es una gran contribución. A esta, sumo dos fuentes para aumentar la disponibilidad de conocimiento en el tema: la plataforma What Works to Prevent Violence Against Women and Girls del Reino Unido, que presenta  evaluaciones de Asia, África y el Medio Oriente; y la Plataforma Prevention Collaborative, que consolida evidencia en 12 áreas de prevención provenientes de todo el mundo.  

2. ¿En qué consiste y cómo se ha aplicado el Programa H y M para prevenir la violencia basada en género y promover el bienestar adolescente en Uruguay?  

Comisario General Angelina Ferreira (A.F.): La Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI) del Uruguay, en colaboración con el BID, está implementando el Programa H y M, que se centra en formar referentes locales, técnicos y operadores sociales, quienes luego aplicarán la metodología en talleres grupales y socioeducativos. Dirigido a adolescentes entre 12 y 18 años en instituciones educativas, aborda temas como estereotipos de género, masculinidades, diversidad y manifestaciones de la violencia basada en género. En junio de 2022, se capacitó a facilitadores en dos barrios de Montevideo en contexto crítico de seguridad, incluyendo a personal de la Policía del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), docentes y referentes barriales. En septiembre, se implementó la metodología en dos centros educacionales de la misma zona.

Los resultados destacan la positiva percepción de la necesidad de abordar estos temas con jóvenes y la efectividad de la participación de actores externos. Para ampliar el proyecto, se planea formar referentes policiales a nivel nacional. La prevención y erradicación de la violencia basada en género requieren un enfoque interinstitucional integral y coordinado. 

3. ¿En qué consiste y cómo funciona el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) en Argentina? 

Zaida Gatti (Z.G.): URGE se inspira en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) español, adaptado a Argentina. Es un sistema unificado para la recepción de denuncias, desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que colabora con las fuerzas de seguridad federales y se centra en la intervención de delitos de carácter federal, como la trata de personas y el narcotráfico.

Dado que la violencia de género no se considera un delito federal, en URGE se ha creado un formulario de denuncia para que todas las dependencias policiales del país cuenten con una guía común. El propósito es evitar la revictimización, establecer estándares comunes y, a través de distintas preguntas, permitir al sistema identificar distintos tipos de violencia.

Este enfoque busca desmontar patrones socioculturales patriarcales arraigados en las fuerzas policiales, el poder judicial y el ministerio público. Para lograrlo, es fundamental visibilizar diversas formas de violencia de género más allá de la violencia física. Todas las fuerzas policiales de las provincias se han capacitado en el uso del sistema. El objetivo final del sistema es proporcionar medidas preventivas y de protección inmediata a la víctima, establecer medidas cautelares en situaciones donde no haya un riesgo inminente, y recopilar estadísticas unificadas que permitan desarrollar políticas públicas efectivas para toda la Argentina. 

4. ¿Cómo funcionó, durante la pandemia, el monitoreo electrónico para el control de medidas de alejamiento en casos de violencia doméstica en Uruguay?  

A.F.: Dentro de las políticas públicas que desarrolla el Ministerio del Interior se encuentra el programa de monitoreo electrónico para personas perpetradoras de violencia doméstica y de género. Utilizando dispositivos conocidos como “tobilleras”, que son dispuestos por orden judicial y con el consentimiento de la víctima, se logra un control eficaz para prevenir el acercamiento a la víctima.

Esta herramienta permite que, a pesar de la vulnerabilidad, la víctima pueda llevar a cabo sus actividades personales y laborales con la mayor normalidad posible, facilitando procesos de reparación y empoderamiento.

El programa, integral y multidisciplinario, involucra a la policía en el monitoreo, al poder judicial en la orden de ingreso al programa y al InMujeres en la atención psicosocial. Ante la emergencia del Covid-19, el MI aumentó los dispositivos de monitoreo de 1200 a 1700. A pesar de la crisis, el monitoreo continuó las 24 horas, cumpliendo las disposiciones judiciales y respondiendo a requerimientos de información del poder judicial, gracias al compromiso del funcionariado policial. Estas acciones han permitido mantener el programa sin tener que lamentar situaciones de feminicidios por parte de los ofensores. 

5. ¿En qué consiste la herramienta de valoración de riesgo de violencia basada en género que se desarrollará en Uruguay? 

A.F.: En Uruguay el delito de violencia doméstica y de género es el segundo delito más denunciado después del hurto. La plataforma informática Sistema de Gestión de Seguridad Pública del MI permite registrar los hechos de intervención policial, incluyendo denuncias. Desde 2014, se implementa un formulario adjunto para recoger información sobre la presunta víctima, el agresor y el hecho denunciado en casos de violencia doméstica y de género. Un proyecto con apoyo del BID busca mejorar esta plataforma, incorporando un sistema de valoración de riesgo para optimizar la respuesta policial, fortalecer los datos, identificar y alertar casos críticos y prevenir feminicidios. Además, se enfoca en registrar niños, niñas y adolescentes en el entorno de violencia. El sistema también permitirá valorar casos con medidas cautelares vigentes, en especial aquellos dentro del programa de monitoreo electrónico y generará datos estadísticos de calidad para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.  

6. ¿Qué experiencias se resaltan sobre iniciativas que involucran a hombres y niños en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas? 

A.M.: Algunos sectores cuestionan la inversión estatal en programas para rehabilitar agresores sin evidencia sólida de su efectividad. Se plantea la preocupación de si estos programas refuerzan la percepción de que la violencia es un problema menor, centrando la atención en los agresores en lugar de las mujeres afectadas.

En mi opinión, prevenir la violencia implica modificar las conductas masculinas, lo que requiere trabajar con hombres. No obstante, en ese caso estamos en una obligación ética de invertir en programas eficaces. Para esto hay tres principios que deben guiar las acciones con hombres.

Primero, invertir muy temprano en el ciclo de vida, ya que cambiar actitudes y comportamientos en niños y jóvenes es más factible. Por ejemplo, existe abundante evidencia sobre la efectividad de programas de prevención de violencia en parejas jóvenes, incluso en la región. Segundo, trabajar con hombres adultos que han ejercido violencia severa generalmente no es efectivo, excepto los programas con brazaletes de monitoreo electrónico. Una revisión sistemática de la Colaboración Campbell concluyó que los programas que obligan a hombres condenados por la justicia a reflexionar sobre sus actitudes y comportamientos no reducen la violencia de pareja. Tercero, es esencial involucrar a hombres y mujeres, así como jóvenes, en la prevención. Las normas sociales que frecuentemente respaldan la violencia contra las mujeres suelen ser aceptadas por ambos sexos y hay que involucrar a ambos en su modificación. Programas como Paso a Paso, disponible en México y países de Centroamérica, demuestran eficacia al capacitar a hombres y mujeres por separado y juntos para mejorar las relaciones de pareja. En resumen, la violencia contra las mujeres concierne a todos y todas. 

7. ¿Cómo se realiza la valoración de riesgo con la herramienta URGE y cuál es la respuesta de los actores del sistema de seguridad y justicia?    

Z.G.: Esta herramienta incluye preguntas con indicadores para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima, calificándolo como bajo, medio, alto, altísimo o con letalidad inminente. Entre los indicadores se encuentran: la presencia de armas de fuego, o amenazas con armas de fuego, de estrangulamiento, de prender fuego a las víctimas, etc.

Cuando se identifica una situación de letalidad inminente, esta información se transmite inmediatamente al órgano judicial correspondiente para tomar medidas rápidas y eficaces. El propósito fundamental del sistema URGE es la prevención de feminicidios. Además, el Ministerio de Justicia de la Nación cuenta con un “dispositivo dual” de pulseras electrónicas que alertan a la víctima si el agresor viola la distancia permitida entre ellos. 

8. ¿Cuáles son las principales brechas de conocimiento sobre la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe?

A.M.: Existen dos grandes brechas de conocimiento en el área de prevención de la violencia contra las mujeres en la región. Por un lado, la escasez de evaluaciones rigurosas sugiere la necesidad de establecer un programa similar a “What Works”, adaptado para abordar las necesidades específicas de la región. Por otro lado, las evaluaciones rigurosas a nivel mundial tienden a enfocarse en programas de alcance limitado. El desafío consiste en pasar a programas efectivos a escala.

En Perú, se implementa “Hablemos entre Patas“, un programa virtual sobre masculinidades, que busca reducir costos y llegar a más hombres. Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el BID, la Universidad Duke, el Comité Internacional de Rescate e Innovaciones para la Acción contra la Pobreza, está en la fase final de evaluación para determinar su efectividad y potencial para expandir el trabajo con los hombres. 

Para más información, te invitamos a visitar la Plataforma Evidencias en Seguridad y Justicia del BID y, en particular, el eje sobre prevención de violencia contra las mujeres. También, puedes ver la grabación completa de la conversación aquí.  


Archivado Bajo:Clínica Seguridad Ciudadana, Evidencias en Seguridad y Justicia, Violencia de género Etiquetado con:seguridad ciudadana

Norma Peña

Norma Peña es Especialista Senior Sectorial del equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, en donde trabaja en prevención de la violencia contra las mujeres, reinserción de mujeres privadas de libertad, liderazgo de las mujeres en el sector y cierre de brechas de género y diversidad en los servicios ciudadanos. Anteriormente se desempeñó como Asesora de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento y del Departamento de Instituciones para el Desarrollo. También trabajó en la División de Género y Diversidad y en el Departamento de Conocimiento y Aprendizaje. Antes de ingresar al BID, Norma trabajó en el diseño y gestión de planes locales de seguridad ciudadana en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Norma cuenta con una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York (NYU), es Especialista en Responsabilidad Social y Desarrollo de la Universidad de los Andes, y Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Denisse Wolfenzon

Denisse Wolfenzon es consultora del equipo de Seguridad y Justicia del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y está especializada en incorporar temas de género y diversidad en las operaciones. Antes de ingresar al BID, Denisse trabajó como Especialista en Género y Salud en la división de Equidad, Género y Diversidad Cultural en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Denisse también trabajó en la división de Género del Banco Mundial, así como, en organizaciones de la sociedad civil en EEUU y en Perú. Denisse posee un título en Economía por la Universidad de Lima (Perú), una maestría en Relaciones Internacionales por Columbia University (Nueva York, EEUU) y otra maestría en Igualdad de Género en el Desarrollo por la Universitat Central de Catalunya (Barcelona, España).

María José Martínez

María José Martínez es especialista sectorial de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde donde apoya el diseño e implementación de iniciativas que promueven la igualdad de género y la inclusión de grupos de población diversos en el Caribe. Previamente, trabajó en la transversalización de género y diversidad en la División de Innovación para Servir al Ciudadano. Antes de ingresar al BID, trabajó en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, liderando proyectos de cooperación internacional y regional para América Latina y el Caribe en género y derechos humanos. También apoyó la formulación de políticas públicas y la investigación de casos de discriminación basada en género y contra grupos de población diversos en organismos gubernamentales en Nueva York. María José es chilena, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, y recibió una Columbia Law School Public Interest and Government LL.M. Fellowship.

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